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Desde que el dictador Daniel Ortega retornó al poder el 10 de enero de 2007 se preocupó por armar una estructura que le permitiera ejercer control social, ante la baja simpatía con la que llegó al poder —apenas el 38 por ciento de los votos en las elecciones generales de noviembre de 2006—. Esa estructura, conformada por «secretarios políticos», recibió el nombre de Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
Esa estructura no se ha mantenido estática y ha mutado, pasando por los Comités de Liderazgo Sandinista (CLS) hasta convertirse en las «Unidades de Victoria Electoral» (UVE) a partir de 2021. Sus transformaciones han dependido en gran medida de los contextos electorales del país.
Este aparato, que ha cambiado a lo largo de las dos últimas décadas, provoca que nueve de cada diez nicaragüenses se sientan vigilados por la dictadura, especialmente por los CLS, según una encuesta de la organización Hagamos Democracia.
Y aunque la estructura ha mutado, en la actualidad existe confusión, pues en algunas ocasiones la dictadura se refiere a ella como Unidades de Victoria, mientras que en ciertos territorios se mantiene la terminología de «CLS». El régimen usa “Unidades de Victoria” como narrativa oficial, pero en las comunidades muchos militantes y pobladores conservan el término “CLS” por costumbre o porque así se les sigue conociendo.
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Creación de los CPC
El 5 de diciembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia, ya bajo el control de los sandinistas, declaró inconstitucional la Ley 630, una reforma que pretendía limitar al Poder Ejecutivo para evitar la creación de los CPC, aunque dejó claro que estos no podían asumir roles de funcionarios públicos ni recibir salarios del Estado.
Por esta razón, mediante el Decreto Ejecutivo 114-2007, aprobado el 6 de diciembre de 2007, Ortega creó los CPC para tener presencia en comunidades, comarcas, barrios, distritos, municipios, departamentos, regiones autónomas y a nivel nacional.
Al mismo tiempo se creó el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano con 272 representantes (16 sectores en 17 territorios), presidido por Ortega y con participación de ministros, entes autónomos, Policía y otros que el Ejecutivo determinara.
Sin embargo, el estudio Consejos del Poder Ciudadano y gestión pública en Nicaragua, publicado en 2009, determinó que hasta esa fecha su integración efectiva fue limitada y estimó que solo entre el 4.6 y el 6.9 por ciento de la población estaba vinculada, muy por debajo de la meta inicial del 25 por ciento. Además, el 81 por ciento de los integrantes pertenecía a la base sandinista, pese a que se concibió como una estructura que no debía responder únicamente a la ideología partidaria.
Clientelismo
El informe advirtió desde un inicio que los CPC carecían de pluralismo político y que poco a poco se convirtieron en un instrumento más de la dictadura. No obstante, a esta estructura se le otorgó la facultad de contribuir en la distribución de programas sociales como «Hambre Cero» y «Usura Cero», lo que alimentaba las sospechas de ser un instrumento de propaganda.
«En ese contexto, necesitaba una fuente de información para actuar de manera más selectiva. A partir de 2007 comenzó a fluir el dinero venezolano y con él proyectos como Hambre Cero, Usura Cero y otros programas “para el pueblo”. Ese dinero lo utilizó como clientelismo político para consolidar su base social y asegurar su control», expresó el sociólogo Oscar René Vargas.
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Bajo el control de Rosario Murillo
La estructura paraestatal que institucionalizó el sandinismo siempre estuvo bajo el mando de Rosario Murillo. El 10 de enero de 2007, el mismo día en que Ortega asumió el poder, el sandinismo creó el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, designando a Rosario Murillo como su dirigente. Esto refuerza la tesis de que la sucesión dinástica comenzó ese mismo día.
A través de este Consejo, se le otorgó la facultad de coordinar la organización de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano en todos los niveles.
Es decir, aunque los CPC se presentaban como órganos de participación ciudadana, el estudio documenta que su conducción estaba directamente bajo Rosario Murillo, en su rol de coordinadora del Consejo y de la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía.
«Ortega empezó a organizarse desde 2007 sin pausa. Los partidos tradicionales se activan en enero del año electoral para preparar los comicios de noviembre; Ortega, en cambio, mantuvo una estructura continua», consideró Vargas, quien recordó que en la década de 1980 el sandinismo también contaba con una estructura similar, denominada «Comités de Defensa Sandinista» (CDS), bajo la dirección de la comandante Leticia Herrera.
Transición a los CLS
Aunque los CPC nacieron bajo decretos presidenciales, los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) surgieron en 2011 a partir de la estructura anterior, como un ajuste político y organizativo. Esta figura, que apareció en pleno contexto de las elecciones generales de ese año —en las que Ortega se reeligió de forma ilegítima—, asumió un rol más partidario y propagandístico.
Es decir, esa estructura paraestatal se transformó en órganos internos del FSLN con funciones de movilización y control político, incluso dentro de instituciones del Estado.
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«En ese año, el mecanismo adquirió un carácter más gubernamental y se convirtió en un instrumento electoral», señaló Vargas.
Los CLS jugaron un rol importante durante la crisis sociopolítica de abril de 2018. En ese año, esas estructuras se reconfiguraron en redes de inteligencia, informantes y control territorial que combinaron a cuadros del FSLN, Juventud Sandinista y paramilitares.
De los CLS a las UVE
En noviembre de 2020, en el marco del fraude electoral, se fortaleció el papel de los informantes barriales como parte del aparato de represión selectiva, lo que dio paso a la transición hacia las Unidades de Victoria Electoral (UVE), enfocadas en el control del voto y la vigilancia comunitaria. En ese mes, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció esta estructura de cara a los comicios del año siguiente.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sitúa la creación de las UVE en 2012, durante las elecciones municipales, integradas principalmente por secretarios políticos del FSLN para la movilización electoral y el ejercicio de presión sobre la población para que votara.
Obligan a afiliarse
Entre 2012 y 2021, el protagonismo lo tuvieron los CLS. Pero en el año electoral de 2021, se renombraron como «Unidades de Victoria» y desde entonces pasaron a ser una red permanente de vigilancia comunitaria, supervisando actividades locales, identificando a opositores y acosándolos, según el GHREN.
«En 2021 la situación cambió, porque ya tenían asegurado el control de las instituciones. Entonces el énfasis pasó al espionaje. Eso no significa que antes no lo hicieran, pero en esa etapa el espionaje era secundario; lo principal era asegurar la base social, porque Ortega sabía que las elecciones de 2006 no le habían dado suficiente respaldo para enfrentar los siguientes comicios», dijo Vargas.
Según el GHREN, las UVE se establecieron dentro de todas las instituciones públicas, dirigidas por secretarios políticos de confianza de Ortega y Murillo. Desde 2023, estos obligaron a los funcionarios a afiliarse al partido y llenar fichas de militancia para garantizar lealtad y control, incluso recolectando información sobre familiares.
