El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de la Organización de las Naciones Unidas (GHREN), evidenció cómo, a raíz de las protestas que estallaron en abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo construyó un complejo sistema de vigilancia para perseguir a opositores y mantener el control, incluso dentro del mismo aparato de la dictadura.
En esta red de vigilancia, el GHREN confirmó la participación del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Ministerio del Interior (Mint), Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de la Juventud (Minjuve), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y las alcaldías.
El informe señala que la Policía tiene al menos dos unidades de inteligencia y espionaje que no están reguladas por la ley, que son utilizadas para perseguir a opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y críticos del régimen.
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El pasado 3 de abril, el GHREN presentó un nuevo informe en el que detalló 54 nombres de funcionarios responsables de cometer graves crímenes a raíz de las protestas de abril de 2018.
Una estrategia de Wendy Morales
Según el GHREN, de cara a las confiscaciones, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo asigna a la procuradora general de la República, Wendy Morales, la tarea de organizar visitas casa a casa y en escuelas para distribuir las cartillas que el régimen reparte sobre diversos temas y que han sido ampliamente cuestionadas por su carga política a favor del oficialismo.
Estas cartillas, elaboradas por una comisión conformada por el Minsa, Mined, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y el Minjuve, bajo la coordinación de la PGR, “son un pretexto para hacer las visitas casa a casa para recabar información”, señala el informe.
“Las visitas se efectúan con personas que conforman esas instituciones, miembros de la Juventud Sandinista y secretarios políticos. Estas personas poseen una lista de las denominadas ‘personas de interés’, elaborada por Fidel Antonio Moreno Briones, lista que se comparte con la Procuradora y cuyo objetivo es saber quiénes viven en la casa y a nombre de quién está la propiedad”, señala el GHREN.
Si la vivienda está a nombre de una persona de interés, se interviene más adelante la propiedad sin mediar procedimiento previsto en la ley ni indemnización alguna.
El rol de la Policía
La Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial de la Policía Nacional desempeña un papel clave en la gestión de información e inteligencia. Bajo su estructura operan diversas direcciones especializadas, entre ellas: Dirección de Inteligencia Policial, Dirección de Investigaciones Económicas, Dirección de Antinarcóticos, Dirección de Auxilio Judicial, Dirección de Contrainteligencia y la Dirección de Laboratorio y Criminalística.
El informe señala que desde 2018 estas dependencias han sido utilizadas para recopilar información sobre personas opositoras o consideradas como tales, con el objetivo de vigilarlas, detenerlas y construir causas judiciales en su contra, en coordinación con el Ministerio Público y el poder judicial.
También expone que Marenco Corea y su sucesor, Zhukov Serrano, coordinaron el Centro de Información e Inteligencia Policial (CIIP), un órgano no contemplado en la ley, creado antes de 2018, que recibía información de las diferentes especialidades de la Policía. Según el informe, a opositores se les asignaban vigilantes desde esta dependencia para conocer su paradero en todo momento.
La “oficina H”
El informe comprobó la existencia de una segunda unidad conocida como “Departamento Técnico Operativo” o “H”, que no está regulado por la ley y que opera de forma clandestina para vigilar, dar seguimiento a opositores, filmar de forma secreta, realizar intervenciones telefónicas y registros secretos de casas, entre otros.
“Se ha informado que este Departamento funciona bajo fachada de empresas de servicios de telefonía, agua potable, gas, energía eléctrica, mensajería, casas de seguros, fumigación o ventas ambulantes de comida, servicios de limpieza, entre otros. Para llevar a cabo sus operaciones, se ha informado que el Departamento alquila propiedades temporales”, señala el GHREN.
Además, el informe indica que esta oficina detuvo arbitrariamente a opositores que fueron conducidos a casas clandestinas, donde fueron interrogados y torturados.
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El control de las alcaldías y el FSLN
En el caso de las alcaldías, estas cuentan con centros de cómputos instalados en cada una, donde se procesa información sobre los ciudadanos. Esta capacidad se amplió tras las elecciones municipales de noviembre de 2022, cuando el régimen Ortega-Murillo asignó todas las alcaldías del país al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de la dictadura.
El GHREN expone que dentro del Frente Sandinista, los secretarios políticos son las figuras principales en relación con amenazas, vigilancia y control de personas opositoras o percibidas como tales, así como de sus familiares. Estos actores identifican a funcionarios públicos y ciudadanos a investigar, lo que garantiza que la vigilancia se extienda a todos los niveles, desde el Gobierno central hasta las alcaldías y otros sectores civiles y privados.
Estructuras paralelas de espionaje
El GHREN señala que, tras la llegada de Daniel Ortega al poder en 2007, este creó estructuras de inteligencia paralelas dirigidas por el asesor presidencial de seguridad e inteligencia, Néstor Moncada Lau.
El informe documenta que, a partir de 2018, estas estructuras se subordinaron a una organización de inteligencia orientada a identificar personas opositoras, determinar su geolocalización, vigilarlas, hostigarlas y detenerlas.
Este equipo era coordinado por Néstor Moncada Lau, junto con Adolfo Joel Marenco Corea, de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, y Luis Roberto Cañas Novoa, viceministro del Ministerio de Gobernación (actualmente Ministerio del Interior), entre otros. Todos ellos trabajaban bajo las órdenes directas del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo. Estas estructuras reflejan la orden emitida por Murillo a la Policía Nacional en abril de 2023, según la cual “no tenía que haber una mosca volando sin que ella se diera cuenta”.
Además, el informe señala que desde 2018 comenzó a operar el Comité de Inteligencia Nacional, como una estructura inorgánica en la que concurrían representantes de instituciones de seguridad como Ejército, Policía, Ministerio del Interior, Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre otros.
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El rol de Telcor
El informe expone que Telcor y su directora general desde 2019, Nahima Janett Díaz, hija del jefe de la Policía, Francisco Díaz, fueron responsables de la interceptación de comunicaciones.
El GHREN señala que fuentes relataron que la Policía podía obtener intervenciones de las telecomunicaciones sin necesidad de una orden judicial, incluso antes de 2018, desde la sede de Telcor. Durante y después del estallido social de 2018, se fortaleció el equipo de trabajo ubicado en Telcor y en la Casa de los Pueblos (antes Casa Presidencial), al tiempo que se instaló otro equipo en el sector de El Carmen, donde se colocaron equipos tecnológicos y personal para controlar y filtrar información de redes sociales, llamadas y videollamadas.
Según el GHREN, desde antes de 2018 el régimen presionó a una empresa de telecomunicaciones para que cediera líneas de teléfonos móviles al Gobierno para su uso, las cuales fueron posteriormente asignadas a trabajadores del Estado y miembros del FSLN, lo que permitió al régimen ejercer mayor control sobre las comunicaciones de sus funcionarios.
