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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un informe de actualización que presentó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reveló el modus operandi de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la imposición de restricciones de ingreso al país contra quienes considera opositores, disidentes o una “amenaza” contra su régimen.
Los expertos denunciaron que dicho patrón de prohibiciones de ingreso al país inició desde 2021, pero se consolidó con más fuerza después de la expulsión masiva, en febrero de 2023, de los 222 prisioneros políticos, que el orteguismo desterró en un vuelo directo a Estados Unidos.
El documento del GHREN revela que desde 2021 hasta marzo de 2023, un total de 259 personas —128 hombres y 131 mujeres— han sido impedidas de ingresar a Nicaragua. Sin embargo, advierten que la cantidad de víctimas de ese patrón podría ser mayor, ya que muchos “temen denunciar sus casos por temor a represalias contra las familias que quedaron en el país y sus bienes”.
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“La prohibición de ingreso de nicaragüenses a su propio país ha sido una de las estrategias criminales realizadas por el Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo para eliminar sistemáticamente del panorama político y cívico nicaragüense a buena parte de la oposición política, a personas defensoras de los derechos humanos, a periodistas críticos del Gobierno, y a todas otras personas que han considerado una amenaza a su control de Estado”, señalaron los expertos del GHREN en su informe presentado a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Modus operandi
El Grupo de Expertos identificó en estos casos un modus operandi en la prohibición de ingreso de nacionales por vía aérea o terrestre, detallando que en este juega un rol fundamental las listas de pasajeros —con intención de ingresar a Nicaragua— que deben enviar con antelación “las aerolíneas o empresas de autobuses” a la Dirección General de Migración y Extranjería.
“Las autoridades de la Dirección General utilizan esas listas para buscar en un sistema que se actualiza con regularidad, si existe información proveniente de las entidades que hacen parte de la red de inteligencia nacional, alertando sobre personas que pudieran ser una amenaza al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional», señala el GHREN en su documento.
Además, refiere que en estos casos, en las fechas previas al viaje de regreso, «la aerolínea o la empresa de autobuses establece contacto con la persona a través de un correo electrónico, mensaje de WhatsApp o por medio de una llamada telefónica y le informa que tiene prohibida la entrada a Nicaragua, sin darle mayor explicación, sino informándole que se comunique con las autoridades nicaragüenses o que acuda al consulado más cercano”.
La investigación apunta que en algunos casos las víctimas se han enterado de la prohibición hasta que se presentan en las ventanillas de las aerolíneas, «previo a un vuelo y listas para embarcar, luego de no haber logrado registrarse en línea (hacer su check-in digital)”.
También han documentado casos en los que las víctimas de restricción de ingreso logran llegar a territorio nicaragüense y son expulsadas inmediatamente, llevados a la frontera terrestre por funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería y la Policía.
Viceministro de Interior encargado de firmar la orden
El Grupo de Expertos detalló que para la ejecución de ese patrón de restricciones de ingresos a Nicaragua el régimen orteguista opera a través de la coordinación «entre el Ministerio del Interior, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la Policía Nacional y Telcor, en respuesta a órdenes de la vicepresidenta (Rosario Murillo)».
«El Viceministro del Ministerio del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, solicita información a Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de organización nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre determinada persona que quiere entrar al país. Moreno y su equipo de trabajo, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia de la Policía y de Telcor, elaboran un perfil de la persona y le entrega la información al viceministro del Interior, quien decide si la persona ingresa o no en el país», detalla la investigación de los expertos de la ONU.
Además, señala que la información que se reúne sobre las víctimas de estas restricciones es «ingresada a un sistema interno de la Dirección General de Migración y Extranjería, donde se consolida la información de cada persona considerada una amenaza potencial para el Gobierno».
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Los expertos remarcan en su investigación que la Dirección General de Migración y Extranjería «ha prohibido el ingreso de nacionales a Nicaragua por órdenes del viceministro del Ministerio del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa», quien responde a las órdenes de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Grupo de Expertos aseguró que «tuvo acceso a un documento del sistema de migración de la Dirección General de Migración y Extranjería, en donde se establece la prohibición de entrada a una persona. Por columnas se muestra entre otros la foto de la persona, los nombres y apellidos (si hay varios homónimos se incluyen allí), el número de identificación, la fecha de nacimiento, el género, el lugar de nacimiento, el estado migratorio, el tipo de registro y la similitud».
El expediente de cada víctima de dichas restricciones, según la investigación del GHREN, también incluye varias pestañas con datos biométricos, direcciones, vínculos, historial de publicaciones, datos de trámite que muestran detalles sobre identificador, un código de especie de control de caso, donde además se le ubica como «persona circulada», si es un caso «activo» y la entidad que ordenó su registro.
Familiares de excarcelados políticos entre las principales víctimas
La investigación del GHREN detalla que las personas víctimas de las prohibiciones de ingreso comparten como rasgo en común ser “consideradas opositoras, ya sea de manera real o percibida” o una supuesta “amenaza para la soberanía del Estado o un riesgo social”, por lo que, denunciaron, en todos casos “existen elementos de discriminación por motivos políticos contra estas personas”.
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“Las víctimas son en su mayoría familiares de personas expulsadas o privadas arbitrariamente de su nacionalidad, periodistas y comunicadores, sacerdotes, académicos, abogados, personas defensoras de los derechos humanos y miembros del sector empresarial, entre otros”, denunciaron los defensores de derechos humanos.
Los tres principales grupos de personas nicaragüenses a las que se les ha prohibido el ingreso al país, según el GHREN, son familiares de víctimas, incluidos familiares de los más de 450 expulsados y apátridas; miembros de iglesias católicas y de otras denominaciones cristianas, y periodistas o comunicadores sociales.
Todos los nicaragüenses que han sido víctimas de restricciones de ingreso a su propio país, a quienes se les han violentado sus derechos humanos y libertades, según los expertos de la ONU, se les puede considerar «apátridas de facto, al encontrarse en una situación equiparable a la apatridia».
