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“Myriam”, seudónimo de una nicaragüense a la que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le negó la entrada al país, había salido hace unos meses para tomarse unas vacaciones en Costa Rica.
Cuando quiso tomar un bus de regreso, en la terminal de transporte le dijeron que, antes de viajar, debía llenar un formulario de la Embajada de Nicaragua en San José, para lo cual le dieron un “link” o enlace.
Al abrirlo, Myriam quedó confusa porque había varios puntos que no podía llenar, pues el formulario a todas luces estaba hecho para extranjeros.
Se dirigió entonces a la embajada nicaragüense para hacer las consultas. Le ratificaron que el documento efectivamente era para extranjeros, pero que debía regresar a la terminal para que le brindaran explicaciones.
“Al día siguiente, regresé a la estación y me confirmaron que no podían subirme al bus porque habían recibido un mensaje de las autoridades de Migración nicaragüense de no dejarme viajar ya que tenía impedimento de entrada al país”, explica Myriam.
En ese momento, la primera pregunta que se le vino a la mente fue: “¿Y ahora qué voy a hacer?” Ella no tenía planeado vivir fuera de Nicaragua.

Lulio Salvador Marenco, un abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, comenta que casos como el de Myriam vienen ocurriendo en Nicaragua desde el año 2021, pues desde entonces la dictadura Ortega Murillo ha estado negando la entrada a algunos nicaragüenses, especialmente a opositores y a familiares de excarcelados políticos.
Sin embargo, en este mes de enero de 2025, ese tipo de casos han aumentado, algo que coincide con que ya no se garantiza la libre movilidad de los nicaragüenses para salir o entrar al país en la Constitución Política, que, con las reformas que ordenó Ortega en noviembre pasado, está convertida en un “panfleto de Constitución”, indica Marenco.
El Colectivo ha documentado, entre denuncias recibidas y casos que se han hecho públicos, al menos 150 nicaragüenses a los que se les ha negado la entrada al país en los últimos seis meses, afirma Marenco. Solo en enero de este año se recibieron cinco denuncias.
Otros reportes hablan de al menos 200 y, el especialista en temas migratorios en Estados Unidos, Ronmel López, manifiesta que los casos son muchos más, pero las víctimas no denuncian o no exponen su situación “para no perder sus cosas en Nicaragua”.
Señalamientos de “traición”
Rupert Allen Clair Duncan, un líder territorial en el Caribe nicaragüense, salió en septiembre de 2023 para Costa Rica, para presenciar una reunión sobre la conservación de la flora, la fauna y los recursos marítimos, financiada por la India y a la que asistieron activistas ambientales de Centroamérica y México.
Cuando iba saliendo por Peñas Blancas, las autoridades de la dictadura Ortega Murillo lo detuvieron durante tres horas sin que le explicaran el motivo. Hasta lo hicieron perder el bus en el que viajaba. Le retuvieron el pasaporte y lo interrogaron sobre a qué iba al vecino país del sur y quién lo estaba invitando.
Tras preguntarle qué día iba a regresar, lo dejaron ir diciéndole que no tenía ningún problema.
El 1 de octubre, cuando regresaba, antes de que el bus en que viajaba llegara a la oficina de Migración, los funcionarios nicaragüenses lo bajaron.
“Me pidieron mis documentos y me preguntaron sobre la reunión, que con quién me había reunido. Yo preguntaba cuál era el problema, pero ellos solo me empezaron a llamar traidor. No sé de qué están hablando, les decía yo”, recuerda Clair Duncan.

Los funcionarios de la dictadura le ordenaron que esperara y que no estuviera hablando mucho por teléfono, para, horas después informarle que acababan de recibir la orden de no dejarlo entrar.
“Devuélvase por donde vino, me dijeron. Yo les empecé a decir que no, que yo soy nicaragüense y que nadie me iba a correr de mi país. Agarré mi maleta y ya iba entrando, cuando me agarraron y me dijeron: ´Usted no va a volver a entrar a Nicaragua´”, afirma el afectado.
Por último, los funcionarios del régimen le dijeron: “Hay dos opciones, o se va por donde vino y que ellos (autoridades costarricenses) busquen qué hacer con usted, o llamo a esos policías que están ahí y entra a Nicaragua, pero preso. Esas son las órdenes que hay”.
Clair Duncan todavía se atrevió a responder: “No me importa, llame a la Policía, yo no he hecho nada”. Sin embargo, cuando vio que los policías iban por él, dio la vuelta y desde entonces está desterrado.
“Sentí como que el mundo se me venía encima. No tenía dinero y tampoco estaba listo para ir a vivir a otro país. Todavía no lo supero”, comenta.
Un mes sin saber qué hacer
Siguiendo con el caso de Myriam, ella recuerda que en la terminal no le dieron ninguna explicación del porqué ella no podía entrar a Nicaragua, siendo nicaragüense.
Sin embargo, sí logró enterarse que un día antes en esa misma terminal les habían informado a otros nueve nicaragüenses que estaban impedidos de entrar a Nicaragua y por tanto no podían abordar los buses.

“Me dijeron que no intentara viajar porque a esos otros, que aun sabiendo de la orden habían intentado hacerlo, se quedaron solos en la frontera, en donde se les hizo difícil el retorno”, explica Myriam.
«Me sentí en shock, perdida en el universo. Como si te jalaran una alfombra de debajo de los pies y quedás en el aire sin saber qué hacer. O, como cuando te dan un golpe en el estómago y te sacan todo el aire. Te sentís desamparada, dolida, confundida. Quedé atontada como un mes sin saber por dónde empezar. Le doy gracias a quienes me acogieron y a su compañía, su asesoramiento y su apoyo, porque sólo así pude funcionar e iniciar trámites de refugio”, finalizó diciendo la perjudicada.
Temor para denunciar
La mayoría de los nicaragüenses a los que se les ha negado la entrada al país tienen mucho temor para exponer sus casos, debido a que en Nicaragua tienen todo: familia, casas, vehículos, cuentas bancarias y otros bienes.
“Si te doy entrevista, ellos (dictadura) sacan conclusiones de quién es el que puede estar hablando”, explica a la Revista DOMINGO un nicaragüense que fue impedido de entrar al país en este mes de enero.
“Me gustaría hablarte, pero no puedo. Ni siquiera anónimo. Allá (Nicaragua) tengo a familiares a los que no me gustaría perjudicar”, explica otro afectado en este mes de enero pasado.
Sin embargo, se ha logrado confirmar casos de distintos tipos de personas a las que se les han negado la entrada al país, incluidas algunas que nunca se han inmiscuido en política y otras que su único “pecado” es ser familiar de algún excarcelado político, como el caso de la mamá de Christian Fajardo, a quien en octubre de 2024 le negaron la entrada cuando regresaba de visitar a su hijo, desterrado en Estados Unidos en febrero de 2023.

A una joven piloto, Anielka Espino, ocotaleana, dedicada a su negocio de productos naturales y también a pilotar helicópteros en Miami, Florida, le negaron la entrada al país, informaron diversos medios.
Se han visto afectadas expresentadoras de televisión y artistas, como Valeria Sánchez y Odalhya Fernández. También empresarios como Martha Silva, Georgina Álvarez, Lucía Chamorro Favilli, Donald McGregor, Carlos Stadthagen, entre otros.
A otra joven que se había ido a Estados Unidos con parole, Heylin Chavarría, también le negaron la entrada. “Me acaban de negar la entrada a Nicaragua y no ando metida en política”, escribió Chavarría poco después de que una aerolínea le dio la mala noticia.
A los nicaragüenses que intenten regresar a Nicaragua, el especialista en temas migratorios Ronmel López les recomienda que compren boletos “con garantía”, es decir, que les van a devolver el dinero en caso de que no sean admitidos en el país.
Apatridia masiva
El abogado Lulio Marenco explica que la negación de entrar al país por parte de la dictadura Ortega Murillo es una “masificación de la apatridia de facto”, porque el régimen les desconoce a los nicaragüenses la nacionalidad y le niega derechos a través del Ministerio del Interior (Mint), además de que inmovilizan los bienes y también les niegan documentos a los afectados, como pasaportes, títulos o partidas de nacimiento.
Según Marenco, no dejar entrar al país a las personas es solo una de las tres formas con que el régimen está dejando apátridas a miles de nicaragüenses. Las otras dos son el destierro y la negación de documentos en los consulados.
“Esas decisiones vienen de las más altas jerarquías de la dictadura y tienen un impacto en la sociedad nicaragüense”, indica Marenco, quien agrega que la apatridia es una de las “peores violaciones” de derechos humanos que existen y, en el caso de Nicaragua, “es una expresión de la represión transnacional”.
La dictadura Ortega Murillo, concluye el jurista, está realizando acciones porque no tiene capacidad para encarcelar a más personas, no puede controlar a todos los nicaragüenses que denuncian sus atropellos o que no están de acuerdo con los mismos, pero, principalmente porque es “un régimen débil”.
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