La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que la crisis provocada por la minería ilegal en Crucitas está estrechamente vinculada con estructuras del crimen organizado y anunció una reforma a la legislación migratoria para enfrentar el ingreso reiterado de personas relacionadas con estas actividades ilícitas.
A través de un mensaje difundido en un video de la Presidencia de la República y enviado a medios de comunicación, la mandataria explicó que durante una reunión de seguridad se analizó la situación que enfrenta la zona norte del país, donde la extracción ilegal de oro continúa generando daños ambientales, económicos y de seguridad.
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“Abordamos ampliamente la problemática de Crucitas. Dentro de los problemas tenemos el ingreso ilegal de personas nicaragüenses y de otras nacionalidades al territorio nacional, donde tenemos casos de personas detenidas y deportadas hasta 70 veces, donde identificamos que se hace necesaria una reforma a la ley de migración”, afirmó Fernández.
La presidenta reveló que instruyó al director de Migración y Extranjería para preparar una iniciativa legal que será incorporada a los proyectos de seguridad que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa.
“Tenemos reportes de personas que ingresan hasta 70 veces ilegalmente al país y que están ligadas con el crimen organizado y problemáticas de Crucitas”, sostuvo.
Reforma migratoria
Según explicó Fernández, la reforma busca cerrar vacíos legales que permiten que personas expulsadas o deportadas regresen repetidamente al territorio costarricense.
“Esa reforma estará lista muy pronto y será presentada como parte de los paquetes de seguridad ante la Asamblea Legislativa”, indicó.
Fernández también informó que incorporó al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, al equipo de Fuerza Élite encargado de coordinar acciones contra el crimen organizado.
“Celebro que haya participado tan activamente en la reunión de trabajo y también estoy optimista de que los diferentes temas que abordamos en equipo sean resueltos con prontitud en beneficio de la seguridad nacional”, manifestó.
La presidenta añadió que el combate contra las redes criminales debe comenzar desde las propias instituciones públicas. Además, dijo que combatirá la corrupción y la infiltración criminal.
Diputados costarricenses en Crucitas
Semanas atrás, Fernández invitó a decenas de diputados costarricenses a recorrer Crucitas con el objetivo de que observen directamente la magnitud del problema generado por la extracción ilegal de oro.
“Ustedes ya saben que yo no voy a consentir que se sigan robando el oro de Crucitas. Invité a los 57 diputados a ir conmigo a una visita a territorio el próximo 19 de junio, donde quiero que vayan a caminar la zona y que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí con el desastre ambiental, económico, de seguridad y que solo daño le ocasiona a la zona norte del país”, declaró en aquella ocasión.
La explotación ilegal de oro en Crucitas se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad para Costa Rica, debido a la presencia de grupos organizados que operan en una extensa zona fronteriza con Nicaragua y que han sido vinculados a delitos como tráfico de personas, contrabando y lavado de dinero.
Coordinación binacional sin resultados
En un intento por contener estas actividades, el pasado 28 de febrero Costa Rica y Nicaragua acordaron ejecutar operaciones policiales combinadas a ambos lados de la frontera para combatir la minería ilegal y otros delitos transnacionales en la zona limítrofe.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, informó entonces que las delegaciones de ambos países se reunirían cada dos meses para evaluar avances y fortalecer la coordinación operativa.
El siguiente encuentro fue programado para el 24 de abril en Peñas Blancas, del lado costarricense, aunque posteriormente no trascendieron detalles públicos sobre la realización de tal reunión.
Solo unos días antes, el ministro señaló ante el Parlamento tico que empresas chinas que operan “del otro lado del Río San Juan”, en territorio nicaragüense, compran sacos de sedimento —de los que luego extraen oro— que es robado a Costa Rica.
Durante aquel acercamiento bilateral, el canciller costarricense, André Tinoco, destacó la importancia de mantener la cooperación entre ambos países pese a reconocer diferencias políticas.
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“Independientemente de las diferencias políticas o de política exterior que existan entre los países, existe una buena coordinación para evitar que los problemas escalen a niveles superiores”, afirmó el funcionario.
