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La cacería de militares en retiro del extinto Ejército Popular Sandinista se habría gestado desde la Dirección de Información para la Defensa (DID), órgano de espionaje del Ejército de Nicaragua, según relató un oficial en retiro que logró escapar antes de que lo detuvieran en Matagalpa en mayo pasado.
De acuerdo con la fuente, desde 2018 muchos oficiales retirados y algunos veteranos aún en servicio entablaron comunicaciones mediante aplicaciones de mensajería encriptada, con el propósito inicial de organizarse ante un eventual cambio de régimen, pues varios consideraron que la dictadura de Daniel Ortega podía desplomarse.
Tras el aplastamiento de las protestas y el incremento de la represión y la persecución, los militares retirados conservaron cierto nivel de contacto, aunque con menor frecuencia, y comentaron de forma informal aspectos de la nueva situación política del país.
“Muchos de los comentarios eran tonterías, intercambiamos fotos viejas, anécdotas sobre caídos en la guerra de los ochenta, lugares que fueron escenarios de combate que ahora ya no existen o están despoblados, cosas así”, relató a LA PRENSA el veterano y ahora exiliado militar retirado.
La rebelión de González
Aseguró que las conversaciones recobraron un tono más crítico en 2024, cuando el militar retirado Eddy Moisés González Valdivia se enfrentó a balazos con la Policía tras el secuestro y destierro de su hermana, la periodista Nohelia González.
“Ese caso, la brutalidad con que trataron al mayor en retiro González, provocó profunda molestia en la oficialidad que había servido al Frente Sandinista y algunos colegas nos pronunciamos, condenando el hecho”, afirmó.
A partir de ese incidente, los comentarios negativos y los cuestionamientos al alto mando del Ejército se multiplicaron, con críticas dirigidas al comandante en jefe, general del Ejército Julio César Avilés Castillo.
“Muchos compañeros comentaban entre ellos que Avilés traicionó la institucionalidad y se arrodilló sin dignidad ante Daniel (Ortega) y Rosario (Murillo), y que se había convertido en otro dictador al aceptar con servilismo ser nombrado por seis años más hasta cumplir 21 años de mando desde 2010, negando la oportunidad de ascenso a otros oficiales más jóvenes y mejor preparados”, relató el militar retirado desde el exilio.
Según su versión, el general Álvaro Baltodano, ahora condenado a 20 años de cárcel, no siempre opinaba, respondía o reaccionaba a los mensajes, porque consideraba que resultaba riesgoso comentar esas cosas aunque fuera a modo de “chismes”.
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¿Castigado por no delatar?
“Al general Baltodano no lo capturan por conspirar u organizar traiciones, sino porque conoció y escuchó ese tipo de comentarios y críticas y no los reportó a la DID; es decir, lo castigaron por no delatar”, sostuvo el militar retirado.
En su relato, un oficial de los ahora encarcelados intentó, a título personal, formar un grupo de militares retirados para “analizar la situación del país” y “actuar con firmeza para impedir el control de los Ortega Murillo sobre el Ejército”. La fuente declinó identificar al militar que propuso la creación del grupo.
Sin embargo, cuando el oficial en retiro contactó a uno de los militares activos de confianza, amigo de años y excompañero de combate, este lo denunció ante la DID y el alto mando notificó a la Comisión de Inteligencia Nacional (CIN).
Según esta versión, la DID no actuó de inmediato, sino que comenzó a investigar minuciosamente quiénes participaban en la presunta conspiración y les dio seguimiento activo hasta que obtuvieron información precisa y entonces cayeron primero sobre el general Baltodano, convencidos de que era el principal instigador.
A Baltodano lo arrestaron agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), quienes el 14 de mayo de 2025 irrumpieron de madrugada en su vivienda de la finca Los Milagros, en la comarca El Guapotal, municipio de El Tuma-La Dalia, Matagalpa, y lo trasladaron de inmediato al Complejo Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa, Managua.
El caso de Rivas Reed
“Al incautar sus equipos de comunicación y teléfonos, descubrieron que había más oficiales en retiro que participaban en los comentarios y ordenaron de inmediato sus capturas”, relató.
En su caso, contó que mantuvo comunicación durante meses con Aníbal Martín Rivas Reed, uno de los más críticos, a quien advirtió que tuviera cuidado porque sus propios excompañeros de armas podían tenderle una trampa.
A Rivas Reed, de 61 años y capitán en retiro, lo apresaron el 17 de mayo en Matagalpa y lo condenaron a 50 años de prisión por “traición a la patria”, delito formulado por la dictadura Ortega Murillo desde 2021.
Rivas Reed, tío de la exrea política Tamara Dávila Rivas, “fue procesado en un juicio arbitrario y condenado a 50 años de prisión”, denunciaron familiares y amigos del militar retirado en un comunicado publicado en X.
“50 años de cárcel por ‘traición a la patria’, esa misma patria que ellos ultrajan, saquean, violentan y expulsan”, expresó en esa red social la hija del militar retirado, Sadie Rivas.
Los allegados a Rivas Reed conocieron la sentencia al confirmar el viernes su paradero en una prisión que no detallaron en el comunicado.
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Redadas de exmiembros del Ejército
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió medidas cautelares a Rivas Reed el viernes 27 de junio, por considerar que “afronta una situación de gravedad y urgencia”.
La resolución de la CIDH indicó que familiares del militar señalaron que un “oficial” de la Policía en Matagalpa les informó que, después de la detención, lo trasladaron a una prisión en Managua.
“Nos alarma profundamente que (Rivas Reed) se encuentre bajo confinamiento solitario, recluido en una celda pequeña, completamente cerrada y en aislamiento total, sin posibilidad de hablar ni salir al sol”, añadió la familia.
“Denunciamos que el aislamiento prolongado constituye una forma cruel, inhumana y degradante de castigo, equiparable a la tortura, según estándares internacionales”, insistieron.
En mayo pasado, el régimen de Ortega y Murillo ejecutó redadas simultáneas en Matagalpa y Jinotega los días 17 y 18 de mayo, que dejaron al menos 18 detenidos sin orden judicial.
También capturaron al teniente coronel en retiro Ronald Leiva Silva, conocido como “Paul”, quien ejerció como jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DIP) del Ejército en Matagalpa durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Asimismo, detuvieron a su conductor, Denis Chavarría Vidaurre.
Rodaron cabezas grandes del Ejército
Se reportó igualmente la recaptura del general en retiro Francisco Orlando Talavera Siles, hermano del exrector de la Universidad Nacional de Agronomía (UNA) y expresidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera. El general en retiro Talavera Siles ya había estado preso en 2024.
Además, este militar retirado refirió la captura de José Peralta Jarquín, jefe activo de la Dirección de Información para la Defensa (DID) en Matagalpa del Ejército de Nicaragua, a finales de mayo.
La información disponible apunta a que el militar José Peralta Jarquín mantenía un vínculo de amistad con el general en retiro Álvaro Baltodano. Uno de sus conductores escoltas, Jacobo, también quedó bajo arresto. Leiva Silva, abogado y contador, había trabajado con el general Álvaro Baltodano.
“En el caso de Rivas Reed, los unía un nexo de amistad con el general Álvaro Baltodano, ya que trabajaron juntos. Les revisaron los teléfonos y comprobaron que estaban entrelazados”, aseguró la fuente.
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La mano de Murillo
La purga entre militares se intensificó desde julio de 2024. Por esas fechas trascendió que el general de brigada Rigoberto Balladares Sandoval, quien ejerció por 14 años como jefe nacional de la DID, fue destituido por órdenes directas de Murillo.
La orden de Murillo llegó a través del general Julio César Avilés, jefe del Ejército, y este la ejecutó mediante los canales institucionales de la Comandancia del Ejército: en junio le impusieron una suspensión temporal y una investigación; un mes después lo separaron definitivamente del cargo.
Tras el retiro y el proceso de investigación a Rigoberto Balladares, nombraron como sustituto al coronel Álvaro Peña Núñez, quien se desempeñaba como segundo jefe de la DID. Como titular de la DID, el general Balladares representaba a las Fuerzas Armadas en la Comisión de Inteligencia Nacional (CIN), que integran la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
