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La crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua desde las protestas sociales de 2018 sigue agudizándose y los derechos laborales no han escapado a ella. Según el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Nicaragua, correspondiente a 2024, los derechos laborales más afectados son: libertad de asociación, negociación colectiva y derecho a huelga.
Aunque la dictadura Ortega Murillo lleva años violándolos, el año pasado registraron un grave deterioro mientras los responsables siguen sin recibir castigo. Además Estados Unidos reveló por primera vez cómo el régimen utiliza a los sindicatos sandinistas para reprimir y acosar a los trabajadores, que no quieren alinearse a estas organizaciones y buscan afiliarse a otras independientes.
El informe del Departamento de Estado dedicó un apartado a la libertad de asociación y negociación colectiva. En este explica que aunque el marco legal nicaragüense sólo le prohíbe a policías y militares que formen y se afilien a sindicatos sin autorización previa, negocien convenios colectivos y realicen huelgas, el año pasado todos los trabajadores perdieron ese derecho.
También señala que según la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las organizaciones independientes de trabajadores y empleadores, vivieron en un clima de intimidación y acoso.
Cabe recordar que la dictadura Ortega Murillo desmanteló el tejido empresarial del país y a la fecha no existen organizaciones empresariales, y en el caso de los sindicatos aunque aún existen algunos independientes, son anulados por las grandes agrupaciones controladas por el oficialismo.
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Empresarios sin derechos para organizarse
En el caso del tendido empresarial, su anulación comenzó en diciembre de 2021, cuando eliminaron al Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme); en febrero de 2023 le cancelaron la personalidad jurídica a la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y en marzo de se mismo año al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y a todas las cámaras empresariales que lo integraban.
En los meses siguientes el régimen siguió cancelando todas las asociaciones y cámaras departamentales y municipales de grandes, medianos y pequeños productores y comerciantes. Y en agosto de 2024 cerró las de tendencia sandinista, entre ellas la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), fundada en los años 80; la Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía (Conapi), y la Asociación de Promoción al Desarrollo y la Sostenibilidad de Nicaragua (Aprodesni), que fundaron en 2019 empresarios sandinistas con la intención de ocupar el lugar del Cosep.
En su informe el Departamento de Estado también afirma que «el control gubernamental de los principales sindicatos anuló en la práctica el derecho de los trabajadores a afiliarse a sindicatos independientes de su elección» y que el Frente Sandinista utilizó su control sobre los principales sindicatos para acosar e intimidar a los trabajadores tanto públicos como privados, entre ellos los del sector construcción, educación, salud, zonas francas, entre otros.
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Oficialismo domina los sindicatos
En la práctica la eliminación del derecho a afiliarse a sindicatos independientes y el control sobre las organizaciones de trabajadores, así como el derecho a la huelga que la Constitución, con algunas restricciones contemplaba, queda en evidencia con la insólita realidad de que en Nicaragua —desde el 2007 cuando Daniel Ortega retomó el poder— quedaron en el olvido las huelgas y los paros, que entre 1990 y 2006, cuando los sandinistas lideraban la oposición, mantuvieron al país en constantes crisis.
Según el reporte, en empresas pequeñas donde no existían sindicatos, crearon organizaciones afines al oficialismo para contrarrestar los intentos de organizar huelgas y otras acciones laborales.
Una de las principales organizaciones de trabajadores del país, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), que aglutina a los principales sindicatos de empleados públicos, entre ellos la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) y la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), entre otros, es dirigido desde hace varias décadas por el diputado oficialista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Mientras tanto, en el sector construcción el control lo ejerce la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), que pertenece al FNT y funciona bajo el eterno mando de Luis Barbosa; mientras en las empresas de zona franca este sector está en manos de la Central Sandinista de Trabajadores (CST).
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Sindicatos no defienden derechos de trabajadores
El control gubernamental sobre estas organizaciones es tan férreo que en noviembre de 2023 el diputado Porras promovió una reforma que le arrebató a los empleados públicos el derecho a recibir una indemnización similar a la que obtienen los del sector privado.
Esta norma regía desde 1944 y ordenaba que los trabajadores del sector público, después de seis años de trabajo, recibieran una indemnización equivalente a cinco salarios. Desde que aprobaron la reforma, los funcionarios públicos tienen que trabajar más de veinte años para recibir esos cinco salarios cuando renuncian, pero los que salen por despido no reciben indemnización.
Otro violación que señala el informe es que antes de la crisis los convenios colectivos, que otorgan beneficios a los trabajadores, se aprobaban cada dos años y en el sector zona franca cada cinco años, y cuando no ameritaban cambios se renovaban automáticamente. Incluso, en las empresas donde existían varios sindicatos se podían firmar convenios colectivos por separado para cada sindicato. Pero el año pasado no se respectó la libertad de asociación ni el derecho a la negociación colectiva.
El Mitrab impone multas arbitrarias
En el informe el Departamento de Estado asegura que, con frecuencia el régimen intervino en asuntos laborales por motivos políticos.
«Por ejemplo, suspendió un sindicato y arrestó a su líder para interrogarlo porque planeaba una conferencia que habría incluido a asistentes de una organización laboral internacional», dice el informe y añade que el régimen aplica arbitrariamente las leyes, ya que el marco legal no establecía multas específicas para las infracciones laborales, pero funcionarios del Ministerio del Trabajo (Mitrab) impusieron discrecionalmente sanciones «proporcionales a las de otras leyes que implicaban la negación de derechos civiles, como la discriminación».
También, según el informe, hubo despidos por motivos políticos. «Presuntamente, se exigió la afiliación al partido FSLN o cartas de recomendación de secretarios del partido, coordinadores de gabinete familiar u otros funcionarios del partido a quienes buscaban empleos en el sector público o conservar su empleo en dicho sector».
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Violan derechos con impunidad
Además, «los observadores notaron una sensación de impunidad cuando los empleadores o sindicatos alineados con el partido gobernante interferían en el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores y cometían otras violaciones relacionadas con la libertad de asociación y la negociación colectiva. Los líderes sindicales señalaron que los empleadores violaban rutinariamente los convenios colectivos y las leyes laborales con impunidad», expone el informe.
También acusa a las federaciones sindicales afines al régimen, de proteger los intereses de los empleadores al identificar y aislar a los trabajadores que intentaban organizar sindicatos independientes; mientras el régimen, mediante demoras arbitrarias de los procesos, obstaculizaba intentos de formar sindicatos independientes.
Aunque no aclara si se refiere a empresarios afines al régimen, el informe dice que algunos empleadores incluyen en listas negras o despiden a sindicalistas; y muchos de estos casos no llegaron a los tribunales ni obtuvieron un proceso de mediación liberado por el Ministerio del Trabajo.
Incluso, el documento asegura que algunos empleadores evitaron sanciones organizando sindicatos dirigidos por ellos mismos, utilizaron a trabajadores contratados para reemplazar a empleados en huelga y dedujeron de los salarios de sus trabajadores, los aportes para el partido Frente Sandinista. Mientras tanto, en el sector público los trabajadores denunciaron que los obligaron a recibir «entrenamiento con armas, supuestamente para defender al país de otro intento de golpe de Estado».
