Análisis sobre las posibles vías de transición política en Nicaragua

1. La salida negociada o “suave”. Conviene realizar una breve memoria histórica del diálogo nacional de 2018. Tras las masacres ocurridas en abril y mayo de ese año, el régimen sandinista se encontraba en una situación de debilidad política y social significativa. En ese contexto se abrió un diálogo nacional que, sin embargo, se transformó en un espacio improductivo.

Dos errores estructurales marcaron aquel proceso. El primero consistió en conceptualizarlo no como una mesa de negociación, sino como un espacio de “rendición”. El segundo fue permitir que las legítimas emociones y el dolor de los jóvenes determinaran el rumbo de las conversaciones, cuando la vía viable era eminentemente política. Si bien el sufrimiento de las víctimas y de las madres es innegable, la primacía de la carga emocional sobre la estrategia política privó al país de una oportunidad histórica. Como consecuencia, ocho años después, una población de aproximadamente seis millones de personas permanece sometida a un régimen de secuestro, tortura psicológica, física y jurídica, mientras otra parte significativa se encuentra en el exilio.

2. La oposición en el exilio. Recientemente, diversos grupos y alianzas políticas en el exilio se han presentado como opositores y han formulado una propuesta de transición. En ella se comprometen a no postular candidatos en las próximas elecciones y esbozan un esquema que recuerda, en ciertos aspectos, a la Junta de Gobierno de 1979 previa a la caída de la dictadura somocista. No obstante, el contexto histórico actual es sustancialmente distinto.

En 1979 se partía de una revolución armada que había derrotado militarmente al régimen anterior; la Guardia Nacional somocista se hallaba en gran parte dispersa, detenida o rendida, y el poder había sido tomado por las armas. En la actualidad, en cambio, se pretende que el Ejército, la Policía —instituciones sometidas durante décadas a un proceso de desinstitucionalización— y los grupos paramilitares (compuestos por combatientes históricos y retirados del Ejército Popular Sandinista, entre otros) acepten de manera pacífica un cambio de autoridad y garanticen la estabilidad política y social.

Dada la mística histórica y la cultura de confrontación armada arraigada en el pensamiento sandinista, resulta improbable que dichas fuerzas acepten voluntariamente una transición de este tipo. Aunque es posible que sectores del Ejército, motivados por intereses económicos o por el descontento de mandos medios, pudieran contemplar alguna forma de acomodamiento, la Policía y, con mayor razón, los grupos paramilitares presentan un panorama mucho más adverso.

En el mejor de los escenarios, el resultado sería un país marcado por huelgas, protestas y tentativas de desestabilización, con el consiguiente agravamiento de la pobreza, la inestabilidad económica y social, y la ausencia de inversión. Se reproduciría, en peores condiciones, la experiencia del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, pero sin la figura de liderazgo mínimo que ella representó en aquel periodo.

3. El escenario de intervención al estilo venezolano. Este es el escenario que resulta menos deseable desde una perspectiva personal, pero que debe examinarse con realismo. Antes de desarrollar el análisis, es necesario precisar dos puntos.

En primer lugar, el autor de estas líneas no es sandinista, nunca lo ha sido y no lo será; la dictadura actual es tan sandinista como la de la década de 1980, y las distinciones que intentan establecerse bajo la fórmula “Ortega-Murillo” responden, en muchos casos, a conflictos internos por el control del poder.

En segundo lugar, lo que se expone a continuación no se formula con agrado, sino por la convicción de que el pueblo nicaragüense requiere un diagnóstico realista y no la perpetuación de expectativas ilusorias.

Si Estados Unidos interviniera en la situación política de Nicaragua y procediera a la extracción de los titulares del poder, de manera análoga a lo ocurrido con Nicolás Maduro en Venezuela, sería imprescindible el cumplimiento previo de ciertos requisitos diplomáticos, algunos de los cuales ya se encuentran en curso.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque limitada por su carácter fundamentalmente diplomático y por la ausencia de mecanismos de coacción efectivos frente a un régimen que no responde a la vía del diálogo, constituye un paso necesario. Una declaración formal de desconocimiento del gobierno sandinista facilitaría que las acusaciones internacionales por delitos de lesa humanidad, narcotráfico y trata de personas pudieran materializarse en acciones concretas de captura.

En ese escenario, el orden legal de sucesión apuntaría al presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, Gustavo Porras carece del capital político y de la capacidad de contención sobre el poder militar necesarios para garantizar la estabilidad.

Dentro de las filas sandinistas existe dos figuras con el perfil adecuado para liderar una transición: se tratan de un excomandante, miembro del directorio nacional en la década de 1980, quien en la etapa actual ha mantenido un perfil empresarial y económico relevante, lo que le ha permitido preservar vínculos con el capital nacional. Su arraigo histórico dentro del sandinismo le otorgaría la posibilidad de ejercer control sobre el aparato paramilitar y de servir de puente con el sector privado. Me refiero a Bayardo Arce.

El otro también es un combatiente histórico y fue general del Ejercito cuando aún había institucionalidad en el cuerpo castrense y fungió en la parte ejecutiva. Este personaje es Omar Halleslevens.

Uno de los dos de manera análoga pudiera ser nuestra Delcy Rodríguez, podrían conducir un proceso de transición de aproximadamente dos años, preservar el control de las fuerzas armadas históricas, articular con el empresariado y, bajo orientación de Estados Unidos, iniciar el desmantelamiento del poder sandinista. Esta vía reduciría el riesgo de anarquía política, social y militar.

Conclusión. El escenario descrito aparece, en la actualidad, como la única vía realista que permitiría, a mediano plazo, para que “Nicaragua vuelva a ser República”, con un proyecto de futuro, y respeto a la memoria de los estudiantes, jóvenes y líderes —entre ellos PJChC— que entregaron su vida en la lucha por un país libre de dictadura.

El autor es secretario nacional de organización del Partido Conservador. Exiliado.