El excarcelado político nicaragüense, Juan Sebastián Chamorro, denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra los efectos devastadores de la apatridia impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En su testimonio, brindado durante un taller de especialistas sobre el tema, Chamorro aseguró que, aunque no es académico ni jurista, puede hablar “desde una perspectiva personal” tras haber sido despojado arbitrariamente de su nacionalidad.
“El sufrimiento humano que provoca la apatridia es profundo y prolongado. No se trata sólo de una anomalía jurídica: es un castigo deliberado, dirigido a borrar a las personas de su identidad, su historia y su familia”, refirió.
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Una libertad vacía: la paradoja del destierro
Chamorro fue uno de los 222 presos políticos que el régimen nicaragüense excarceló y expulsó del país el 9 de febrero de 2023. Tras casi dos años de encierro y aislamiento, recibió la noticia de su “excarcelación” el mismo día en que se le notificó que ya no era ciudadano nicaragüense.
“El régimen de Ortega quiso que nuestro primer respiro en libertad estuviera impregnado de dolor. No bastaba con habernos encarcelado y condenado injustamente. El acto final de castigo fue quitarnos legalmente el país”, relató.
Chamorro afirmó que esta acción fue el resultado de una política estatal deliberada, utilizada como arma de represión contra quienes se atreven a disentir. “La nacionalidad no se puede quitar porque no es algo que tengamos; es la esencia social misma de lo que somos”, enfatizó.
«No se trataba sólo de una decisión política. Era profundamente personal. La intención del régimen era que nos sintiéramos borrados, separados de nuestras raíces, cortados de nuestra historia, de nuestra identidad. Querían que sintiéramos que ese día nos habían amputado una parte de nosotros. Y el mensaje era claro: la represión en Nicaragua no termina cuando sales por la puerta de una cárcel. Te sigue, te ensombrece y te recuerda, vayas donde vayas, que has sido marcado. Nada de estos sentimientos han logrado provocar en nosotros», refirió Chamorro.
Según explicó, la privación de la nacionalidad no fue sólo una represalia individual, sino una herramienta represiva empleada de forma sistemática para despojar a los opositores políticos de todos sus derechos fundamentales.
De la protesta al encierro
Durante su intervención, Chamorro recordó que su persecución comenzó en abril de 2018, tras participar en el diálogo nacional promovido por la Iglesia católica, luego de la brutal represión a las protestas sociales contra una reforma al Seguro Social.
En junio de 2021, tras anunciar su intención de postularse a la Presidencia, fue detenido sin orden judicial y mantenido incomunicado durante 89 días. Luego fue condenado a 13 años de prisión por supuesta traición a la patria. La experiencia carcelaria, según dijo, fue “una pesadilla viviente”. Pero incluso al salir, el régimen buscó infligir un castigo final: el destierro y la negación de su nacionalidad.
“Esa sentencia destruyó a mi familia. Mi esposa y mi hija creyeron que no volverían a verme hasta el año 2038”, relató.
Robados y borrados
Además del despojo legal, Chamorro explicó que los 222 desterrados fueron víctimas de confiscaciones arbitrarias de sus propiedades, cuentas bancarias, negocios, ahorros y derechos sociales.
“Nos robaron una vida entera de esfuerzo. Las casas donde nuestros hijos dieron sus primeros pasos, las fincas de nuestros padres, los negocios que construimos con sacrificio… todo nos fue arrebatado a plena luz del día”, denunció.
La violación no se limitó a lo material. También fueron anulados matrimonios, partidas de nacimiento y documentos oficiales. “Nuestros hijos figuran ahora como hijos de un solo progenitor. A algunos incluso les han borrado el apellido. Esto no es sólo una afrenta jurídica, es una herida emocional”, relató.
Las secuelas de la apatridia
Chamorro insistió en que la apatridia no es una condición abstracta, sino una forma concreta de sufrimiento. Para los jóvenes que protestaron y ahora viven en el exilio, muchas veces sin papeles, la realidad es aún más angustiante.
“Los jóvenes han perdido años de estudios y deben empezar de nuevo, si es que alguna universidad los acepta sin expediente académico”, advirtió.
Pero quizás la herida más profunda es la separación de las familias. Muchos de los desterrados no han podido reencontrarse con sus hijos, padres o esposas, porque el régimen les impide salir del país.
“El régimen usa a nuestras familias como rehenes, como castigo por nuestras denuncias en el exterior. En mi caso, fui afortunado. Mi esposa y mi hija ya estaban en Estados Unidos. Pero vi el sufrimiento de compañeros como Róger, que pasó un año sin ver a sus dos hijas pequeñas”, aseveró.
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Recomendaciones frente a la apatridia
En su intervención final, Chamorro planteó la necesidad urgente de elevar la conciencia internacional sobre el marco legal que prohíbe la apatridia, y de exigir que los Estados cumplan con estas obligaciones. También subrayó la importancia de que gobiernos y agencias internacionales coordinen esfuerzos para identificar a las personas afectadas y brindarles soluciones jurídicas y logísticas.
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Destacó que debe mantenerse una labor constante de denuncia, con énfasis en la dimensión humana del problema, mostrando el sufrimiento de las víctimas y de sus familias. Además, señaló que la privación arbitraria de la nacionalidad —al estar amparada en actos jurídicos— puede utilizarse como prueba ante tribunales internacionales para evidenciar violaciones sistemáticas.
Chamorro consideró esencial el apoyo jurídico a las víctimas, que requieren recursos y asesoría especializada para acudir a instancias como la Corte Interamericana o mecanismos universales de derechos humanos. Asimismo, llamó a promover la generación de datos y análisis desde universidades y centros de pensamiento para comprender mejor este fenómeno creciente.
