A siete años del estallido de la crisis sociopolítica, Nicaragua tocó fondo en materia de libertad de prensa. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país ocupa el puesto 172 a nivel global, siendo el peor valorado de toda América Latina, incluso por debajo de Cuba (165). El informe señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó por completo a los medios independientes y persigue a periodistas, a quienes despojó de su nacionalidad o ha forzado al exilio.
RSF señala que desde 2018, la represión contra la prensa escaló hasta convertirse en una política de Estado. Confiscaciones de medios, criminalización del periodismo, cierre de redacciones y vigilancia digital son parte del engranaje represivo.
«La policía invade el hogar de periodistas sin orden judicial, interrogándolos sobre colegas, trabajo actual y trabajos previos en medios independientes. También se revisan los teléfonos móviles y se confiscan dispositivos electrónicos de todos los residentes de la casa. Entonces los periodistas deben presentarse, en persona o por teléfono, a la comisaría. Los pocos periodistas que aún trabajan en el país trabajan con extrema discreción y no firman sus artículos por temor a represalias», señala RSF.
El ecosistema de la libertad de prensa: desierto total
RSF advierte que Nicaragua se convirtió en un “desierto informativo” casi absoluto. La información libre ha sido sustituida por propaganda oficial y contenidos que replican el discurso gubernamental. Muchos periodistas han sido obligados a callar o reinventarse en el extranjero. A la censura directa se suma el borrado de identidades: más de 300 personas, entre ellas periodistas, han sido desnacionalizadas por el régimen.
«El régimen Ortega-Murillo ha erradicado los medios independientes, ha retirado la nacionalidad a numerosos periodistas y ha empujado a centenares al exilio», señala RSF.
Además del control institucional, el informe denuncia que las condiciones para el ejercicio periodístico son inexistentes. No hay acceso a fuentes públicas, la vigilancia es constante y cualquier intento de cuestionamiento puede ser castigado como “traición a la patria”.
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Una crisis que se extiende por el continente
Aunque el caso de Nicaragua es extremo, no es aislado. El informe de RSF revela que el deterioro de la libertad de prensa se ha acelerado en toda América. De los 28 países de la región evaluados, 22 experimentaron retrocesos en su indicador económico, reflejo de la fragilidad estructural de los medios, la concentración de poder informativo y la migración de ingresos hacia plataformas tecnológicas globales.
Estados Unidos, por ejemplo, vive un contexto preocupante tras el regreso de Donald Trump al poder. La hostilidad contra la prensa, el cierre de medios locales y la eliminación de fondos a la Agencia de Medios Globales de EE. UU. han generado una expansión de los “desiertos informativos” y una creciente desconfianza ciudadana hacia el periodismo.
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El autoritarismo como amenaza regional
RSF mencionó que varios gobiernos adoptaron estrategias autoritarias para debilitar la prensa. En Argentina, el presidente Javier Milei ha cerrado medios públicos y usa la publicidad estatal como herramienta de castigo. En Perú, las campañas de desinformación y el acoso judicial han hecho caer al país 53 posiciones desde 2022. El Salvador suma una caída de 61 puestos desde 2020 bajo Nayib Bukele, quien ataca sistemáticamente a los medios críticos.
México, el país más peligroso para ejercer el periodismo, sigue perdiendo terreno, mientras que en Colombia el gobierno mantiene un discurso ambivalente: apoya medios comunitarios, pero ataca a la prensa tradicional. Solo Brasil muestra una mejora clara tras la salida de Jair Bolsonaro.
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Un panorama sombrío para la libertad de prensa en América
El informe de RSF concluye que el periodismo en América está bajo una presión económica, política y social sin precedentes. La concentración de medios, el colapso de los modelos de negocio, la precarización laboral y el avance de los autoritarismos han debilitado gravemente el papel de la prensa como garante del interés público.
«Las consecuencias son graves. La presión financiera lleva a algunos medios de comunicación a ponerse al servicio de intereses políticos o comerciales, mientras que otros, por falta de recursos, se contentan con difundir comunicados oficiales. En entornos hostiles, la autocensura se convierte en un reflejo de supervivencia. A medida que el periodismo pierde su función de informar sobre temas de interés general, la propaganda y la desinformación llenan el vacío, poniendo en peligro la estabilidad democrática», señala RSF.
