La dictadura de Daniel Ortega puso en marcha una nueva fase de la represión para callar a los opositores que están en el exilio, porque aunque estos radican fuera del país, muchos se autocensuran porque sus familiares en Nicaragua viven bajo amenaza y asedio policial.
Varios opositores tienen temor de hablar con los medios de comunicación debido a que los familiares que aún tienen en Nicaragua reciben visitas frecuentes de la Policía o de agentes sandinistas que los amenazan con quitarles su libertad o sus propiedades, si sus familiares en el exterior siguen haciendo publicaciones contra la dictadura orteguista en las redes sociales.
Algunos de los opositores reconocen que debido a esto han optado por autocensurarse y no hablar con los medios de comunicación ni siquiera bajo condición de anonimato.
LA PRENSA también ha confirmado que muchas de las personas a quienes se les ha impedido regresar al país en los últimos meses son familiares de opositores que no se metían en política. Esto confirma la saña de la dictadura de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, contra los familiares de los opositores.
Represión transnacional
El politólogo Félix Maradiaga valoró que «además del recrudecimiento de la represión interna, la dictadura ha entrado en una fase totalitaria que incluye lo que se conoce como represión transnacional: la persecución de críticos y disidentes más allá de las fronteras del país».
«No le basta con imponer un férreo silencio dentro de Nicaragua; ahora busca extender su mordaza a quienes han sido forzados al exilio», dijo Maradiaga, quien también vive en el exilio tras haber sido desterrado con el grupo de los 222 presos políticos en febrero de 2023.
Maradiaga reveló que su misma familia ha sido blanco de la represión por su activismo político en el exilio.
«Conozco en carne propia las consecuencias de esta persecución. En octubre del año pasado, como represalia por mi activismo internacional, la dictadura confiscó la casa de mi madre en Jinotega. Peor aún, decenas de miembros de mi familia han sido empujados al exilio, víctimas de esta maquinaria de represión que ha convertido la vida de miles de opositores en un calvario».
El politólogo reconoció que toda esta situación hace que cada vez haya menos voces que denuncien a la dictadura orteguista.
«Cada día veo menos personas dispuestas a hablar en público o a sumarse activamente a la lucha. Paradójicamente, quienes operan con total impunidad son aquellos que, bajo la fachada de opositores, se dedican exclusivamente a atacar a quienes realmente trabajan por denunciar y debilitar al régimen. Es un plan orquestado para silenciarnos», manifestó Maradiaga.
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Otro opositor, que solicitó no ser identificado, dijo que muchos «familiares de opositores están arrinconados en Nicaragua» por las amenazas de represalias económicas y penales en su contra si no logran convencer a sus familiares de dejar de hacer denuncias y publicaciones contra la dictadura en las redes sociales.
«Hace poco hablaba con una persona exiliada que dice que apenas comenzaron a publicar cosas en su redes las patrullas comenzaron a llegar donde su mamá», dijo la fuente.
Casos de saña contra familiares de opositores
No es nuevo que la dictadura orteguista se ensañe con los seres queridos de los opositores aunque, estos últimos no hayan estado involucrados en política.
Uno de los casos más conocidos es el de la anciana madre del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, a quien la dictadura le quitó todas sus propiedades y la sacó de su casa en Managua, porque su hijo se volvió adversario de la dictadura en el exilio. También se sabe que su hermana y el hijo mayor de Solís fueron afectados por las confiscaciones de la dictadura.
Rafael Solís fue magistrado del poder judicial durante 19 años, hasta renunciar en 2019 a través de una carta pública en la que denunciaba el estado de terror que impuso la dictadura Ortega Murillo para reprimir las protestas civiles de 2018 y mantenerse en el poder. En febrero de 2023, la CSJ ordenó quitarle la nacionalidad a Solís junto con 93 nicaragüenses más. Casi todos ellos han reportado la confiscación de sus bienes y propiedades dentro del país.
El caso de la familia Álvarez
Otro caso que destacó fue el de la familia del opositor Javier Álvarez. En 2022, Álvarez huyó del país tras conocer que la Policía lo estaba buscando por haber apoyado las protestas contra la dictadura, pero mientras cruzaba la frontera a Costa Rica, su esposa, su hija y su yerno fueron detenidos.
Los familiares de Álvarez estuvieron presos cinco meses y fueron condenados con penas de entre ocho y 10 años de cárcel por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la estructura nacional” y “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
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En febrero de 2023, los tres fueron desterrados a Estados Unidos con el grupo de los 222 presos políticos, donde se pudieron reunir de nuevo con Javier Álvarez, tras el peor martirio de su vida.
En ese mismo contexto de intensa persecución de opositores en 2022, fue encarcelado el hijo de la opositora Andrea Margarita del Carmen Ibarra, luego de que no la encontraran a ella. El joven también fue desterrado en 2022.
Durante todo el año 2022 se conocieron otros casos de opositores exiliados que denuncian la detención de familiares que no tenían que ver nada con política, pero que fueron encarcelados solo por el vínculo de sangre.
