Defensores de derechos humanos aseguraron que desde 2023 se han extremado las amenazas de la Policía orteguista a los familiares de los presos políticos, al punto que les prohíben escribir en las redes sociales sobre la situación en las cárceles. Si no atienden las advertencias, la Policía toma represalias contra los opositores encarcelados.
La opositora exiliada y defensora de derechos humanos, Ivania Álvarez, confirmó que las filtraciones de información en los medios de comunicación y las denuncias de los organismos de derechos humanos, aún si son bajo fuentes anónimas, tienen repercusiones que afectan tanto a los familiares como a los opositores presos, lo que los obliga a callar.
«Algunos organismos y defensores de derechos han denunciado lo que pasa en la cárcel y esto ha tenido repercusiones como el corte de visitas, negativa de ingresos de medicinas, castigos, cambios de celdas», relató Álvarez.
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LA PRENSA confirmó con fuentes familiares de opositores presos que están «atados de manos» y que tienen miedo incluso de comunicarse por cualquier vía con los medios de comunicación, a menos que estén fuera del país. Mientras que fuentes que aún están en Nicaragua se limitan a negarse con cortesía a dar declaraciones.
Policías advierten que teléfonos están intervenidos
Álvarez expresó que es preocupante que cada vez menos puedan saber lo que pasa en la cárcel por la represión que ejerce el régimen contra los opositores que aún quedan en Nicaragua.
«La estrategia del régimen es silenciar completamente la denuncia, silenciar completamente las voces de los opositores y silenciar cualquier tipo de arbitrariedad que se esté dando, porque no hay una denuncia y esto lógicamente repercute en el trabajo de los defensores de derechos humanos, porque aún ofreciendo el anonimato, la gente tiene mucho temor y esto últimamente lo hemos visto porque se les ha dicho que están siendo espiados en sus teléfonos celulares y reciben amenazas a través de sus teléfonos celulares», aseveró Álvarez.
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Álvarez, quien también estuvo presa en 2019 por su oposición a la dictadura orteguista, dijo que han tenido conocimiento de que las autoridades policiales obligan a los familiares de los opositores presos a firmar una carta en la que se comprometen a no dar declaraciones a los medios ni hacer comentarios o denuncias en las redes sociales.
«Se ha afinado una rutina de persecución, amenaza y control en la visita a los presos políticos», expresó Álvarez.
Obliagos a firmar carta de prohibiciones
Todo comienza desde la entrada de los penitenciaros con la revisión de la paquetería y también la revisión corporal, incluso a menores de edad, lo que no es igual en los casos de familiares de presos comunes.
«La revisión personal atenta contra la integridad física y su integridad. Esta revisión la pasan hijos, niñas, niños, esposas, madres de los presos, para poder ingresas», dijo Álvarez.
Tras la revisión de la paquetería, las autoridades policiales limitan a los familiares en lo que pueden hablar con sus hijos, padres o esposos.
«Les hacen firmar una carta de compromiso que explícitamente dice que no pueden dar ningún tipo de entrevista o escribir en redes sociales sobre el tema de presos políticos, es decir, está completamente prohibido el uso de las redes sociales o de dar entrevista a medios de comunicación independientes sobre la situación física, mental de sus presos», aseguró Álvarez.
El familiar visitante también tiene que llenar una ficha donde tiene que poner su número de teléfono, especificar las redes sociales que tienen y también el número de teléfono y redes sociales del resto de familiares de presos políticos. Los policías además llaman a esos números de teléfonos para constatar que están activos y que los responden los familiares indicados en las fichas y a la vez repiten las advertencias y amenazas.
Se mantienen las visitas vigiladas
Como ya es conocido, las visitas son vigiladas por un policía que escucha la conversación entre el familiar y el opositor privado de su libertad.
«Eso ha limitado la denuncia de las torturas, malo tratos que pasan los presos políticos, esto no ha parado», dijo la opositora.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua registra 121 presos políticos, entre los que incluye 10 opositores que están en la cárcel desde antes del 2018.
Las amenazas y advertencias son extensivas en todo el país, donde también hay personas que tienen que llegar para firmar en las delegaciones policiales locales cada semana, cada diez días o cada 15 días.
La dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, prohíbe cualquier tipo de oposición o crítica pública. Cientos de personas han sido encarceladas, desterradas y desnacionalizadas por su oposición al régimen, entre ellas destacados opositores, exdiplomáticos, jóvenes, estudiantes, campesinos, sacerdotes y académicos.
Desde 2018, Nicaragua vive en crisis por la represión policial contra las protestas civiles, que dejó más de 300 muertos, según informes de organismos internacionales de defensa de derechos humanos.
