La casa de la mamá del exmagistrado sandinista Rafael Solís, confiscada por la dictadura de Daniel Ortega en febrero pasado, fue convertida en un restaurante, confirmó LA PRENSA.
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La casa de Rafaela Cerda, de 93 años, está ubicada en Villa Fontana, en Managua, una zona residencial de alta plusvalía. El lugar figura ahora como el restaurante «El Parrillaje», donde se pueden ver empleados uniformados esperando clientes.
El restaurante anunció en sus redes sociales su nueva sucursal: «¡Encuéntranos en nuestra nueva ubicación! Semáforos del Club Terraza, 1 cuadra al Norte, 1 cuadra al Este, Villa Fontana Este.
Prepárate para disfrutar de tus platos favoritos en un lugar más conveniente y acogedor. ¡Gracias por ser parte de la familia de Restaurante El Parrillaje!»
El anuncio fue realizado hace tres días en la red social Facebook. Mientras que el pasado 12 de agosto ya anunciaban que tendrían una nueva ubicación: «¡Grandes noticias! Próximamente, estaremos en una nueva ubicación para estar aún más cerca de vos».
En hotel
El desalojo y toma arbitraria de la casa de la señora Cerda estuvo dirigido en ese momento por el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, sin embargo, existen rumores de que la propiedad fue entregada a los familiares descendientes del general Augusto C. Sandino, entre estos, Walter Castillo Sandino —recalcitrante defensor de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo— y quien generalmente asiste en primera fila a los actos del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Esta información llega tras la revelación de que el condominio Farallón de Sotavento, que todavía estaba registrado como propiedad de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, y que también fue confiscado por Ortega, está funcionando como un hotel comercial y no solo como un hotel escuela, que fue el anuncio oficial tras su confiscación.
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Según la fuente, otras propiedades confiscadas a los opositores, principalmente casas, fueron entregadas a leales al régimen y están haciendo negocios con ellas. «En algunas están viviendo hasta 10 o 12 personas y otras las están convirtiendo en negocios, porque el costo de mantenerlas es alto», dijo una fuente.
Rafael Solís fue magistrado del poder judicial durante 19 años, hasta renunciar en 2019 a través de una carta pública en la que denunciaba el estado de terror que impuso la dictadura Ortega Murillo para reprimir las protestas civiles de 2018 y mantenerse en el poder. En febrero de 2023, la CSJ ordenó quitarle la nacionalidad a Solís, junto con 93 nicaragüenses más. Casi todos ellos han reportado la confiscación de sus bienes y propiedades dentro del país.
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La confiscación de la casa de la mamá del exmagistrado Solís, y de otras propiedades de ella y de sus familiares, también es vista como parte de las represalias de Ortega contra Solís, quien alguna vez fue un leal sandinista y colaborador de muchas de las manipulaciones legales para que Ortega se mantuviera en el poder los últimos 17 años.
