Los actos de corrupción son “el pan de cada día” en la cotidianidad de los nicaragüenses. Van desde las coimas que aceptan los agentes de tránsito de la Policía Nacional para no imponer multas a conductores infractores, las notas que el Ministerio de Educación (Mined) obliga a los docentes a imponer a estudiantes reprobados o la fabricación de puestos públicos, ordenada también por el orteguismo, para favorecer a familiares o fieles de su dictadura.
Hagamos Democracia, según los resultados de un sondeo que realizó en el segundo trimestre de 2024, comprobó que el 85 por ciento de una muestra de 200 personas consultadas, es decir 170 de estas, afirmaron conocer de primera mano actos de corrupción cometidos en sus municipios.
Entre los actos de corrupción mencionados por las personas consultadas destacaron: nepotismo, malversación de caudales públicos, uso indebido de bienes públicos, licitaciones amañadas y sobresueldos.
La socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), dijo a LA PRENSA que dichas prácticas “distorsionan todo el funcionamiento y la institucionalidad, la vuelve discrecional y afecta a la población porque limita su acceso a servicios estatales donde los funcionarios cobran coimas”.
Por su lado, la investigadora Olga Valle, del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, apuntó que —tal como lo denunciaron en su momento en el libro Fiscalizando el poder— como organización han recibido “denuncias de diferentes tipo de actos de corrupción en Nicaragua, entre esas también nepotismo, sobornos, malversaciones, tráfico de influencias, incluso vínculos con el crimen organizado”.
“El incremento de la corrupción en los diferentes niveles se ha visto reflejado en el desplome de las calificaciones que recibe Nicaragua en diferentes índices y mediciones sobre el tema”, apuntó Valle.
Nicaragua, el país más corrupto de Centroamérica
Según el Índice de Transparencia Municipal, elaborado por Urnas Abiertas y divulgado en el informe Situación de la Transparencia Municipal en Nicaragua, divulgado a finales de 2022, todas las alcaldías de las 17 cabeceras departamentales del país se catalogan con “poca” o “casi nada” de transparencia en la rendición de cuentas.
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A nivel internacional, el país también ha quedado mal parado y ha sido cuestionado por tener un sistema corrupto a todos los niveles. Nicaragua se ubicó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 (CPI, por sus siglas en inglés), elaborado por Transparencia Internacional, como el país más corrupto de Centroamérica y uno de los diez más corruptos de todo el mundo.
En el CPI, Nicaragua recibió un puntaje de 17/100, quedando en el puesto 172 de una lista de 180 países, siendo esta la primera vez que recibe una calificación tan baja en los últimos diez años.
Transparencia Internacional ubica ese tipo de calificaciones a países donde ocurren actos de corrupción relacionados con sobornos, desvío de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para beneficio privado sin afrontar consecuencias, incapacidad de las instituciones para contener la corrupción en el sector público y nombramientos nepotistas en la función pública.
Impacto de la corrupción
El opositor Félix Maradiaga, excarcelado y desterrado político de la dictadura Ortega-Murillo, apuntó que la «falta de transparencia y el manejo indebido de recursos públicos son características recurrentes en este régimen» orteguista, resaltando que «la corrupción y los montos robados por los Ortega-Murillo son tan gigantescos que hacen ver la corrupción de periodos anteriores como pequeñas corruptelas».
Además, señaló que la «corrupción es un mal endémico en Nicaragua» y la «sociedad nicaragüense, por su parte, ha asumido y tolerado las prácticas corruptas a lo largo de su historia».
Explicó que todas estas prácticas corruptas «afectan a la población de diversas maneras muy perjudiciales», mencionando que estas contribuyen a «perpetuar la pobreza y aumentar la desigualdad», ya que «los recursos que deberían utilizarse para mejorar la educación, la salud y las infraestructuras, en lugar de eso, se desvían a bolsillos privados. Esto significa que solo aquellos con conexiones o la capacidad de pagar sobornos pueden acceder a ciertos servicios y oportunidades».
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También mencionó que en términos económicos la corrupción «crea un ambiente muy desfavorable para el desarrollo. La inestabilidad y la falta de transparencia desincentivan la inversión, tanto nacional como extranjera. Esto afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que no pueden competir en igualdad de condiciones y por lo tanto limita la creación de empleo y el crecimiento económico».
Maradiaga apunta que la corrupción afecta a tal punto que incluso erosiona la confianza de la población en las instituciones del Estado, ejemplificando que cuando los ciudadanos ven «que la justicia no se aplica de manera equitativa o que los delitos quedan impunes, pierden la fe en que el gobierno pueda proteger sus derechos».
Casos de corrupción documentados en Nicaragua
Maradiaga, quien fungió como director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), una de las primeras organizaciones sin fines de lucro canceladas por el orteguismo en diciembre de 2018, recordó que desde esa organización y Fundación Libertad documentaron algunos casos concretos de corrupción que han ocurrido bajo el régimen de Daniel Ortega entre 2007 y 2024.
Uno de los casos mencionados por el experto en Administración Pública fue el «Caso Albanisa y fondos de Venezuela», recordando que desde 2007 Nicaragua —controlada por el régimen orteguista— «recibió miles de millones de dólares de Venezuela a través de Albanisa, manejados de manera opaca y sin auditorías públicas». El Ieepp, apuntó Maradiaga, «estimó que solo entre 2007 y 2014 el régimen de Ortega recibió al menos 5,600 millones de dólares al margen del Presupuesto General de la República».
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De igual forma, denunció el desvío de fondos y uso clientelista de programas impulsados por el régimen, entre estos Hambre Cero, asegurando que a través de estos se benefició a partidarios del régimen «en lugar de a los destinatarios originales». Apuntó que «entre 2007 y 2010 había más de 300 millones de dólares ejecutados en el presupuesto bajo programas que no tenían respaldo en el informe de ejecución».
Con relación a la concesión del Gran Canal Interoceánico, otorgada en 2013 por el orteguismo a la empresa china HKND Group, que finalmente no se concretó, Maradiaga resaltó que también es criticada «por falta de transparencia y actos de corrupción en la adjudicación».
En mayo pasado, el dictador Ortega reformó la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y derogó la Ley 840, quitando la concesión que tenía el supuesto multimillonario chino, Wang Jing, de la empresa china HKND Group.
Otras prácticas corruptas que han ocurrido en Nicaragua están vinculadas al uso de recursos públicos para financiar campañas del Frente Sandinista y manipulación de los resultados de los comicios; confiscaciones y expropiaciones de propiedad de opositores y organizaciones sin fines de lucro, sin el debido proceso y adjudicadas a personas cercanas al régimen; la crisis de los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) mal manejados y desviados hacia proyectos sin rentabilidad, que presenta un déficit financiero grave.
Lo más grave, de acuerdo con los especialistas consultados, es que la corrupción institucionalizada también provoca «una crisis moral en la sociedad», a palabras de Maradiaga. «Al volverse común, normaliza comportamientos deshonestos y debilita los valores éticos. Muchas personas pueden llegar a creer que el éxito solo es posible a través de prácticas corruptas, perpetuando así el ciclo de malas conductas», aseguró el opositor desterrado.
