Nicaragua, debido a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, actualmente se encuentra en uno de sus puntos más bajos del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 (CPI, por sus siglas en inglés), de Transparencia Internacional. El país fue ubicado con un puntaje de 17/100, quedando en el puesto 172 de una lista de 180 países. Es decir que es uno de los diez estados considerados como los más corruptos en el mundo.
El país no había recibido un puntaje tan bajo en los últimos diez años. En 2018, posterior a las protestas sociales reprimidas brutalmente por el orteguismo, dejando como saldo más de 350 personas fallecidas, miles de heridas y encarceladas, el país comenzó a bajar en dicho ranking de Transparencia Internacional.
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En 2018, el país se ubicó con un puntaje de 25/100, un punto menos que el año anterior; luego, en 2019, bajó otros tres puntos, quedando en 22/100, y mantuvo esa calificación hasta 2020.
En 2021, según el histórico del Índice de Percepción de la Corrupción, el país bajó su puntaje a 20/100 y, un año después, en 2022, quedó con 19/100, sin llegar hasta entonces al ranking de los diez países más corruptos en el mundo.
Según el Índice, los países que se acercan más a la puntuación de 100 son los más limpios o menos corruptos, y los que están más inclinados hacia la puntuación de 0 son los más corruptos.

Este año, Nicaragua solo se ubicó sobre países que tuvieron peores puntuaciones, entre estos: Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13) y Sudán del Sur (13) y Yemen (16). Además, estuvo al nivel de Corea del Norte (17), Haití (17) y Guinea Ecuatorial (17).
Las fuentes utilizadas en dicho Índice compilan manifestaciones de corrupción relacionadas a sobornos, desvío de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para beneficio privado sin afrontar consecuencias, capacidad de los gobiernos para contener la corrupción en el sector público, excesiva burocracia en el sector público para aumentar las oportunidades de corrupción, y nombramientos nepotistas en la función pública.
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También, incluye la falta de leyes que garanticen que los funcionarios públicos revelen sus finanzas y posibles conflictos de intereses, protección jurídica para personas que denuncian casos de soborno y corrupción, captura del Estado por estrechos intereses creados, y acceso a información sobre asuntos públicos o actividades gubernamentales.
“Una tragedia”
La abogada Martha Patricia Molina, investigadora y defensora de derechos humanos, consideró que la actual posición del país en dicho Índice es una “tragedia”, señalando que “la dictadura sandinista ha llevado a Nicaragua a los niveles de corrupción más impactantes de la historia de Nicaragua”.

François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, durante la presentación del Índice este 30 de enero resaltó que “la corrupción seguirá prosperando hasta que los sistemas de justicia puedan castigar las malas prácticas y mantener a los gobiernos bajo control”.
“Cuando se compra la justicia o se interfiere políticamente con ella, es la gente la que sufre. Los líderes deben invertir plenamente y garantizar la independencia de las instituciones que respetan la ley y luchan contra la corrupción. Es hora de poner fin a la impunidad de la corrupción”, apuntó