Un nuevo informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) confirmó que el nepotismo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido tan descarado que en los corredores de las oficinas judiciales se murmuraba sobre “la gran familia”, en referencia a los numerosos familiares que tenía empleados en ese poder del Estado la presidenta magistrada, Alba Luz Ramos, actualmente apartada de ese cargo.
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Los investigadores de OPTA aseguraron que tras la intervención judicial de la CSJ a finales de 2023, muchos de estos familiares de magistrados fueron despedidos. Incluso un hijo del dictador Daniel Ortega con su anterior pareja, Leticia Herrera, Camilo Daniel Ortega Herrera, también fue sacado del cargo que tenía desde hace más de un década como ingeniero en Informática.
El informe denominado “Corrupción Judicial en Nicaragua, Tráfico de influencia y la erosión del debido proceso”, precisa que “en 2010 se hizo evidente el nombramiento de familiares, amigos y allegados de magistrados de la CSJ, llenando las diferentes vacantes como: jueces, secretarios, magistrados de Tribunales de Apelaciones, médicos forenses, cargos administrativos, asesores judiciales, etc.; quienes en definitiva se convirtieron en fieles colaboradores de sus llamados ‘padrinos’, a los que deben obediencia absoluta en abierto menosprecio de la ley. Estos a su vez han contado con privilegios en el desempeño de sus cargos, al punto de considerarse ‘intocables’ frente a denuncias de actos de corrupción como sobornos, cohecho, entre otros delitos”.
La “gran familia” de Alba Luz Ramos
El caso más claro de nepotismo es el de la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, quien según el informe de OPTA “se permitió colocar a varios de sus familiares en distintos puestos”, lo que se prestaba a murmuraciones entre los trabajadores que les llamaban “la gran familia” de Ramos, entre ellos:
-Abelardo Antonio Alvir Ramos, juez Séptimo del Distrito Penal de Audiencia de Managua.
-Adda Benicia Vanegas Ramos, magistrada presidente de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.
-Margarita Vanegas Arteaga, exjueza de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria de Rivas.
-Ángela Mercedes Ramos Rosales, jueza del Distrito Penal de Juicio de Diriamba.
-Néstor Castillo Vanegas, magistrado de la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua.
-Carolina Vanegas Fajardo, médico forense del Instituto de Medicina Legal.
Estos y otros familiares de Alba Luz Ramos fueron desaforados tras la “gran purga” ordenada recientemente por Rosario Murillo en el poder judicial en todos sus niveles, indica el informe.
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La presidenta magistrada también empleaba a su hija María Alejandra Ramos como asistente. Ambas fueron sacadas de la oficina, tras la intervención policial en octubre pasado.
El informe también recoge las valoraciones del exfuncionario judicial Yader Morazán, quien explicó desde su experiencia, que “dentro de los muros del poder judicial se maneja la idea de ‘una gran familia’, ya que existen muchos parentescos en todos los puestos laborales dentro del organismo, lo que brinda una perspectiva del cómo se han otorgado plazas laborales por tráfico de influencia, sin necesidad de pasar por la Ley de Carrera Judicial o de Servicio Civil, evadiendo de igual forma la responsabilidad que implica ejercer un cargo de juez, fiscal o magistrado. Realidad ampliamente conocida por todos los trabajadores dentro del organismo estatal”.
“Morazán expresó que esta situación no solo ha violentado los derechos de todos los ciudadanos nicaragüenses para optar a cargos públicos a través de procesos de méritos y de concurso de oposición, sino que elimina el funcionamiento efectivo de un servidor público, promoviendo el tráfico de influencias en procesos penales, la influencia por medio del poder adquisitivo, malversación de fondos, incluso hasta lavado de dinero”, según el informe.
Intervención del poder judicial
Desde octubre de 2023, la CSJ fue intervenida por la Policía orteguista, lo que implicó poner bajo investigación a trabajadores y altos funcionarios judiciales, incluyendo a la presidenta Alba Luz Ramos y a todos los demás magistrados. Diferentes fuentes estrechamente ligadas al poder judicial aseguran que Ramos está totalmente separada de su cargo y permanece en su casa bajo vigilancia policial.
Tras la separación de Ramos de su cargo, decenas de empleados, secretarias, asistentes y técnicos han sido despedidos de diferentes dependencias judiciales del país. Más de 700 trabajadores del poder judicial fueron despedidos, según las fuentes más conservadoras.
Otros casos
El informe de OPTA fue presentado este jueves 23 de mayo en una conferencia de prensa virtual. El documento recoge algunos de los casos más evidentes y documentados de corrupción en Nicaragua, entre estos, el caso de “La Huaca” de Byron Jerez Solís, el ex director general de Ingresos durante el mandato presidencial de Arnoldo Alemán (1997-2002), enjuiciado 13 veces por defraudar al Estado de Nicaragua, mediante la emisión de notas crediticias de la Dirección General de Ingresos (DGI). Jerez incluso fue condenado, sin embargo, en 2010 fue absuelto por la justicia en manos del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 2016, el régimen sandinista permitió que Jerez llegara a ser diputado del Apre, tras el cuestionado proceso electoral en manos de partidarios del FSLN.
También el caso del “talcazo” de 2014, en el que el hermano del boxeador Román “Chocolatito” González, Milton González, fue capturado por la Policía con un polvo blanco que según las primeras pruebas técnicas se determinó que era cocaína base de crack, pero luego por la influencia de su hermano se cambió esa versión y se dijo que era talco. Entre otros casos.
Pérdida de la autonomía
El informe concluye que el poder judicial ha ido “perdiendo paulatinamente su autonomía e independencia como poder del Estado, hasta convertirse en un instrumento necesario para asegurar el poder y el autoritarismo del régimen Ortega-Murillo, tanto para favorecer con impunidad a sus allegados, funcionarios y fieles simpatizantes y por otro lado: perseguir, criminalizar y condenar a sus oponentes y a cualquier persona que amenace con cuestionar sus políticas”.
También manifiesta que “mediante la aprobación de diferentes leyes promulgadas en distintos períodos, la infiltración de partidarios leales y secretarios políticos del FSLN en puestos estratégicos, por medio del tráfico de influencia ejercido a través de magistrados como Rafael Solís -quién llegó a ser incluso, padrino de bodas de la pareja presidencial-, Juana Méndez y Alba Luz Ramos; el gobierno de turno ha conseguido abarcar los espacios necesarios que le permitieron acaparar en su totalidad este poder del Estado”.