La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a 11 sacerdotes de la Iglesia católica privados de libertad. Dos están bajo arresto domiciliario, en una casa de formación de la Iglesia, en Managua.
Las últimas tres capturas ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, con el secuestro de párrocos de Jalapa, Río San Juan y El Cuá.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la dictadura mantiene un constante ataque contra la Iglesia católica, sin embargo, en 2022 intensificó el hostigamiento y la persecución contra obispos y sacerdotes críticos, que ha llevado a decenas a la cárcel, destierro y exilio.
La abogada e investigadora Martha Molina, quien se ha especializado en el registro de los ataques al clero católico, manifestó que desde hace varios meses existe una permanente vigilancia de sacerdotes en todo el país.
“Hay asignados a cada parroquia policías y paramilitares encargados de este tipo de represión. Ellos graban las homilías e informan a sus superiores si consideran que el sacerdote dijo algo ‘peligroso’ para lo que ellos llaman revolución. Estos últimos días además les han perseguido, tomando fotos y videos”, dijo Molina.
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Por su parte, el padre Erick Díaz, quien tuvo que exiliarse en agosto del año pasado debido a la represión del régimen, denunció en sus redes sociales que “el clero nicaragüense sigue indefenso. Muchos viven en la incertidumbre. Las comunidades cristianas viven aterrorizadas. La dictadura vigila los pasos de las personas por sus mismos servidores leales a ellos. Vigilan los templos, graban y fotografían cada movimiento de los sacerdotes. Es una situación agravante”.
Los sacerdotes que la dictadura mantiene tras las rejas:
Padre Cristóbal Gadea, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, de El Cuá, en Jinotega.
Fue detenido la madrugada de este lunes por policías y paramilitares. En 2019, el sacerdote había denunciado en España la situación de persecución que vive el clero católico.
Los sacerdotes Iván Centeno y Julio Ricardo Norori, de la parroquia Inmaculada Concepción de María, en Jalapa, Nueva Segovia; y de la parroquia San Juan Evangelista, de San Juan del Río Coco, Madriz, respectivamente, fueron sacados de sus templos por civiles armados, a bordo de una camioneta Hilux.
El cura Osman José Amador Guillén, de 36 años, párroco en Wiwilí, Nueva Segovia, fue detenido el 8 de septiembre por antimotines dentro de la Catedral.
Amador es el exdirector de Caritas Diocesana Estelí, organización cerrada luego de que la dictadura ordenó cancelar la personería jurídica de Caritas de Nicaragua en marzo pasado.
El sacerdote Fernando Zamora Silva, canciller de la Curia de la Diócesis de Siuna, fue apresado el 9 de julio por unos 50 policías y alrededor de 20 paramilitares, tras salir de una misa de la parroquia San Luis Gonzaga, de Managua.
El sacerdote Jaime Iván Montesinos Sauceda, de la parroquia San Juan Pablo II, de Villa Chagüitillo, ubicada en el municipio de Sébaco, de la Diócesis de Matagalpa, fue detenido por la Policía orteguista el 23 de mayo de 2023. Está siendo acusado del delito de “traición a la patria”.
Los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavídez y Leonardo Guevara Gutiérrez, párrocos de la iglesia Divina Providencia, y de la Catedral de Estelí, respectivamente, se encuentran en “una casa de formación de la Iglesia”, en Managua, tras ser trasladados por la Policía para “investigaciones”.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, está preso desde agosto de 2022 y condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, por “traición a la patria” y “ciberdelitos”, delitos de los que generalmente se acusa a los opositores.
Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, en Boaco y el padre Manuel Salvador García, de la iglesia El Calvario, en Nandaime, departamento de Granada, están condenados por supuestos delitos comunes.
García está detenido desde julio de 2022. Sobre él penden dos condenas, una de dos años por amenaza con arma contra cinco hombres, y de cinco años por violencia en perjuicio de Martha Hernández Rivas, una presa política de la dictadura.
En cuanto a Urbina, está preso desde agosto de 2022 por presuntamente haber incurrido en los delitos de abuso sexual y violación en una menor de 14 años, en Boaco.