Detrás de las reformas a la Ley de la Policía hay cinco años de desgaste, cansancio y estrés del recurso humano que usa la dictadura de Daniel Ortega para reprimir a los opositores. Lo más controversial de estas enmiendas fueron las adiciones a la ley, que establece hasta tres años de cárcel por desertar, lo que para los críticos significa que ni los mismos policías que reprimen son confiables para el régimen y la represión también los apunta a ellos ahora.
El sociólogo y experto en temas de seguridad, Javier Meléndez, valoró que la decisión de esa reforma «es un claro indicio de que el sistema de contra inteligencia del régimen ha detectado severas disconformidades dentro de los efectivos policiales».
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Aunque Meléndez reconoce que las deserciones han estado sucediendo desde hace tiempo, señaló que al principio el régimen no le dio importancia, porque era «un poco a cuenta gotas», pero ahora «se han vuelto un problema muy grande».
«Cinco años constantes de ejercicio de una represión despiadada contra el pueblo desgastan cualquier institución de seguridad. Y a eso, ahora hay que sumarle la persecución a la iglesia y los curas. Es un asunto que moralmente desgasta mucho a los efectivos policiales, porque que ellos son precisamente la primera línea de represión hostigamiento y captura a los curas. Eso tiene un efecto muy negativo en sus familias y genera mucho estrés al agente policial», valoró Meléndez.
Desesperación ante la «implosión de sus mismas filas»
El abogado Yader Morazán manifestó que las reformas confirman que la dictadura esta desesperada ante la implosión de sus mismas filas «que en su momento hasta asesinaron para mantenerlos en el poder». Más de 300 personas murieron por la represión armada contra las protestas civiles en 2018, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Morazán valoró que las deserciones también significan la definición entre los bandos leales a Ortega y los que ya no quieren seguir dentro de ese régimen.
«Las deserciones son vistas como un acto de traición, porque ya se definió quien está apoyando las acciones criminales en contra de la población y a estas altura solo quedan dos caminos: o plegarse totalmente hacia la protección que se pueden brindar mutuamente como en cualquier organización criminal o salirse», expresó el abogado experto en aplicación de la justicia.
Origen de las deserciones
La abogada Yonarqui Martínez aseguró que originalmente en 2018, cuando los policías pedían su baja en el contexto de la represión contra las protestas, los altos mandos se la negaban y en cambio comenzaban a ser investigarlos, entonces la mejor opción comenzó a ser la deserción, es decir, irse sin aviso previo, ni renunciar formalmente.
Martínez fue testigo de numerosas deserciones de policías en 2018, cuando trabajaba para la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en Managua. Ella y otros abogados recibieron los uniformes y chip policiales de agentes que denunciaron que habían sido amenazados por negarse a reprimir las protestas y decidieron por eso abandonar su trabajo.
«Sí hay un buen número de policías que han desertado y que ahora están pidiendo asilo político en diferentes países y la Policía ha quedado renca en unas áreas, que hasta han tratado de enamorar nuevamente a aquellos que les dieron de baja deshonrosa porque eran corruptos y a esos mismos corruptos ahora les están abriendo las puertas», dijo la abogada.
Para Martínez, lo que las reformas actuales provocarán es que los policías que quieran desertar, ahora lo van a ser con más cautela, pero está segura que no va a frenar las deserciones e incluso considera que pueden tener un efecto adverso al que cree el régimen.
«Quieren infundir miedo para evitar que la gente se les vaya, pero aunque pongan 50 mil leyes, aunque aprueban que los van a dejar en la calle, la persona que ya no quiera participar, que ya no quiera ser cómplice de crímenes de lesa humanidad se les va a ir», agregó Martínez.
Primeras deserciones
En abril 2018 comenzaron los reportes de deserciones de policías en diferentes delegaciones del país, según denuncias de organismos de derechos humanos en ese entonces. Aunque no existe un número oficial y la mayoría de los desertores prefieren pasar desapercibidos, existieron hechos que pusieron en evidencia las inconformidades de los policías, entre esto la denuncia de dos madres de policías, que aseguraron que sus hijos, los policías Nelson Téllez Huete y Faber Antonio López Vivas, fueron asesinados por querer desertar. Las madres aseguraron que sus hijos les contaron que se iban a retirar del servicio policial, porque no estaban de acuerdo con la represión contra las protestas que se estaba dando en ese momento, luego de esa decisión, aparecieron muertos.
En junio de 2018, también se reportó la renuncia de 14 policía de la delegación de Matagalpa, entre ellos, el director de servicios médicos en la delegación departamental en Matagalpa, Hildebrando Toledo; también los policías de diferentes rangos: Luis Suazo, Ana Cruz, Óscar Centeno, Nolvia López, Marlon Pérez, César López, Héctor Méndez, Francisco López y Diego Reynerio, entre otros.
En ese mismo mes se conoció la historia del teniente de la Policía de León, Edwin Antonio Hernández Figueroa, que decidió abandonar la institución porque no estaba dispuesto a reprimir las protestas y fue detenido cuando salía del país. Hernández fue liberado con el grupo de los 222 que fue desterrado a Estados Unidos sin nacionalidad nicaragüense.
También es conocida la historia del policía Michael David Caballero Ayala, detenido en noviembre de 2018 también tras haber desertado de la Policía por negarse a reprimir.
En julio de 2018, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) registró al menos seis casos de deserciones en la delegación policial Ajax Delgado de Managua, entre ellos Michael Alejandro Delgado Vargas, con chip policial número 24645, carnet de Policía 79585 y el oficial Juan José Blandón Gómez, chip número 3431.
En mayo de este año, el medio comunicación Artículo 66 informó de la deserción de cuatro policías del Distrito VI de Managua: Cristina Guzmán, Ericka Sánchez, Elizabeth Cajina, Eyner Largaespada.
Una de las últimas deserciones denunciadas fue de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez llegó recientemente a Estados Unidos., según denunció el exfuncionario del poder judicial y experto en Administración de Justicia, Yader Morazán.
Sin incentivos económicos
Otro elemento importante que para el sociólogo Javier Meléndez aporta a la fractura gradual de la Policía, es no tener los recursos económicos de antes.
«Ya no está en capacidad de premiar las lealtades de miles de efectivos y sin dudas ahora es solo incentivo para los altos mandos policiales. Y eso, la tropa y los sub oficiales lo notan. También hay que tener en cuenta que el régimen económicamente no está bien. Los préstamos están básicamente detenidos, no tienen donaciones, la recaudación de impuestos se ha desplomado; Rusia y China jamás les darán el dinero que ellos requieren para mantener el aparato represivo de seguridad, entonces el panorama para mantener el sistema de premios está básicamente destrozado», expresó Meléndez.
