CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.A través de una iniciativa de ley que envió este miércoles con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional y que fue aprobada ayer de forma relámpago por los diputados, Daniel Ortega eliminó a la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (ProNicaragua), creada hace 20 años, en donde tenían participación activa delegados del sector privado y le sube el rango a instancia sustituta como Secretaría de la Presidencia.
Sin citar ni detallar la participación de la empresa privada, Ortega ordenó crear la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones “dentro de la estructura de la Presidencia de la República”, que será la sucesora legal de ProNicaragua y de la Delegación Presidencial para la Promoción de Inversiones, Exportaciones y Facilitación del Comercio Exterior, conformadas en octubre de 2015.
Le invitamos a leer: Calibre Mining descarta impacto de sanciones de EE. UU., pero seguirá monitoreando sus operaciones en Nicaragua
En la práctica, el rostro público en la promoción de inversiones del régimen es uno de los hijos de Ortega y la vicepresidenta designada, Rosario Murillo. Se trata de Laureano Ortega Murillo, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), quien es citado como asesor presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de la Presidencia de la República, aunque no se conoce de su nombramiento oficial. Desde 2009 Laureano está ligado directamente a ProNicaragua.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega Murillo en abril de 2019, en tanto, la UE lo realizó el 10 de enero de 2022.
Según un informe de ProNicaragua, publicado en agosto reciente, durante 2021 el presupuesto de la entidad fue de 53.36 millones de córdobas (1.5 millones de dólares), de los cuales el 96 por ciento: 51.05 millones de córdobas (1.44 millones de dólares) fue garantizado a través del Presupuesto General de la República.
Además, la instancia solo ejecutó el 84.3 por ciento de los fondos, señala el informe.
Se desecha rol del sector privado
Para un economista, quien solicitó la omisión de su nombre, “consolidar las exportaciones y las inversiones bajo una misma entidad es una decisión correcta y le da más estructura a algo que andaba suelto, les tocará prepararse para promover exportaciones porque ProNicaragua se enfocaba en hacerlo con las inversiones”, específicamente en la Inversión Extranjera Directa (IED).
Descartó que esta ley esté ligada al tema de las recientes sanciones aprobadas por el Gobierno de Estados Unidos dirigidas a sectores económicos de Nicaragua, “esta nueva instancia no tiene esa facultad, lo que va a hacer es a promover, no va a exportar, decir que es por las sanciones para mí es una opinión precipitada, muy politizada”.
Sin embargo, sí critica que con esta ley “el rol del sector privado se desecha”, pero cita que la misma menciona que habrá coordinación con los privados. No obstante el economista refiere el contexto de las relaciones entre el régimen y los empresarios.
La iniciativa menciona entre las funciones “coordinar con los sectores público y privado los esfuerzos de promoción directa, nacional o extranjera, que permita impulsar el crecimiento económico del país y el desarrollo humano de la población”.
Pero ya no da un rol protagónico al sector privado, representado especialmente por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), como antes se establecía en la ley creadora de ProNicaragua, que incluso se llegó a posicionar como una de las mejores en América Latina antes del 2018.
“No hay una relación fluida todavía entre el sector privado organizado y el sector público, hay frialdad, cierto congelamiento después de la crisis, este no es el momento para darle un rol porque ya no se lo quieren dar, no quieren fortalecer la alianza que tuvieron, porque el Gobierno considera que le salió el tiro por la culata”, agrega.
Fondos y bienes van a la Presidencia
En la nueva ley se estableciò que “los recursos financieros, los bienes muebles e inmuebles, y cualquier otro recurso adquirido o a nombre de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua), deberán ser trasladados a la Presidencia de la República”.
Para Roberto Bendaña, exsecretario ejecutivo de la Comisión Presidencial de Competitividad en el gobierno de Enrique Bolaños, creada en la misma fecha que ProNicaragua, esta iniciativa “claramente está matando a ProNicaragua y sus recursos humanos que pueden seguir existiendo, es un espíritu centralizador para elevarle la posición de ministro al representante de la nueva Secretaría”.
Con la nueva ley, cuya aprobación fue solicitada con “trámite de urgencia”, Ortega deroga la Ley 915, que sustituyó el decreto de 2002, creador de ProNicaragua.
Bendaña consideró que no es con leyes que se logra el crecimiento y atracción de inversiones, “es con cambio de mentalidad e insertándose en la economía global” y recordó que los principales socios comerciales siempre han sido Estados Unidos, Centroamérica, y Europa, “y en los últimos años más bien han violentado los acuerdos existentes con ellos”.
Una fuente ligada a las exportaciones, bajo condición de anonimato, señaló que con la nueva ley se da mayor rango a Laureano Ortega, “no es lo mismo ser jefe de una oficina a ser jefe de la Secretaría con rango de ministro, si acaso a él lo asignen, va a ser el primer hijo de secretario con rango de ministro de Ortega y Murillo, el vivo nepotismo”.
El CEI, la figura del inicio
Pero ¿cómo nació ProNicaragua? En la década de los noventa, por iniciativa del sector privado se estableció el Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), como una instancia privada sin fines de lucro.
El objetivo era apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los productores a fin de mejorar la competitividad del sector exportador para lograr su inserción en los mercados internacionales. La Junta Directiva estaba integrada por representantes del sector privado y público.
Entre ellos, el Cosep, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Asociación Nicaragüense de Industriales Exportadores (Aniex), Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI) y la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Industria Turística (Cantur).
El CEI funcionó hasta finales de la década pasada. Cerró operaciones por falta de recursos externos y falta de apoyo gubernamental, indicó una fuente.
Le puede interesar: Ortega se prepara para un futuro complicado: crea enorme “colchón financiero” en el Presupuesto General 2023.
Además explicó que en su momento el CEI se centraba en las exportaciones y ProNicaragua en el tema de inversiones, pero que Nicaragua es más una plataforma exportadora, “la inversión que viene aquí es porque desde acá se quiere exportar (zonas francas)”.
Sus inicios
A través del Decreto 75-2002, publicado en La Gaceta del 16 de agosto de 2002, se crea la Comisión Especial para la Promoción de Inversiones Privadas (ProNicaragua), presidida por un delegado nombrado por el presidente de la República como secretario de la Comisión con rango de ministro.
Tras cuatro meses de retornar al poder, Ortega, a través del Acuerdo Presidencial 369-2007, en agosto de 2007, nombra a los miembros del Consejo Directivo de ProNicaragua, tres por el Gobierno y tres por la empresa privada. Los representantes del Ejecutivo los encabezaba Bayardo Arce Castaño y por el sector privado fueron nombrados Erving Krüger, Alfredo Marín y Pedro Haslam, militante del partido sandinista, que posteriormente fue diputado y funcionario del régimen.
En abril de 2011, el régimen de Ortega derogó el decreto y mediante uno nuevo le designa a ProNicaragua la identidad de Delegación Presidencial para la Promoción de las Inversiones y la Facilitación del Comercio Exterior.
En ese momento, se definió la participación del sector privado en la instancia que lideraría “con la cooperación de los sectores público y privado, un esfuerzo nacional de promoción del desarrollo de la inversión directa, nacional y extranjera privada, y la facilitación del comercio exterior, que permita impulsar el crecimiento económico del país y el desarrollo humano de la población”.
Ya con cuatro años de estar Ortega en el cargo, se incluyeron en el Consejo Consultivo de ProNicaragua a un representante o su delegado del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), el presidente el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) o su delegado y el presidente de la Cámara de Comercio de Nicaragua (Caconic) o su delegado.
Además del presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) o su delegado, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) o su delegado y el presidente de la Cámara de Agentes Aduaneros (Cadaen) o su delegado.
Tras las protestas ciudadanas de 2018 contra el régimen de Ortega, la relación con la empresa privada cesó y se convirtió en persecución política. Actualmente la dictadura mantiene detenidos a los expresidentes del Cosep, José Adán Aguerri (en arresto domiciliario luego de más de 400 días encarcelado) y Michael Healy (encarcelado en la Dirección de Auxilio Judicial desde el 21 de octubre de 202), además del exvicepresidente de esta organización, Álvaro Vargas, arrestado junto con Healy.
Healy y Aguerri fueron condenados a 13 años de cárcel, por el supuesto delito de cometer menoscabo a la integridad nacional, y Vargas a nueve años, por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
También suspendió en diciembre de 2021 la personería jurídica de Conimipyme y otras empresas en las que figuraba Leonardo Torres, presidente de esta gremial y otrora aliado de Ortega. Por tanto, ProNicaragua ya no tenía representación del sector privado.
Las dos ProNicaragua
Es en este decreto que Ortega crea además la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones˜ (PRONicaragua), a cargo de un director ejecutivo; primero había creado la Delegación Especial, igual con el mismo identificativo.
“La Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua) ejercerá las actividades de promoción de las inversiones y las exportaciones en representación oficial del Gobierno de Nicaragua, la que estará adscrita a la Delegación Presidencial para la Promoción de las Inversiones y la Facilitación del Comercio Exterior (PRONicaragua)”, señala el Artículo 9 del decreto 12-2011.
El mismo además establecía la búsqueda de fondos con la cooperación internacional para su funcionamiento, cuya fuentes empezó a perder rápidamente a raíz del conflicto del 2018 y la salida de cooperantes.
“Adicionalmente la Delegación Presidencial podrá gestionar la captación de recursos económicos por parte de gobiernos u organismos donantes, programas de colaboración bilateral, y otros, que le permitan financiar la ejecución de su mandato”, indica.
La conversión a Ley y la imposición de decisiones
Para el año 2015, Ortega decidió subirle el nivel a la instancia. Se aprueba a inicios de octubre la Ley Creadora de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua), Ley 915, cuya junta directiva está conformada por el delegado presidencial para la Promoción de Inversiones, Exportaciones y Facilitación del Comercio Exterior, quien la presidirá; el ministro de Hacienda y Crédito Público, y el ministro de Fomento, Industria y Comercio.
Además de dos representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, “siendo uno de estos la persona que presida esta organización”, indicaba la ley. En el caso del segundo representante, lo nombraría el presidente de la República a propuesta de la organización gremial.
La antigua ley indicaba que las sesiones para la junta directiva pueden desarrollarse solo con tres miembros y las decisiones se adoptarán por mayoría simple. Tomando en cuenta que el Gobierno tiene tres representantes y los empresarios solo dos, las reuniones y decisiones corren a cuenta de los delegados de Ortega. De cinco miembros, la mayoría simple es tres.
“El quórum para sesiones de la Junta Directiva será de tres miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate el presidente de la Junta Directiva tendrá doble voto”, indica el artículo 9 de la Ley 915, aprobada en octubre de 2015.
Con esta ley ProNicaragua ingresó a la lista de entes descentralizados bajo el paraguas de la Presidencia de la República.
La fuente dijo que la Comisión creada en 2015 funcionó bien hasta 2018 con reuniones en las que participaban juntos los delegados del Gobierno y de la empresa privada en encuentros, casi siempre mensuales, “en donde Laureano jugaba un papel central en el tema de las exportaciones y en las inversiones se coordinaba con Álvaro Baltodano (asesor de inversiones)”, señaló.
El entramado burocrático
La misma creó también la Delegación Presidencial para la Promoción de Inversiones, Exportaciones y Facilitación del Comercio Exterior, adscrita a la Presidencia de la República, “la que será encabezada por un delegado o delegada presidencial, nombrado por el presidente de la República, con rango de ministro o ministra”.
Entre sus funciones está presidir y dirigir la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua). Además de nombrar o remover al director ejecutivo de la Agencia y al director general de la Secretaría de Facilitación del Comercio Exterior, así como establecer las funciones de ambos cargos.
En el mismo marco jurídico también se crea la Secretaría de Facilitación del Comercio Exterior “la que formará parte de la Delegación Presidencial para la Promoción de Inversiones, Exportaciones y Facilitación del Comercio Exterior”, la que estará a cargo de un secretario con rango de director general, nombrado por el delegado presidencial para la Promoción de Inversiones, Exportaciones y Facilitación del Comercio Exterior”.
Con la nueva Ley Creadora de la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones todo este esquema de alianza desaparece y se le da absoluto control a la Presidencia sobre el funcionamiento de la misma sin el acompañamiento del sector privado de manera activa.