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LA PRENSA constató la presencia de policías desde Metrocentro hasta la rotonda de Ticuantepe. LA PRENSA/ROBERTO FONSECA

La Policía Nacional fue sancionada este 10 de enero por la Unión Europea. LA PRENSA/Archivo

Estos son los funcionarios y las entidades sancionadas por la UE y EE.UU. en víspera de la toma de posesión de Ortega

A horas de llevarse a cabo el acto de la toma de posesión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fueron sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos 12 funcionarios y 3 entidades ligadas al régimen. Te indicamos quienes son

A horas de llevarse a cabo el acto de la autoinvestidura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la tarde de este 10 de enero, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, decidieron aplicar sanciones, a al menos una docena de funcionarios y tres entidades ligadas al régimen orteguista, vinculadas a la violación de derechos humanos y a socavar la democracia.

Este 10 de enero de 2022, Ortega tomará posesión por cuarta vez consecutiva para un mandato de cinco años con la declaración de ilegitimidad por la comunidad internacional. LA PRENSA presenta la lista de los sancionados de este lunes:

Camila Ortega Murillo

Camila Antonia Ortega Murillo es hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asesora presidencial, coordinadora de la Comisión de Economía Creativa y directora de Canal 13.

Fue designada por el Consejo de la Unión Europea por participar estrechamente en actividades de apoyo a la pareja presidencial conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en calidad de asesora de la presidencia, asistente personal de la vicepresidenta (Murillo) y coordinadora de la Comisión de Economía Creativa. Asimismo señalan que por ser la directora de la plataforma Nicaragua Diseña y de la cadena televisiva Canal 13.

“Es responsable de utilizar la cadena Nicaragua Diseña para apoyar las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales”, detalla la resolución del Consejo.

Nicaragua Diseña, fotógrafo español, Alfonso Almendros
Camila Ortega Murillo (en el centro), hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es quien preside la organización de Nicaragua Diseña LA PRENSA/ REPRODUCCIÓN

Agregan que “como directora de Canal 13, ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica y al mismo tiempo ha limitado la la pluralidad editorial y perseguido a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, anulando la libertad de expresión y toda competencia electoral efectiva”, agregan.

También la señalan de desempeñar “un papel central en la supresión del pluralismo político y en la desarticulación definitiva de la democracia nicaraguense. Por lo tanto, está asociada con personas responsables de socavar la democracia y de graves violaciones de los derechos humanos y apoya dicha represión y dichas violaciones”.

En junio de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también sancionó a Camila Ortega Murillo, por apoyar “al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, perpetrado violaciones de derechos humanos contra civiles, promulgado leyes represivas con serias consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios de comunicación independientes».

Laureano Ortega Murillo

Laureano Facundo Ortega Murillo, de 39 años, es el tercero de los hijos de Ortega y Murillo, es asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional en ProNicaragua y delegado de la Presidencia en temas económicos y políticos ante Rusia y China.

El Consejo lo señala de “participar estrechamente en actividades de apoyo a la pareja presidencial de Nicaragua, como asesor de la Presidencia. Ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal de líderes políticos y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes a los que ha calificado de “terroristas”. Al contribuir a la eliminación de al competencia electoral efectiva, ha desempeñado un papel central en la supresión del pluralismo político y la desarticulación definitiva de la demicracia nicaragüense”.

Laureano Ortega Murillo, hijo de Rosario Murillo y Daniel Ortega. LA PRENSA / TOMADA DEL 19 DIGITAL

Laureano Ortega, además ha “ejercido como de asesor financiero de su padre, Daniel Ortega, y del régimen de Ortega a través de la agencia estatal ProNicaragua. Además es responsable de la explotación de BanCorp, una entidad cuyo principal objetivo es auxiliar, participar y prestar apoyo económico a las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo”.

A Laureano Ortega Murillo, también lo han alcanzado las sanciones impuesta por el Departamento del Tesoro de los EE.UU., a quien señalan de de involucrarse en redes de corrupción y por lavado de dinero.

Brenda Rocha

Brenda Isabel Rocha Chacón, actual presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE).

“Desde mayo de 2021, es la presidenta del CSE, el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático”, explica la resolución del Consejo.

Asimismo reiteran que “el CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y se aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas. Por lo tanto, es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.

La magistrada electoral Brenda Rocha fue nombrada en un año clave de la crisis sociopolítica en Nicaragua. LA PRENSA/ ARCHIVO/ JADER FLORES

Cairo Amador

Cairo Melvin Amador Arrieta es el vicepresidente del CSE. Es analista político y académico. Es aliado del Frente Sandinista, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz creada por la Asamblea Nacional controlada por los diputados sandinistas y mejor conocida como la Comisión Porras por ser una iniciativa del presidente de la Asamblea, Gustavo Porras. Este organismo fue creado por el régimen para crear su versión de lo ocurrido durante las protestas civiles en 2018 y  ocultar y negar la masacre ocasionada por la represión policial y parapolicial.

Cairo Amador, magistrado del CSE. LAPRENSA/ARCHIVO

Amador es hermano del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador. Fue sancionado por el Consejo de la UE, por las misas razones que Rocha Chacón.

Lumberto Campbell

Lumberto Ignacio Campbell Hooker es magistrado del CSE.

La UE, lo designó por dirigirse a los medios de comunicación durante las elecciones del 7 de noviembre de 2021 para “justificar y elogiar a su organización”.

Lumberto Campbell nació en Bluefields, el 3 de febrero de 1949. LA PRENSA

Por su involucramiento en los procesos electorales fraudulentos para favorecer al FSLN, Campbell también ha sido sancionado por EE. UU. en noviembre del 2019. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Nahima Díaz

Nahima Janet Díaz Flores es directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor), es hija del jefe de la Policía orteguista, Francisco Díaz, quien es consuegro del dictador Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. 

Su padre (Francisco Díaz) está sancionado por violación a los derechos humanos de los nicaragüenses por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido, al ser señalado en informes de organismos internacionales de ser responsable de dirigir la masacre contra las manifestaciones sociales que estallaron en abril del 2018, y la represión que persiste contra el pueblo.

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Nahima Díaz, directora de Telcor e hija del jefe de la Policía, Francisco Díaz. LA PRENSA/ TOMADA DE PRESIDENCIA

Ahora el Consejo de la EU, aplica sanciones a Nahima, por ser “directora de Telcor, ente regulador de las telecomunicaciones y servicios postales. Telcor ha sido empleado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, entre ellos a tres organizaciones de agencias de información desde el 2018. Durante la campaña electoral de 2021, Telcor puso en marcha varias campañas de desinformación a gran escala”.

Añaden que “como institución encargada de ejecutar la “Ley de Ciberdelito”, Telcor ha dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática. En el ejercicio se su cargo, Nahima Díaz Flores se ha mostrado partidaria del régimen de Ortega y ha dirigido y llevado a cabo actividades de desinformación y vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática a través de Telcor. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua”.

Luis Ángel Montenegro

Luis Ángel Montenegro Espinoza, superintendente de Bancos de Nicaragua. El Consejo de la UE, argumentó que “en el ejercicio de su cargo, es responsable de la persecución de los agentes financieros que se opusieron a las políticas del régimen de Ortega, así como del control del régimen del sector financiero”.

La UE sostiene que Ortega lo nombró directamente para ese cargo, como premio a su lealtad. “En su anterior cargo, como contralor general de la República, veló porque las actividades financieras corruptas de Ortega no fuesen objeto de auditorias y contribuyó de igual modo al control del régimen por parte de Ortega. Por lo tanto, es responsable de socavar el Estado de Derecho en Nicaragua, así como de represión de la sociedad civil y la oposición democrática”, señala la UE.

Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional saluda a Luis Ángel Montenegro. LA PRENSA/Archivo

Entidades sancionadas

Este lunes, la UE también sancionó a tres instituciones estatales: la Policía, el Consejo Supremo Electoral y Telcor.

La Policía

El Consejo de la UE, argumentó que la Policía Nacional de Nicaragua, como institución es “responsable de infligir tratos degradantes, entre ellos tortura física y psicológicas, a quienes se opusieron al régimen de Ortega”. Asimismo señalan a esta institución de “ser la responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, estudiantiles y campesinos o periodistas independientes, sin garantías jurídicas ni democráticas”.

“La intervención de la Policía Nacional resultó determinante para que Daniel Ortega se librara de competir con una verdadera oposición democrática durante las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. Antes de dichas elecciones, la Policía Nacional ejerció una vigilancia y persecución continuas de los líderes de oposición, allanando moradas ilegalmente y deteniendo arbitrariamente a miembros de la oposición, y amenazó sistemáticamente a empleados públicos”, agrega la resolución.

A la vez, recuerdan que en 2018 “la Policía Nacional estuvo involucrada en los asesinatos de manifestantes pacíficos en toda Nicaragua”.

La violencia desatada por la represión a las protestas ciudadanas vino principalmente por parte de la Policía. FOTO/ ARCHIVO/ O. Navarrete

Cabe mencionar que en marzo de 2020, el departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua, y a altos cargos policiales, como a los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina,  jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y el comisionado mayor Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua.

También está sancionados Ramón Avellán, subdirector de la Policía y el primer comisionando Francisco Díaz, director general de la institución.

Consejo Supremo Electoral

De acuerdo con el Consejo de la UE, “el CSE es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales socavaron las instituciones y los procesos democráticos por falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático”.

Sostiene que el CSE “privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y se aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas. Por lo tanto, es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.

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El Consejo Supremo Electoral en Nicaragua es dominado por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). LAPRENSA/ARCHIVO

Telcor

El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua (Telcor), ente regulador de las telecomunicaciones y servicios postales, “ha sido empleado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, entre ellos a tres organizaciones de agencias de información desde el 2018 y después de las elecciones generales de 2021.

Insisten en que, durante la campaña electoral de 2021, Telcor puso en marcha varias campañas de desinformación a gran escala. “Como institución encargada de ejecutar la “Ley de Ciberdelito”, Telcor ha dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática. En el ejercicio se su cargo, Nahima Díaz Flores se ha mostrado partidaria del régimen de Ortega y ha dirigido y llevado a cabo actividades de desinformación y vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática a través de Telcor. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar la democracia en Nicaragua”.

Telcor emite acuerdo administrativo que buscaría sancionar a las empresas de telecomunicaciones que no cumplan horario de atención al cliente, en un intento por evitar que estas participen en paros nacionales. LA PRENSA/ ARCHIVO
LA PRENSA/ ARCHIVO

Sancionados por EE.UU.

A los minutos de conocerse las sanciones de la UE, Estados Unidos anunció que agregaba a su lista a seis funcionarios más. El gobierno estadounidense confirmó que estas acciones fueron tomadas en conjunto con las sanciones de la UE.

Las sanciones alcanzan a miembros del Ejército de Nicaragua, a la ministra de Defensa, al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor), y a la Empresa Minera Nicaragüense (Eniminsa), de propiedad estatal.

Bayardo De Jesús Pulido Ortiz, general de brigada y jefe del departamento de personal y cuadros del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del Instituto Militar de Bienestar Social (IPSM).

General de brigada y jefe del departamento de personal y cuadros del Ejército de Nicaragua, Bayardo Pulido. Tomada del 19 Digital.

Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, general de división y jefe del estado mayor general del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM.

general de división y jefe del estado mayor general del Ejército de Nicaragua, Bayardo Rodríguez. Toma del Ejército.

Rosa Adelina Barahona De Rivas, ministra de Defensa de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM.

Rosa Barahona, ministra de Defensa de Nicaragua.

“El Ejército de Nicaragua no solo se negó a ordenar el desarme y desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapoliciales” durante y después de los levantamientos políticos, sino que también proporcionó armas a los parapoliciales que cometieron actos de violencia contra los nicaragüenses”, argumentó el contra estos tres funcionarios militares.

Celina Delgado Castellón, directora general adjunta de Telcor y miembro del directorio de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) en representación de Telcor.

Celina Delgado Castellón, directora general ajunta de Telcor. Tomada del 19 digital.

Estados Unidos, también sancionó este lunes a Nahima Díaz (directora de Telcor).

Estados Unidos, explicó que se aplicaron sanciones a las funcionarias de Telcor, porque el 1 de noviembre de 2021, Meta (antes Facebook Inc.) eliminó una granja de trolls de más de 1,000 cuentas de redes sociales administradas por el régimen de Ortega-Murillo, principalmente operadas por empleados de TELCOR, para influir en la opinión pública a favor del régimen y difundir negativas propaganda sobre la oposición.

Además, recordó que Telcor “suspendió la licencia de funcionamiento del Canal 21 de televisión luego de que el ex candidato presidencial y director del Canal 21, el reverendo Guillermo Osorno del partido Camino Cristiano de Nicaragua denunciara públicamente anomalías en el proceso electoral. Desde 2007, el régimen se ha dirigido a los medios de comunicación en un esfuerzo por silenciarlos, a menudo utilizando TELCOR como una herramienta de represión”.

Ramón Humberto Calderón Vindell, general de división retirado, ex presidente de la junta directiva de la empresa petrolera estatal nicaragüense Petróleos de Nicaragua y presidente de la junta directiva de Eniminas.

General en retiro Ramón Humberto Calderón Vindell.

“La creación del gobierno de Nicaragua en 2017 de Eniminas, de propiedad estatal, aumentó la participación estatal en el sector minero, especialmente en la extracción de oro, a través de empresas conjuntas con empresas privadas. El valor de las exportaciones de oro de Nicaragua ha aumentado dramáticamente en los últimos años, impulsando las ganancias de sus aliados en el sector privado y aumentando los ingresos de Eniminas, que administran figuras importantes del partido gobernante. Debido a que Eniminas es propiedad o está controlada por, o actúa para o en nombre del Gobierno de Nicaragua, los funcionarios de Eniminas son, por lo tanto, funcionarios del Gobierno de Nicaragua”, expresó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su comunicado.

Los efectos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que los alcances de estas sanciones se traducen en que “Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más en total de una o más de dichas personas”. 

Agrega además que “las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”.

Indica que “las sanciones impuestas hoy no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para alentar un cambio positivo de comportamiento por parte de las personas identificadas y el régimen autoritario que apoyan. Estados Unidos ha dejado en claro que la eliminación de sanciones puede estar disponible para personas y entidades designadas… que toman medidas concretas y significativas para promover la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”.

Política Daniel Ortega EE.UU. Nicaragua Sanciones a Nicaragua Unión Europea archivo
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