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La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó el jueves una declaración en la que condena a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Los congresistas también instan al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Exteriores a “retirar la Embajada Paraguaya ante dicho país concurrente en Panamá”.
Esta sería la tercera suspensión diplomática que enfrentaría el régimen, luego que el dictador Daniel Ortega anunciara el pasado 19 de julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Panamá y República Dominicana llamaron recientemente a consultas a sus embajadores.
“A solicitud del diputado nacional Luis Federico Franco (PLRA-Central), Sobre Tablas (de manera inmediata y directa en la sesión), la Cámara de Diputados concedió aprobación al proyecto de declaración ‘Que condena la dictadura en Nicaragua e insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Relaciones Exteriores, a retirar la Embajada Paraguaya ante dicho país concurrente en Panamá’”, se lee en una publicación del sitio web del Poder Legislativo paraguayo.
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Actualmente, Enrique Jara Ocampos es quien funge como embajador de Paraguay en Panamá. Desde el país canalero, Jara es concurrente en Nicaragua, Honduras y Venezuela, según se lee en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.
En la publicación de este jueves, los diputados paraguayos destacan que con la declaración envían “un mensaje claro de que las decisiones tomadas por el Gobierno de Nicaragua han llegado a un límite que afectan seriamente las relaciones diplomáticas con nuestro país (Paraguay)”.
Situación de Nicaragua es “extremamente grave”
Paraguay es gobernado actualmente por el centroderechista Santiago Peña. Llegó al poder el 15 de agosto de 2023 y lo deberá entregar en 2028. Ese país ha sido crítico de la dictadura Ortega-Murillo, principalmente en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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Es precisamente ese órgano del sistema interamericano el que presiona al régimen con una reunión de cancilleres prevista para finales de septiembre. Los ministros de Relaciones Exteriores analizarán la situación de Nicaragua y decidirán qué acciones tomar frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En la sesión de la OEA, el pasado 5 de agosto, Raúl Alberto Florentín Antola, embajador y representante permanente de Paraguay, catalogó de “extremamente graves” las declaraciones del dictador Daniel Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua y la decisión de modificar nuevamente la Constitución Política.
Panamá y República Dominicana llamaron a consultas a sus embajadores
Tanto la decisión de Ortega de abolir las elecciones, así como la aprobación en primera legislatura de la reforma constitucional que elimina la participación de la oposición y extiende el período de gobierno por siete años, recibieron el rechazo de la comunidad internacional.
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Dos Estados parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) fueron los primeros en reaccionar, e incluso llamaron a consultas a sus embajadores. El primero fue el gobierno de José Raúl Mulino en Panamá, llamó a su embajador en Nicaragua, Eddy Davis Rodríguez, el 21 de julio de 2026.
Lo mismo hizo el gobierno del presidente Luis Abinader en República Dominicana. El 23 de julio llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua, Acsamary Guzmán Nina, tras insultos de la dictadura Ortega-Murillo. Los codictadores acusaron a la administración de Abinader de tener “voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones”. Un mes y 17 días después, sin dar explicaciones, la dictadura cerró su embajada en Santo Domingo.
