Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió al Departamento de Estado informar al Congreso sobre las acciones para apoyar una “transición democrática en Nicaragua”, que incluyan el restablecimiento de las libertades fundamentales y las instituciones independientes, así como medidas para reducir la dependencia del país respecto de China.
La solicitud está contenida en el informe 119-631, que acompaña al proyecto de Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año fiscal 2027 (H.R. 8595). El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio. El proyecto H.R. 8595 fue recibido dos semanas después en el Senado, donde aún no ha sido aprobado, por lo tanto no es ley todavía.
“A más tardar 90 días después de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, el Secretario de Estado presentará a las Comisiones de Asignaciones un informe sobre las medidas adoptadas para apoyar una transición democrática en Nicaragua”, puede leerse en el reporte sobre Nicaragua respaldado por los congresistas Tom Cole, republicano, y Rosa DeLauro, demócrata, presidente y miembro de mayor rango de la minoría del Comité de Asignaciones, respectivamente.
El proyecto establece que el Gobierno de Estados Unidos disponga de no menos de 15 millones de dólares para programas de democracia y libertad religiosa en Nicaragua en el año fiscal 2027, que inicia el 1 de octubre de 2026 y finaliza el 30 de septiembre del siguiente año.
Puede leer: Secretario de OEA respalda informe del Acnudh sobre Nicaragua y llama a unidad en el hemisferio
No son fondos para un plan de transición
Los 15 millones de dólares son fondos que saldrán de los programas de inversión en seguridad nacional. Estos fondos, según el proyecto de ley, serían para programas de democracia y de libertad religiosa, y no para un plan de transición.
El informe 119-631 apoya la continuidad del financiamiento para programas de democracia en Nicaragua, tal como lo establece el proyecto de ley. Su recomendación, sin embago, no incluye fondos para políticas, programas o actividades en Nicaragua, salvo aquellas que «promueven directamente la libertad, la gobernanza democrática, la libertad religiosa y elecciones legítimas, libres y justas».
Informe solicitado a Rubio incluye el tema de China
El informe que deberá presentar Rubio 90 días después de aprobada la ley debe incluir disposiciones para el “restablecimiento de las libertades fundamentales, las instituciones independientes, los derechos humanos y la libertad religiosa, las medidas para reducir la dependencia de Nicaragua respecto a la República Popular China y las condiciones necesarias para la celebración de elecciones creíbles, libres y justas”.
“Al Comité le preocupa además que la implicación de la República Popular China haya contribuido a mantener este régimen represivo y haya profundizado la alineación de Nicaragua con adversarios autoritarios hostiles a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y a la gobernanza democrática en el hemisferio”, exponen en el informe.
Además, Estados Unidos está preocupado por los “vínculos políticos, económicos y de seguridad del régimen de Ortega-Murillo con Irán”.
Ante el aislamiento internacional, el régimen Ortega-Murillo ha optado por consolidar sus vínculos con China, Rusia e Irán, los tres adversarios de Estados Unidos. Solo las mineras chinas que operan en Nicaragua ya ocupan casi el 10 por ciento del territorio nacional, según Fundación del Río. Además, existen reportes sobre el apoyo en materia de seguridad y adiestramiento de oficiales de la Policía y el Ejército por parte de rusos y chinos.
Preocupación por la situación de Nicaragua
En el documento, el Comité de Asignaciones resalta su “profunda” alarma por el desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte del régimen de Ortega-Murillo, la persecución de la oposición política, el cierre del espacio cívico, los ataques contra los medios de comunicación independientes y la sociedad civil, y las continuas violaciones de los derechos humanos y la libertad religiosa, incluida la grave persecución de la Iglesia católica, las organizaciones benéficas católicas y las organizaciones educativas católicas.
Lea también: Con su reelección en juego, María Elvira Salazar le recuerda a Trump que hispanos «se sienten traicionados»
El régimen Ortega-Murillo lleva 19 años en el poder y ha sido señalado desde 2018 de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos asesinatos, privación de nacionalidad, represión transnacional. Durante esos años se ha encargado de desmantelar el aparato estatal y subordinar todas las instituciones y poderes del Estado. El 1 de septiembre la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que elimina la competencia electoral en las elecciones y busca la perpetuidad en el poder a través de periodos de gobierno de siete años. La disposición ha sido rechazada y condenada por la comunidad internacional.
Respecto a la persecución religiosa, entre el 2019 y la Cuaresma de 2026, el régimen prohibió más de 28 mil procesiones, según documentó la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora de la serie de informes Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?
Puede leer también: Acnudh: Nicaragua, un país impune donde las violaciones a DD. HH. no cesan
“El Comité reitera que el pueblo de Nicaragua merece el restablecimiento de las libertades fundamentales, de instituciones independientes y la oportunidad de elegir a sus líderes mediante elecciones creíbles, inclusivas, libres y justas”, resaltan en el proyecto de ley.
