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La codictadora Rosario Murillo anunció este viernes la excarcelación de otros 1,500 reos comunes que se encuentran en diferentes centros del Sistema Penitenciario Nacional, quienes serán beneficiados el próximo lunes 21 de septiembre bajo medidas legales de convivencia familiar.
Durante su intervención en medios oficialistas, Murillo indicó que las liberaciones se realizarán de manera simultánea en varios penales del país, como parte de los beneficios legales que periódicamente otorga el régimen a personas condenadas por delitos comunes.
«El día lunes vamos a estar participando de beneficios legales de convivencia familiar a 1,500 personas albergadas hasta ahora en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional», confirmó la funcionaria sancionada.
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Según detalló, los beneficiados están distribuidos entre los distintos centros penitenciarios del país: 376 en Tipitapa, Managua; 319 en Granada, 294 en Matagalpa, 131 en Juigalpa, 120 en León, 110 en Estelí, 84 en Bluefields y 66 en Chinandega.
«Todas estas personas, después de haber cumplido un período de resguardo en las dependencias del Sistema Penitenciario por errores o delitos cometidos, retornan a sus hogares y a sus familias», expresó Murillo.

Más indultos de reos comunes
El anuncio se suma a las numerosas excarcelaciones masivas de reos comunes realizadas por el Gobierno en los últimos años. Habitualmente, estas liberaciones se efectúan en fechas cercanas a celebraciones patrias, festividades religiosas o actividades promovidas por el oficialismo.
Esta sería la quinta liberación ordenada por el orteguismo en lo que va de 2026. El último grupo indultado fue de 2,000 reos comunes y ocurrió el pasado 17 de julio en ocasión del Día de la Alegría. Con los 1,500 del próximo lunes, sumarán un total de 7,900 personas fuera de las cárceles este año, mientras mantiene a prisioneros por motivos políticos.
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Entre 2015 y 2025, más de 57,000 reclusos fueron beneficiados con este régimen, según registros oficiales recopilados por medios independientes.
Opositores han señalado que estas excarcelaciones, lejos de responder a una política integral de reinserción social, carecen de transparencia y seguimiento, lo que incrementa la percepción de inseguridad en la población. Las listas de liberados no son públicas, se desconoce el tipo de delitos cometidos por los beneficiados ni cuánto de su condena habían cumplido hasta el cambio de medida.
En sus medios oficialistas, el régimen proyecta estas liberaciones como actos humanitarios, mientras en los penales los actos se convierten en mítines políticos, donde exreos agradecen a Ortega y Murillo por enviarlos a su casa. No obstante, en redes sociales la ciudadanía cuestiona la medida y la vincula con la inseguridad ciudadana.