El congresista republicano Mario Díaz-Balart, presidente de la subcomisión sobre Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, informó que la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para el año fiscal 2027. Este incluye 15 millones de dólares para programas de democracia y religión en Nicaragua, de acuerdo con información publicada por su oficina.
El documento señala además asignaciones de 35 millones para programas de democracia en Cuba, 50 millones para Venezuela y 35 millones para las operaciones de Radio y TV Martí, como parte de los fondos destinados a “promover la libertad en el hemisferio occidental”.
En su intervención, tras la aprobación en la comisión, Díaz-Balart afirmó que la legislación “continúa ese enfoque al promover intereses clave de seguridad nacional y garantizar el uso disciplinado de los fondos de los contribuyentes”.
En ese sentido, el resumen del documento señala que mantiene una financiación robusta para aliados como Israel, Jordania, Egipto y Taiwán, y también para contrarrestar adversarios como la República Popular China, Irán, Cuba y cárteles de la droga. Asimismo, prioriza la política exterior de “América Primero”, con medidas orientadas a redefinir la asistencia exterior, fortalecer la seguridad nacional y exigir mayor alineación de los países receptores con los intereses de Estados Unidos.
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Énfasis en transición democrática en América Latina
En sus declaraciones, durante la sesión plenaria del Comité para la Revisión del Proyecto de Ley de Seguridad Nacional, Díaz-Balart señaló que la propuesta aborda la situación política en la región y reitera su firme apoyo a una “transición democrática hacia la libertad para los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
Añadió que el proyecto incrementa el respaldo a aliados en el hemisferio occidental. “Reconociendo las valiosas alianzas en el hemisferio occidental, que continúan expandiéndose y reajustándose bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y el secretario (Marco) Rubio, el proyecto de ley incrementa el apoyo a nuestros amigos y aliados como Paraguay, Argentina y Costa Rica”, señaló.
Según el congresista, con esto se refuerzan las acciones en materia de seguridad, y sostuvo que “como parte de este esfuerzo, el proyecto de ley aumenta los fondos para la lucha contra el narcotráfico y las labores policiales conexas, incluyendo inversiones para combatir el tráfico de fentanilo, que ha devastado a todas las comunidades de Estados Unidos”.
Seguridad, aliados y control del financiamiento
Según el resumen del proyecto, este año la propuesta establece una asignación discrecional total de 47,320 millones de dólares. Eso representa una reducción de 2.690 millones (6%) en comparación con el año fiscal 2026, y “refleja las prioridades de la agenda America First”.
Asimismo, indica que se “redefine la asistencia exterior para promover la autosuficiencia y fortalecer el crecimiento económico y la estabilidad”, y establece que la asignación de ayuda económica deberá considerar la cooperación de los países receptores en prioridades como cuestiones migratorias, la oposición a adversarios extranjeros, el apoyo a Taiwán y las votaciones en las Naciones Unidas.
Destaca que se priorizan “fondos y políticas para combatir el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos”, al tiempo que se refuerzan los recursos destinados a programas de control de narcóticos y aplicación de la ley.
En materia de restricciones, el proyecto establece que “prohíbe la asignación de fondos a la República Popular China y al Partido Comunista Chino”, así como el uso de recursos destinados a otros países para el pago de deuda contraída con ese país, además de exigir oposición a préstamos en su favor en organismos multilaterales.
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Priorizan apoyo militar a ese país
Además, incluye a Taiwán dentro de las prioridades de política exterior, al señalar que se considerará el “apoyo a Taiwán en foros multilaterales” como criterio para la asignación de ayuda exterior, además de contemplar 500 millones (de dólares) en asistencia militar para ese país, en el marco de los esfuerzos para contrarrestar la influencia de China.
También se incorporan medidas para reforzar la supervisión y el control del gasto, con énfasis en “eliminar el desperdicio, el fraude y el abuso” y garantizar que los fondos se utilicen conforme a las prioridades de seguridad nacional.
Asimismo, contempla reducciones en el financiamiento a organismos internacionales y la eliminación de recursos para ciertos programas considerados incompatibles con los lineamientos de la política exterior estadounidense, como la prohibición de fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y para el Fondo de Población de la ONU (UNFPA), además de restricciones a programas vinculados a clima, género y diversidad.
La alianza peligrosa de Ortega con Rusia
La propuesta de Díaz Balart se conoció un día antes que el Senado de Rusia ratificó un acuerdo para fortalecer la cooperación militar con la dictadura nicaragüense, el principal aliado de Putin en la región. Entre los principales puntos de este pacto se encuentra el fortalecimiento de la cooperación en el intercambio de información sobre asuntos de interés mutuo en el ámbito militar.
El académico Félix Maradiaga consideró el acto como «vendepatria» de parte del régimen de Ortega que convirtió con el mismo a Nicaragua en un satélite de los intereses del autócrata ruso en la región. El país, en otras palabras, se convirtió en una plataforma operativa del Kremlin, porque también las autoridades de ambos países podrán cooperar en materias como «guerra radioelectrónica» o «protección radiológica química y biológica».
«Lo más grave es la amplitud deliberada. Es un acuerdo redactado como un cheque en blanco a favor de Moscú», dijo Maradiaga. El acuerdo tiene una vigencia de cinco años prorrogables. Otro analista sostuvo que el acuerdo con Rusia permitiría fortalecer sus capacidades represivas, algo en lo que Rusia ha sido fundamental para la dictadura Ortega Murillo.
El 30 de abril, a través de un portavoz del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense sostuvo que está al tanto del acuerdo de cooperación militar de Rusia y Nicaragua. Además, advirtió en una declaración enviada a medios de comunicación nicaragüenses que «Estados Unidos seguirá protegiendo sus intereses —políticos, de seguridad, económicos y de cualquier otra índole— frente a la injerencia de China, Rusia, Irán y regímenes autoritarios brutales que buscan amenazar la estabilidad de nuestro hemisferio». Una declaración que, a juzgar por el proyecto de Díaz Balart, guarda congruencia con el legislativo estadounidense.