La calificadora internacional de riesgos financieros S&P Global mejoró la calificación de largo plazo para Nicaragua, reconociendo la recuperación económica del régimen de Daniel Ortega, pero advierte que puede volverla a bajar, dependiendo entre otras cosas, de la situación política.
En la actualidad el régimen de Ortega mantiene encarcelados a más de 200 presos políticos y persiste en el cierre de organizaciones no gubernamentales, además de cerrar el espacio para los medios de comunicación independientes y mantener la persecución contra la Iglesia católica.
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“Podríamos bajar las calificaciones en los próximos seis a 18 meses si la actual recuperación económica de Nicaragua se vería socavada por una demanda interna y externa más débil, o por posibles efectos negativos, choques o tensiones políticas inesperadas“, indica el informe publicado este martes.
El aumento de las presiones sobre el Sistema Financiero nacional que perjudique la estabilidad “también podría llevarnos a bajar la calificación”, añade.
En el informe, publicado este martes, la firma internacional elevó la calificación crediticia soberana para Nicaragua de B- a B. “La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de recuperación económica continua y prudencia fiscal, a pesar de un escenario externo desafiante”, indica.
La calificadora tiene una escala que va desde AAA (la mejor) hasta D. Incluyen las escalas AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, SD y D.
La actual calificación otorgada a Nicaragua, significa que condiciones adversas del negocio, financieras o económicas, probablemente perjudicarían la capacidad o voluntad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros.
Existen otras calificadoras de riesgo internacionales, cada una con su propia escala.
S&P señala que la economía de Nicaragua “se está recuperando luego de sucesivos choques internos y externos durante años recientes. Las políticas fiscales y monetarias cautelosas han estabilizado la economía y deberían apoyar crecimiento continuo del PIB”.
La firma agrega que la perspectiva estable “refleja nuestra visión de una recuperación económica continua, junto con la recuperación fiscal y políticas monetarias que sustenten la estabilidad económica en medio de un complejo escenario internacional de mayor la inflación y el aumento de las tasas de interés”.
Advierte que las calificaciones de Nicaragua reflejan su bajo ingreso per cápita, debilidad institucional, vulnerabilidad a choques externos y flexibilidad monetaria limitada.
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Por otra parte, “las calificaciones incorporan la capacidad del Gobierno para estabilizar la economía, tras las graves perturbaciones de los últimos años a través de medidas activas y oportunas de política fiscal y monetaria”.
Las calificaciones también reflejan la expectativa de bajos déficits fiscales, niveles de deuda pública estables en términos generales y un Sistema Financiero resistente, “que se ha ido recuperando de un período de gran tensión”.
Esta semana el régimen presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República, en el que llama la atención por presentar un superávit (más ingresos que gastos).
Gracias a exportaciones y remesas
S&P asegura que la recuperación económica de Nicaragua está siendo impulsada por la demanda externa, gracias al aumento de las exportaciones y remesas.
“La economía de Nicaragua se está recuperando, respaldada por fuertes remesas que sustentan consumo, términos de intercambio favorables que impulsan las exportaciones tradicionales y buena demanda externa de exportaciones de las zonas francas del país. La recuperación sigue a una recesión de tres años durante 2018-2020 por la situación económica provocada por la agitación política en 2018, la pandemia por covid-19 y desastres naturales”, indica el informe.
“Esperamos un crecimiento del PIB del 3 por ciento al 4 por ciento en los próximos tres años, por debajo del ritmo anterior a la crisis de 2018 de alrededor del 5 por ciento. Las instituciones del país continúan con restricciones en la calificación, con controles y equilibrios débiles”, agrega.
El débil Estado de derecho y posibles sanciones
“La institucionalidad política de Nicaragua es de debilidad crediticia, con alta concentración de poder en la Presidencia, pocos frenos y contrapesos entre las instituciones y débil Estado de derecho. El presidente Daniel Ortega, del gobernante Partido Sandinista, ahora cumple su cuarto período consecutivo (2022-2027)”.
Hace referencia también a lo que califican de “controversias” en torno a la imparcialidad de las elecciones nacionales celebradas en 2021, incluida la descalificación de varios candidatos de la oposición, lo que “podría sostener la política interna, polarización y conducir potencialmente a más sanciones internacionales”.
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“Esperamos que el Gobierno siga dando prioridad a la estabilidad económica, incluida una actitud cautelosa, enfoque de las políticas fiscal y monetaria. Sin embargo, el continuo estancamiento político entre el Gobierno, los partidos de oposición y otros sectores de la sociedad podrían afectar negativamente a largo plazo las perspectivas de crecimiento del PIB, así como limitan el acceso de Nicaragua a los préstamos oficiales de organismos multilaterales”, agrega.
Empresarios y Gobierno
S&P refiere que “la relación una vez estrechamente organizada entre el sector privado y el Gobierno, coordinados a través de varias cámaras de comercio, finalizaron con la agitación política de 2018. Los lazos entre los sectores público y privado ahora son menos institucionales”.
El régimen de Ortega mantiene prisioneros al expresidente y exvicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, además del antecesor de Healy en el cargo, José Adán Aguerri.
No obstante, menciona, que la inversión privada y extranjera se ha recuperado, con la entrada directa de inversión extranjera (IED), actualmente de vuelta a los niveles anteriores a 2018.
“El mercado laboral sufre una caída de tasas de participación y mayor informalidad, así como flujos migratorios. En este contexto, esperamos el crecimiento del PIB será del 3 % al 4 % en los próximos tres años, por debajo del fuerte ritmo de crecimiento anterior a la crisis de 2018. alrededor del 5 %”, augura.
Los pronósticos de S&P incorporan una recesión poco profunda en los Estados Unidos, pero advierte que un crecimiento económico más débil en América del Norte afectaría directamente a Nicaragua, a través de las exportaciones y las remesas.
Menor financiamiento externo
Para S&P, “el legado de las protestas políticas en 2018, incluida la presión internacional contra la administración orteguista, ha afectado la capacidad del Gobierno para obtener financiamiento externo. Estos eventos llevaron a EE. UU. a oponerse a nuevos préstamos a Nicaragua por parte de algunos bancos multilaterales de desarrollo, otros para fines humanitarios (los préstamos ya aprobados pero no desembolsados) no se ven afectados por esta política”.
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Para la calificadora, “Nicaragua mantendrá su acceso al crédito externo para cubrir las necesidades de financiación del Gobierno en los próximos años. Sin embargo, es probable que la incertidumbre persista dado el riesgo de nuevas sanciones del Gobierno de EE. UU. o la disminución del acceso a prestamistas oficiales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial”
También hace referencia al financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que “ha aumentado significativamente en los últimos años (tasas de interés algo más altas que las de otros prestamistas multilaterales)”.
Las condiciones para seguir mejorando la calificación
S&P expone también que las calificaciones podrían mejorar para Nicaragua, siempre que se garanticen las condiciones que cita, entre ellas la estabilidad política.
“Podríamos subir las calificaciones durante los próximos seis a 18 meses si las condiciones políticas y políticas son favorables. Los acontecimientos aumentan la confianza de los inversores, conducen a un crecimiento económico superior al esperado y mejoran el acceso del soberano a la financiación externa”.
Agrega que un historial de fortalecimiento económico y resultados fiscales que reduzcan la exposición de Nicaragua a choques externos negativos de manera sostenible podría conducir a una actualización de las calificaciones.