En una acción que calificó de inaudita, la Dirección de Migración y Extranjería impidió que el abogado nicaragüense Francisco Omar Gutiérrez regresara a Nicaragua procedente de Estados Unidos.
El litigante fue designado por la familia de monseñor Leonardo Urbina Rodríguez como su abogado defensor, y aunque el papá del sacerdote ha interpuesto siete escritos para designar al defensor privado, el juez Edén Aguilar no ha dado lugar a las solicitudes, lo que ha provocado que sea un proceso lleno de irregularidades.
Gutiérrez, quien tiene 29 años de ejercer como abogado, salió del país el pasado 9 de septiembre para visitar a unos familiares en la Florida, Estados Unidos. Su sorpresa fue que el miércoles 14 de septiembre recibió un correo de la línea aérea Avianca, donde le informaban que su entrada a Nicaragua que estaba programada para este jueves, no había sido autorizada por Migración y que no le permitirían embarcar.
Cabe recalcar que Francisco Omar Gutiérrez es nicaragüense, originario de Boaco, y el régimen le está prohibiendo la entrada a su propio país. «Me suprimen como individuo, como ciudadano, como nicaragüense, me desaparecen en los papeles como persona», añadió el reconocido abogado.
En el limbo
El abogado lamentó que «acaban con 30 años del ejercicio de mi profesión, nunca he sido amonestado en el ejercicio de mi profesión porque he actuado con profesionalismo, con ética».
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Gutiérrez también expresó que lo dejan en el «limbo» porque su pasaporte está próximo a vencerse.
Francisco Omar Gutiérrez fue nombrado por José Ángel Urbina, papá del sacerdote, como el abogado defensor, pero el juicio por abuso sexual y violación contra monseñor fue celebrado y él fue representado por la defensora pública Jennifer Elliett Hernández Granera.
El párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de Boaco, fue condenado a 49 años de cárcel, de los cuales cumplirá 30 (por mandato constitucional) en la cárcel Modelo, de Managua.
Negativa a tener abogado de su elección
José Ángel Urbina también introdujo apelación de la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) no se ha pronunciado. La defensora pública hizo lo mismo, a pesar que la familia insiste que le sea nombrado su abogado privado.
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“Como permite el Art. 102 CPP (Código Procesal Penal) cuando se trata de privados de libertad como mi hijo, a quien no hemos visto ni tenido ningún contacto en siete semanas, pido por séptima ocasión se tenga como defensor privado de nuestra elección en sustitución de la defensora pública que compareció ofreciendo sus servicios y usted le escogió”, señala el documento dirigido al juez Edén Aguilar, titular del juzgado Tercero Especializado en Violencia de Managua.
“A mi hijo se le tramitó proceso y se realizó juicio, se declaró culpabilidad y se le condenó con negativa a tener como defensor al abogado de elección y se impuso una defensora pública, a quien nunca hemos visto o conversado ni le conocemos ni confiamos, situación que se mantiene hasta hoy”, refiere el escrito.
El caso del abogado Francisco Omar Gutiérrez se suma a los del padre Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, a quien no le fue permitido regresar a Nicaragua; y también al de la socióloga, activista y feminista María Teresa Blandón.
