En un proceso que varios juristas han calificado de poco transparente, monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años, fue condenado a 49 años de cárcel por abuso sexual y violación a una menor de edad.
El párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de Boaco, cumplirá 30 años en la llamada cárcel La Modelo en Tipitapa. Esa es la pena máxima para los delitos que no están contemplados en la Ley 1058, mejor conocida como Ley de cadena perpetua.
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El sacerdote es acusado de dos delitos de abuso sexual, por los que fue sentenciado a 12 años de cárcel por cada uno, y a 25 años de prisión por violación a menor de 14 años.
Indefensión
Una de las primeras críticas al proceso judicial fue que a la familia no le permitieron que se contratara a un abogado privado, a pesar de haber interpuesto varios escritos para designar un litigante. El padre fue defendido por Jennifer Elliett Hernández Granera, de la Defensoría Pública.
El abogado Yader Morazán criticó que a monseñor no le dejaran escoger su abogado privado. «Trabajé muchos años con víctimas de violencia y conozco muy bien cómo deben de ser estos procesos, por eso digo: si el sacerdote es responsable de algo, que lo procesen y condenen, pero no bajo las condiciones de indefensión e irregularidades en que lo hicieron».
En el juicio, que se celebró en dos audiencias, declararon 10 testigos. La defensora pública no llevó testigo alguno.
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Un abogado que omitió su nombre para evitar represalias por estar en el país, expresó que la Defensoría Pública insiste en estar personados en el juicio y no han permitido que un abogado privado defienda a monseñor, a pesar de los cinco escritos que ha interpuesto la familia para que se nombre un defensor de su elección. «El argumento de ellos es que no podían abandonar al acusado, y no han dejado, a como dice la ley, un abogado de su elección», añadió el jurista.
Familia no lo ha visto
Una fuente ligada a las investigaciones expresó que Clarissa Ibarra Rivera, jefa de la Defensoría Pública, había prometido al papá de Urbina que iba a poder hablar con él en la lectura de sentencia, pero luego nunca le contestó el teléfono y la familia se enteró de la pena hasta que salió en las noticias.
Desde que el padre Urbina fue detenido, el pasado 13 de julio, no ha tenido contacto con su familia.
El abogado entrevistado declaró que ni siquiera se han hecho públicas las actas del juicio, «lo único que hicieron público fue la sentencia y el acta de notificación». Y añadió: «Nunca se había visto, del Sistema Nicarao eliminaron toda la información, es la primera vez que veo esto, aquí no hay reglas».
«¿Por qué ocultar todo esto? Si lo iban a juzgar, que lo juzguen, con pruebas pues, que alguien fiscalizara, supiera», agregó el abogado bajo anonimato.
No han regresado camioneta
El juez Edén Aguilar, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia de Managua, fue quien condenó a Urbina. El judicial se valió del testimonio de 10 personas.
La primera en declarar fue la abuela materna, quien denunció el caso ante la Policía y dijo que desde el 11 de julio su nieta de 12 años fue llevada a un centro de protección del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan).
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Luego declaró la adolescente, su abuela paterna y la mamá de la menor.
De ahí los declarantes fueron la teniente Xochitl María Bobadilla, detective de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ), quien solo llegó a decir que ocuparon la camioneta blanca en la que se movilizaba monseñor y en la que presuntamente ocurrieron los delitos en tres distintas fechas: diciembre 2021, enero 2022 y abril 2022.
Dicha camioneta no ha sido regresada a la Diócesis de Granada. Una fuente vinculada a las investigaciones declaró que la Iglesia católica envió una carta a la Policía para que le regresaran el vehículo, pero la carta no la quisieron recibir.
La siguiente testigo fue la suboficial Yaciris del Carmen Oporta Urbina, de la Comisaría de la Mujer de Boaco, quien recibió la denuncia.
La séptima declarante fue la subinspectora Mirna de los Ángeles Ramírez Pérez, detective de la DAJ, quien levantó el acta de detención.
Forenses no llegaron a declarar
El perito Delvin Francisco González Pérez realizó la inspección del lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos, en la carretera Boaco-Managua.
Los últimos dos testigos fueron el forense Luis Moreno Muñoz, de Managua, quien llegó a interpretar el dictamen forense de la doctora Carolina del Socorro Aguinaga Valle, de Boaco; y la psicóloga forense María Lucía Calvo Gutiérrez, quien interpretó el dictamen elaborado por la licenciada Olga Yessenia Granados Pravia.
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A pesar de la relevancia del caso, los dos forenses que entrevistaron y revisaron a la víctima no llegaron a declarar al juicio y los dictámenes fueron «interpretados» por los trabajadores de Medicina Legal de Managua.
«Al juicio no comparecieron las dos pruebas más importantes después de la declaración de la víctima», dijo el abogado Yader Morazán y agregó en un tuit: «Es decir, quien simuló la defensa del sacerdote no tenía cómo cuestionar el proceso de extracción, procesamiento y conclusión de ambas evidencias forenses, porque estas personas fueron sustituidas por personal del IML-Managua, quienes se limitaron a dar lectura a los dos dictámenes».
Morazán cuestionó que el proceso es anulable por estar plagado de irregularidades. «Sin referirme a que si los hechos acusados son reales o no, lo que acá vemos de nuevo es un proceso anulable por estar plagado de muchas irregularidades, pese a que ellos tenían y tienen a todo el aparato estatal para hacer cualquier cosa que al menos aparente algo de legalidad».
La familia del sacerdote interpondrá un recurso de apelación y esperan que en esa nueva parte del proceso judicial monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez sea defendido por un abogado de su elección.
