Fuentes eclesiásticas confirmaron a LA PRENSA que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de Migración y Extranjería, prohibieron el ingreso al país al padre Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo, ubicada en la segunda entrada a Las Colinas, en Managua.
“El padre estuvo dos meses de viaje en Estados Unidos y hoy le tocaba regresar a Nicaragua, pero le prohibieron embarcar por órdenes de Migración y Extranjería. El domingo le enviaron un correo y ayer otro confirmando”, informaron las fuentes.
La salida del padre García del país se realizó con toda normalidad, indicaron las fuentes ligadas a la Iglesia. Iba de vacaciones donde sus familiares a Miami, a quienes no veía desde hace tres años.
En mayo pasado, la parroquia Santo Cristo, de Las Colinas permaneció por al menos cinco días bajo asedio policial, luego de que monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, se refugiara en ese lugar, tras ser asediado todo un día por la Policía del régimen.
El obispo Álvarez, quien desde el 5 de agosto pasado se encuentra casa por cárcel, denunció la noche del jueves 19 de mayo que la Policía lo persiguió todo ese día y que al final de la tarde los agentes entraron en su “círculo de privacidad familiar”, por lo que decidió resguardarse en la parroquia de Santo Cristo de Las Colinas, donde monseñor Carlos Avilés lo acogió como huésped.
Durante esos días, las cuatro calles que bordean la iglesia estaban custodiadas por policías y en la calle donde se encuentra el acceso principal al templo había un retén policial que impedía el paso.
Sin embargo, con la salida de Álvarez de la parroquia Santo Cristo, el lunes 23 de mayo, para regresar a su sede episcopal, el asedio policial se trasladó a Matagalpa.
Desde el 2018, en el contexto de represión armada contra las protestas civiles, los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica han sido blanco de ataques verbales y agresiones físicas de parte del régimen de Daniel Ortega, por demandar el respeto a los derechos humanos.
Actualmente, el régimen mantiene presos a siete religiosos, un obispo casa por cárcel y dos sacerdotes han sido condenados por supuestos delitos comunes, en un contexto de ataques contra la Iglesia católica.
