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Los femicidios se han registrado en las zonas rurales del país. LA PRENSA / Archivo

Ortega enfrenta con propaganda incremento de violencia contra la mujer

En medio del incremento de casos y el agravamiento de las formas de violencia contra las mujeres en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega hace alarde de cartilla y comisarias de la Mujer, Niñez y Adolescencia

Martha Rosa Peña Ñurinda, de 40 años, habitante de Tisma, Masaya, es la víctima más reciente de la violencia machista. Ella lucha por su vida en un hospital capitalino donde atienden las heridas que su expareja le provocó con un machete. Su familia espera que ocurra un milagro y de ser así, Martha Rosa se sumará a las 70 mujeres que en los siete meses transcurridos del 2022 han sido víctimas de femicidios frustrados.

Otras 37 mujeres no pudieron sobrevivir a los ataques de odio y fallecieron producto de la violencia machista. En medio del incremento de casos y el agravamiento de las formas de violencia contra las mujeres en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega hace propaganda con una cartilla contra el femicidio y continúa reabriendo las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, que ellos mismos fueron desapareciendo en 2016.

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A criterio de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, con una “cartilla” no se resolverá un problema que en los últimos quince años no ha sido abordado adecuadamente, y con respecto a las supuestas comisarías, recuerdan que estas no son más que una oficina en una delegación policial, por tanto es una mentira que se estén reabriendo o que atiendan como es debido los casos de denuncia.

Además, aseguran que estas acciones no compensan la ausencia de leyes, políticas y estrategias públicas consistentes para prevenir la violencia, garantizar el acceso a la justicia para acabar con la impunidad y atender a las víctimas. A esta ausencia se suma el desmantelamiento de una red de organizaciones de la sociedad civil que coadyuvaban porque la responsabilidad es únicamente del Estado. Ortega se ha ensañado contra las organizaciones feministas.

“Parece más una cartilla de propaganda”

“Esto que llaman cartilla parece más un material de propaganda. No hay ahí ningún planteamiento respecto de cuál sería la estrategia del Gobierno para atender la problemática. Parece más una cartilla de propaganda de supuestos logros del Gobierno en relación a los derechos de las mujeres. De todas maneras, la realidad e incluso las cifras dicen otra cosa”, dice la socióloga y feminista María Teresa Blandón.

Blandón asegura que la cartilla no puede sustituir la necesidad de una ley consistente, de una política pública consistente y de una estrategia institucional. “Es una simpleza pensar, digamos ingenuo pensar, que la gente va a creer que con una cartilla se va a enfrentar un problema que además no se ha abordado adecuadamente durante los últimos 15 años. Lo que no se ha hecho en 15 años, evidentemente no se va a resolver con una cartilla”, sostiene Blandón.

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Además, considera que decir que se están reabriendo las comisarías es una “mentira oficial” que no debe repetirse. Pues las comisarías deben ser parte de un engranaje institucional que tiene que estar perfectamente preparado en materia de derechos de las mujeres, conectado a un mecanismo eficiente de atención y respuesta, pero eso actualmente no existe.

¿Quiénes trabajan en las comisarías y cómo han sido formados?

Además, las comisarías deben tener personal calificado, es decir, policías que estén perfectamente formados en derechos humanos, de las mujeres y en derechos de la niñez, porque son Comisarías de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia.

Estos policías tienen que conocer perfectamente los instrumentos internacionales, como la convención de Belém do Pará o Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es decir, que tienen que tener personal calificado para atender la problemática de la violencia contra las mujeres, contra la niñez y contra la adolescencia específicamente. 

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En segundo lugar, las comisarías deben tener un estatus apropiado para que la estructura policial actúe en cooperación con esas comisarías. Es decir, tiene que haber una dirección general de Comisarías de la Mujer, que forme parte de la estructura de mando de la Policía, tal como existía anteriormente.

¿Tienen los recursos necesarios para funcionar?

“Las comisarías no son unos oficiales ahí actuando en el último nivel del escalafón de mando. No, tienen que estar en el máximo nivel para que puedan incidir en la dinámica conjunta de la Policía; de tal manera que la atención a las mujeres, a la niñez y adolescencia, sea tomada como una prioridad por la institución policial”, sostiene Blandón. 

Otro aspecto importante es que las comisarías tengan los recursos necesarios para operar. Es decir, que del total de los recursos que recibe la Policía se tiene que definir cuál es el porcentaje que se va a dedicar para que tengan personal especializado, equipos y funcionarios que atiendan las denuncias y a las víctimas que llegan, generalmente en situación de crisis.

“También para que tengan unidades de transporte que no se usen para otras actividades, de tal manera que cuando lleguen las víctimas y pidan que se investigue un caso, no digan que no tienen una unidad disponible, sino que estén allí para salir en el momento en que se necesiten”, indica Blandón. 

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La mentira de la reapertura de las comisarías

Finalmente las comisarías deben tener la capacidad de coordinar su trabajo con otras instituciones del Estado, entre ellas los ministerios Público, de Salud, de Educación y de la Familia, pero nada de esto existe. “Que abran una oficina con un policía que no sabe nada, que no tiene recursos, eso no es reabrir las Comisarías de la Mujer, eso es repetir una mentira que no le sirve absolutamente a nadie”, afirma Blandón. 

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Con respecto al cierre de una amplia gama de organizaciones que por décadas acompañaron a las víctimas, Blandón considera que son dos cosas distintas, porque estas tienen que ver con lo que hacen los movimientos de mujeres y los movimientos feministas en la prevención, sensibilización y el apoyo a las víctimas. Es un trabajo sistemático y permanente, pero que no tiene que ver ni compite con el terreno de las políticas, sino que coadyuva.

“En el marco de la convención de Belém do Pará la responsabilidad es del Estado y es para desarrollar una estrategia que tenga por lo menos cuatro componentes: prevención, atención a las víctimas, sanción a los agresores para acabar con la impunidad, y la toma de medidas para evitar que se repitan actos de violencia contra las mujeres”, detalla Blandón.

En democracia se trabajaría de forma conjunta

Además, admite que si en Nicaragua existiera la democracia y el Estado de derecho se fomentaría la colaboración con las organizaciones de mujeres, pero esto no ocurre. Entonces, lo que se tiene que evaluar es cómo y hasta dónde está cumpliendo el Estado con su responsabilidad.

“Lo que hemos dicho las organizaciones feministas es que el Estado no está cumpliendo. No vemos campañas de sensibilización, no vemos que en la enseñanza pública se esté hablando de la igualdad de derechos, de la equidad de género. No vemos que se estén tomando medidas para prevenir distintas formas de violencia. Tampoco vemos que exista una acción coordinada entre las distintas instituciones del Estado relacionadas con el acceso a la justicia”, dice Blandón. 

Según la especialista, el régimen nunca ha explicado cómo se vincula el trabajo entre la Policía y el Ministerio Público, los fiscales y los juzgados de violencia, porque todos debería funcionar como un sistema. Porque para enfrentar un problema tan grave como la violencia tiene que haber una estrategia institucional en la que cada una de las instituciones, empezando por la Policía que es la puerta de entrada para las denuncias, cumpla con su función. 

No hay estrategia ni voluntad del Estado

Esa puerta de entrada que es la Policía está funcionando “súper mal” y las evidencias son claras. Constantemente las víctimas reportan que van a interponer la denuncia y no se las reciben. Les dicen que no pueden ir a investigar porque no tienen recursos; otras veces llega la familia a denunciar y les dicen que si no llega la víctima no reciben la denuncia, aunque eso viola lo que establece la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres

A estas evidencias de la ausencia de políticas públicas se suma que la Ley 779 fue distorsionada y eso afecta la labor de los juzgados de violencia y en la Policía ya no existe personal capacitado para atender estos casos. Tampoco hay un trabajo de atención integral a las víctimas y la revictimización está a la orden del día.

“También hay una acción errática por parte incluso de la Asamblea Nacional que ha indultado a agresores e incluso a femicidas. Entonces todo esto demuestra que no hay una estrategia para atender a las víctimas. Tampoco hay políticas de reparación, los hijos y las hijas menores de edad de las víctimas de femicidios no cuentan con el apoyo estatal. Nadie sabe cómo quedan esas criaturas ni cómo van a sobrevivir ni a enfrentar el duelo. Entonces, no hay nada que nos permita decir que el Estado cuenta con una estrategia integral”, concluye Blandón.

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