Tras la participación de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadores en el infructuoso diálogo nacional entre el Gobierno y la sociedad nicaragüense, a raíz de las protestas ciudadanas en 2018, el asedio, la persecución y la descalificación del régimen de Daniel Ortega en contra de sacerdotes y obispos ha sido constante.
La represión del régimen contra las protestas dejó a 355 nicaragüenses asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“La Iglesia católica fue una de las primeras instituciones que mediante múltiples acciones demostró el apoyo a estudiantes y manifestantes. Los sacerdotes abrieron las puertas de los templos, proporcionaron espacios de diálogo, hicieron varios llamando a la paz y cese de hostilidades, promovieron jornadas de oración, atendieron a heridos, brindaron compañía a familiares de ciudadanos asesinados, secuestrados, presos políticos, entre otros”, resalta la investigadora Martha Patricia Molina en su informe Nicaragua: una Iglesia perseguida.
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El 10 de julio de 2018, una delegación de la Arquidiócesis de Managua conformada por sacerdotes y obispos que llegaron a Diriamba, en Carazo, para mediar en los enfrentamientos, pero en la Basílica Menor de San Sebastián fueron agredidos por parapoliciales y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Esa quizás fue la primera escena violenta que presenció Nicaragua como resultado de la persecución ejecutada por oficiales de la Policía y parapolicías que obedecen órdenes de la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes en noviembre de 2021 fueron designados por el Consejo Supremo Electoral (CSE) como presidente y vicepresidente, respectivamente, para un nuevo mandato de cinco años en el poder.
La investigadora Molina añade que antes de abril 2018 “los atropellos hacia la Iglesia eran esporádicos”, no obstante, después de esa fecha, las hostilidades incrementaron y suben de tono. “El lenguaje ofensivo y amenazante de la pareja presidencial contra la jerarquía católica se hicieron cada vez más evidentes y frecuentes, y las acciones de algunas instituciones públicas en contra del trabajo caritativo de la Iglesia incrementaron”, indica.
Cabe destacar que en este nuevo mandato consecutivo de Ortega-Murillo han propiciado la intensificación de los ataques evidenciados en las decisiones y discursos vertidos por la pareja gobernante. Además, obligaron a varios sacerdotes a irse al exilio, como es el caso del párroco de Monimbó, César Augusto Gutiérrez; el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez, y el padre de la iglesia San Miguel de Masaya, Edwin Román.
Pero además de los hechos, Ortega y Murillo han expresado de manera recurrente diversos calificativos contra los representantes de la Iglesia católica, tildándoles de “golpistas”, “fariseos” y “terroristas”.
En menos de tres meses
A inicios de marzo de 2022, la Santa Sede confirmó la expulsión de Nicaragua del nuncio apostólico en el país, Waldemar Sommertag, decisión que consideró como “grave e injustificada” que no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua.
“La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito (agrément) a S.E. Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida”, dijo el Vaticano en el comunicado.
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Sommertag llegó a Nicaragua como nuevo nuncio apostólico el 15 de febrero de 2018, sin embargo, la labor del religioso comenzó a tener protagonismo a raíz de las protestas antigubernamentales en abril del mismo año. El religioso figuró, junto con otros obispos de la CEN, como testigo en el fallido segundo diálogo nacional entre el régimen de Ortega y diversos sectores de la sociedad civil. Asimismo, jugó un papel importante en la liberación de los primeros presos políticos, que se hizo efectiva tras la aprobación de la polémica Ley de Amnistía.
El reciente 4 de mayo, los 75 diputados de la bancada oficialista aprobaron el informe de las Comisiones de Justicia y de Gobernación en que se propone reformas al Código Penal, aumentando las penas por el delito de menoscabo a la integridad nacional, por el cual ya han sido condenados opositores al régimen de Daniel Ortega, tras 17 sesiones en las que participaron 24 personas, entre funcionarios públicos, policías, diputados y alcaldes.
El documento pide “reformar el artículo 410 del Código Penal. En el delito de menoscabo a la integridad nacional se sugiere el incremento de la pena de 15 a 20 años de privación de libertad cuando el procesado incurra en este”. La presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, al presentar el informe dejó entrever que esa reforma alcanzaría hasta a los religiosos.
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“En el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores ni representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender los derechos humanos sino con saña y odio a la militancia sandinista y a toda persona relacionada con el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo ya que se escudan como religiosos, como fue el caso del colegio San José de Jinotepe”, manifestó.
El 19 de mayo, el sacerdote Harving Padilla, de la parroquia San Juan Bautista, en Masaya, comenzó a denunciar el asedio policial que permanece hasta hoy, pero que escaló con el cierre de todas las vías de acceso al templo y la prohibición para que los feligreses asistan a las actividades religiosas.
Ese mismo día, en horas de la noche, monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, denunció persecución y hostigamiento policial que lo llevaron a refugiarse en la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, donde permaneció en ayuno y oración hasta la mañana de este lunes 23 de mayo, tras su regreso a Matagalpa. Sin embargo, el asedio también se trasladó a esa ciudad, con agentes apostados en las afueras de la curia de la Diócesis.
Enseguida, el 20 de mayo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó a las compañías de cable en Nicaragua eliminar de la parrilla de programación al Canal 51, Canal Católico.
Según una fuente de una de las empresas de cable, que solicitó el anonimato, la orden es general. Eso incluye, además de Claro, a Tigo, IBW, Sky, Telenorte y cerca de 15 empresas cableras de los departamentos.
Desde 2018 hasta la fecha más de 190 agresiones
El informe presentado por la investigadora Molina sostiene que los casos de ataques documentados ascienden a más de 190, desde 2018 hasta mayo de 2022.
Entre el tipo de hostilidades y agresiones en contra de la Iglesia católica destacan pintas en las paredes y mensajes anónimos en templos católicos; agresiones, amenazas y exilios a sacerdotes, obispos y laicos católicos; obstáculos a Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) de la Iglesia católica; mensajes orales agresivos contra sacerdotes y religiosos, profanaciones de templos, robos, entre otros.
Entre estos hechos se destaca el atentado a la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, ocurrido el 31 de julio de 2020, cuando un hombre de identidad desconocida lanzó una bomba molotov adentro de la capilla de la Catedral de Managua, lo que provocó un incendio que calcinó la imagen de la Sangre de Cristo. “Este fue un acto planificado, planificado con mucha calma”, sentenció el cardenal Leopoldo Brenes.
En 16 de marzo de 2019, el padre Juan Domingo Gutiérrez fue uno de los primeros ciudadanos que conoció las cárceles del nuevo Chipote, un lugar no muy grato para tantas personas que fueron secuestradas por la dictadura de Daniel Ortega desde abril de 2018, cuando la ciudadanía salió a las calles para demandar justicia, libertad y democracia.
El padre Gutiérrez figuraba entre la lista de 165 personas que habían sido secuestradas por la Policía orteguista luego de apoyar una marcha pacífica, sin embargo, horas después fue liberado por las gestiones realizadas por el nuncio Waldemar Sommertag.
El 14 de junio de 2021, el padre Gutiérrez, vicario parroquial de la iglesia San Agustín en Managua, falleció como consecuencia de la pandemia de covid-19.
El 5 de diciembre de 2018, una mujer de origen ruso, identificada como Elis Leonidovna Gonn, lanzó ácido contra el vicario de la Catedral de Managua, Mario Guevara. La mujer con pasaporte ruso número 6646016, según una nota de prensa de la Policía orteguista, había sido confesada por el padre Guevara, posteriormente, mientras el sacerdote bendecía algunos artículos religiosos, lo atacó por la espalda rociándolo con ácido, provocándole quemaduras en parte de su rostro y resto del cuerpo, explicó fray Silvio Romero.
Asimismo, el 13 y 14 de junio de 2018, paramilitares atacaron la parroquia Divina Misericordia, donde estaban refugiados jóvenes de la Universidad Nacional de Managua (UNAN-Managua), periodistas y sacerdotes.
Tras 20 horas de disparos en ráfagas y de mantener las vías cerradas sin permitir la salida de los heridos de la parroquia, los policías y paramilitares suspendieron el fuego y dejaron pasar a los religiosos junto con ambulancias para trasladar a los más heridos a centros médicos y evacuar a los refugiados. El saldo fatal del ataque fue el asesinato de Gerald Vasquez y Francisco Flores.
El informe precisa que la cantidad de casos compilados en el presente estudio refleja una aproximación de las agresiones que han sido publicadas por medios de comunicación independientes, denuncias en páginas oficiales de redes sociales de parroquias, comunicados y notas de prensa de la Iglesia, entre otros. “Sin embargo, las cifras proporcionadas pueden estar distantes a la real”, indica.