Los 75 diputados de la bancada oficialista aprobaron este miércoles el informe de las Comisiones de Justicia y de Gobernación en que se propone reformas al Código Penal, aumentando las penas por el delito de menoscabo a la integridad nacional, por el cual ya han sido condenados opositores al régimen de Daniel Ortega, tras 17 sesiones en las que participaron 24 personas, entre funcionarios públicos, policías, diputados y alcaldes.
El “Informe de cronograma de trabajo sobre el análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas que cometen delito de Menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio, entre otros”, fue presentado por la presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez y aprobado por 77 diputados, 11 en contra y tres legisladores presentes que no votaron.
El informe, colocado en el sitio web de la Asamblea Nacional, confirma que el régimen de Daniel Ortega, a través de su control en el Legislativo, aumentará la pena por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, que es una de las figuras legales que se ha usado para condenar a los opositores que se encuentran presos en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el nuevo Chipote.
El documento pide “reformar el artículo 410 del Código Penal. En el delito de menoscabo a la integridad nacional se sugiere el incremento de la pena de 15 a 20 años de privación de libertad cuando el procesado incurra en este”.
Los participantes en el “proceso de consulta”
En la lista de “participantes en el proceso de consulta”, que involucra a representantes del “sistema de justicia penal”, como lo señala el informe, se encuentran el comisionado Lenín Soza, jefe de la Asesoría Legal de la Policía Nacional; comisionado Álvaro Pérez, segundo jefe de la Asesoría Legal de la Policía Nacional; comisionado Guillermo Rojas, enlace AN con la Policía Nacional; Javier Morazán, fiscal director del Ministerio Público; Douglas Roberto Vargas, inspector general del Ministerio Público; Ángel Jeancarlo Fernández, juez Cuarto Penal de Juicio; Henry Morales, magistrado del Tribunal de Apelaciones, el único que participó en dos ocasiones; Nadia Camila Tardencilla, jueza Segundo Distrito de lo Penal; Hernaldo Chamorro, procurador nacional penal; María Dolores Gómez, delegada para Managua de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; Maynor Aragón Bravo, director de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales de la Procuraduría de Derechos Humanos.
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Además, participaron los diputados sandinistas Amada Pineda y Nasser Silwany Báez, que en la lista son señalados como “víctimas”; Donaldo Hernández, presidente del CUUN-León; Alberto Sediles, rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA); Jaime López Lowery, secretario técnico del Consejo Nacional de Universidades (CNU); Linda Estela Ramírez, directora jurídica de la UNAN Managua; Mariano Rodríguez, alcalde de Jinotepe; Fernando Baltodano, alcalde de Diriamba y Pedro Vargas, vicealcalde de Granada.
La lista del informe refiere también a Arnoldo Obando, director financiero de la Alcaldía de Granada; Camilo Rosales como “víctima de tortura”; Cinthia Vado Ruíz, “hermana del oficial de la policía Víctor Vado Ruiz, asesinado en Monimbó” y Víctor Jonathan Quiroz Fletes, “víctima, herido de bala”.
La “extinción de dominio”
También el informe propone un “nuevo tipo penal” relacionado con la figura jurídica de “extinción de dominio”, con la cual estarían buscando apropiarse de los bienes de los acusados.
En ese sentido, el informe propone adicionar al artículo 409 del Código Penal: “Extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de Traición a la Patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la Constitución Política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes por el Estado”.
Tras aprobar la cancelación de la personería jurídica a 50 ONG y durante una sesión dedicada a conmemorar el Día de la Dignidad Nacional, el parlamento, conformado por 91 representantes, aprobó el informe.
Para la reforma al Código Penal, el informe recomienda “la formación de una Comisión técnica interinstitucional, integrada con las instituciones del Sistema de Justicia Penal para analizar los resultados de la consulta y proponer las acciones que se correspondan en un plan de trabajo consensuado y aprobado por el Estado de Nicaragua.
El proceso de consulta en la Comisión de Justicia comenzó en febrero de este año en coordinación con la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación, un «proceso de consultas» para «fortalecer» el marco jurídico penal.
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Analistas consultados por LA PRENSA dijeron en ocasiones anteriores que esto se trata de una amenaza del régimen de Daniel Ortega de endurecer la criminalización a los opositores.
El informe detalla que «en total se realizaron 17 sesiones de trabajo con la participación de representantes de instituciones del Estado que forman parte del Sistema Judicial Penal, con víctimas de crímenes de odio y familiares de personas asesinadas durante el fallido intento del golpe de Estado del 2018».
También propone judicializar a “religiosos” y directores de organizaciones de derechos humanos que, según “las víctimas que asistieron a las consulta”, “se involucraron en la aventura golpista como dirigentes”, en alusión a las protestas civiles de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega.
Según el informe, los consultados “dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco como proteger y defender los derechos humanos, sino de manera personal, con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional)”.
PLC no apoya Declaración
Tras la aprobación del informe, los diputados sandinistas dieron lectura a la “Declaración de la Asamblea Nacional sobre el análisis de las normas jurídicas que sancionan los delitos de menoscabo a la integridad y soberanía nacional”, para su votación.
La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eneyda Escoto, en representación de su bancada, compuesta por 10 legisladores, se opuso a la Declaración, lo que provocó la reacción de los legisladores oficialistas.
“Se ha dicho de una encuesta en donde estuvieron participando diferentes sectores consultados para llegar a esta Declaración expuesta, 17 sesiones de trabajo, 25 personas consultadas, en donde con eso se pretende reformar leyes que vayan a tener una ampliación de hechos delictivos, ampliaciones de penas y otros extensivos a otros actores políticos, en este caso la bancada del Partido Liberal Constitucionalista no está de acuerdo con esos planteamientos, porque en la situación en la que está nuestro país consideramos que debe de tomarse en cuenta una verdadera reconciliación de todos estos sectores”.
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Agregó que “es también posición de nuestra bancada, de nuestro Partido Liberal Constitucionalista, no estar a favor de esas peticiones de incrementos de penas, de todas estas peticiones de ampliación de hechos delictivos y otros tantos más pretensiones, porque considera nuestro partido que no ayuda a la convivencia de nuestro país, a la armonía, al bien común que es lo que debemos de centrarnos todos nosotros para sacar nuestro país adelante”.
El diputado sandinista Edwin Castro dijo que “la Declaración en ningún momento habla de reformas de ninguna ley”, y señaló que el informe aprobado de previo “es una narrativa de lo que ha pasado y (la diputada) Eneyda (Escoto) fue testigo, fue aprobado ya por el 80 por ciento de las y los diputados de esta Asamblea Nacional, un porcentaje sumamente alto en cualquier legislatura del mundo, eso ya fue aprobado y lo que se dice en el informe es que los que llegaron ahí propusieron eso, no dijimos que estamos sometiéndolo a discusión”.
Castro luego repitió lo señalado en el informe, “eso se hará un análisis de una Comisión Interinstitucional y en su momento vendrá a discusión a esta Asamblea”.
Castro, al igual que el presidente del Legislativo, Gustavo Porras, propusieron que la Declaración fuese aprobada por unanimidad, aludiendo la conmemoración del “Día de la Dignidad Nacional”. Al final fue aprobada con 75 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención y 5 diputados presentes.
La Declaración que consta de tres párrafos señala que la Asamblea Nacional “continuará garantizando una legislación que anteponga los sagrados intereses de la Patria en aras de reivindicar las justas demandas del pueblo para el sostenimiento de la paz y la tranquilidad ciudadana tan necesarias para avanzar en el combate contra la pobreza”.