Se creía que por medio del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya a finales 2012 se podría llegar al fin de la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe suroccidental, pero no ocurrió así.
Sin embargo, este jueves 21 de abril, se podría llegar a una decisión final, luego de que los jueces del principal organismo judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) den a conocer la sentencia en el caso relativo a «Presuntas Violaciones a Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe» entre ambos países. Expertos en Derecho Internacional consultados por LA PRENSA auguran un fallo a favor de Nicaragua.
Lea además: Semana decisiva para Nicaragua y Colombia en La Haya ¿Qué está en juego para ambos países?
Los expertos explicaron que, si bien el fallo es de carácter definitivo, uno o ambos países litigantes eventualmente podrían interponer un recurso de revisión ante la misma Corte, si es que entiende que han aparecido nuevos y determinantes elementos. Por ello, Nicaragua acusa a Colombia de “supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe”.
Según Managua, Bogotá incumplió con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2012, el cual extendió a Nicaragua su soberanía y derechos marítimos hasta las 200 millas náuticas. Ambos países se han enfrentado en tres ocasiones en el máximo tribunal.
Fallo podría confirmar decisión ya existente
El politólogo y analista del Diálogo Inter-Americano en Washington, Manuel Orozco, opinó que la disputa entre Colombia y Nicaragua es “un conflicto viejo”, pero que “básicamente ninguno pierde o gana”.
“Lo que ocurrirá para el fallo del 21 de abril es la demanda de Nicaragua de que Colombia acate el fallo de 2012 en donde se delimitan las fronteras marítimas de ambos países, se reconoce que el tratado de 1928 es válido y vigente (reconociendo soberanía de San Andrés a Colombia)”, expresó Orozco.
El politólogo a la vez señaló que Colombia por “razones electoralistas no quiso reconocer el fallo de 2012, pero implícitamente lo ha respetado, salvo en algunas ocasiones, por lo que la demanda de Nicaragua ocurre. Pero es posiblemente un fallo que confirme una decisión ya existente”.
La sentencia será leída por la presidenta del Tribunal, la jueza Joan E. Donoghue, en el Palacio de la Paz de La Haya, el jueves 21 de abril de 2022, a las 10:00 de la mañana (hora de los Países Bajos, 2:00 a.m. hora de Nicaragua).
¿Qué puede ganar o perder Nicaragua en este fallo?
El experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, expresó que es impredecible cuál va a ser la sentencia de la Corte, porque “en el caso de Nicaragua v.s Colombia por el Archipiélago de San Andrés, la Corte modificó una serie de normas y principios del derecho del mar, entonces, es difícil saber en este momento por dónde la Corte va”.
Aunque en términos generales Murillo considera que Nicaragua tiene la posibilidad de ganar “algo”. “Nicaragua en materia territorial es increíblemente ambiciosa y hace interpretaciones del derecho del mar totalmente contrarias a la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas, entonces, puede tener la suerte de de que la Corte la vuelva a favorecer dándole más de lo que tiene derecho como ocurrió en el caso sobre el archipiélago, repito la Corte cambió y respetó principios de derecho del mar y obtener algo”, manifestó.
En cuanto a qué puede perder Nicaragua frente a Colombia, aseveró que en “realidad no perderá nada” porque “de acuerdo a los argumentos de Colombia que suenan más sólidos, pero repito, la Corte en esto no se inclina, en el caso de Nicaragua la Corte en general no se ha inclinado hacia cuales son los argumentos más sólidos de la contraparte, sino a favorecer en gran medida las tesis nicaragüense”.
Murillo insistió en que Nicaragua puede “obtener mucho y en el fondo no perder nada”, porque “en resumen Nicaragua tiene más que ganar y nada que perder porque está reclamando cosas que en sentido estricto no tiene, porque la sentencia anterior de la Corte no fue clara en una serie de aspectos, y porque hay que tener en cuenta detalles como alega Colombia en el caso de pescadores artesanales que no tiene un GPS para saber si están unos cuantos metros de un lado o del otro, de una línea divisoria que no ha sido claramente definida más allá de lo que la Corte cedió, la Corte trazó un límite, no traza las fronteras, las fronteras en este caso las deberían trazar Colombia y Nicaragua en un acuerdo, en un tratado porque no hay frontera, hay un límite que estableció la Corte”.
Elementos para determinar el fallo
El costarricense Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), opinó que esta (disputa entre Nicaragua y Colombia) es “proceso complicado”.
Cascante precisó que el primer elemento que hay que tomar en cuenta, es que “tras la sentencia de 2012 que fue muy beneficiosa para Nicaragua han existido problemas por las desavenencias entre ambos países para establecer y fijar con claridad la aplicación de la sentencia en los espacios marinos”.
El segundo elemento a valorar es que “Nicaragua utiliza la Corte, porque eso le permite equilibrar las diferencias de poder y operatividad en los mares con Colombia. Colombia es una potencia marina, Nicaragua no lo es. Entonces, recurrir a la Corte es un mecanismo para equilibrar las fuerzas, jurídicamente hablando”, dijo.
Podría interesarle: ¿Cuáles son los argumentos de Nicaragua para reclamar ante La Haya una indemnización por parte de Colombia?
Cascante considera que “Nicaragua seguirá teniendo el mismo problema que ha tenido hasta ahora, más allá de que la Corte le de la razón sobre sus alegatos de violación a de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), que consiste en que tendrá que negociar con Colombia la ejecución de la sentencia, y Colombia se siente perdedora de esa sentencia y eso hace pues bastante costoso que se tomen los acuerdos entre ambos países”.
Como último elemento señaló que “si la sentencia de alguna forma se interpreta favorable a Colombia, el golpe para el gobierno de Ortega y Murillo será muy duro, porque lo que se ha visto en otras circunstancias es que, por ejemplo en el último caso contra Costa Rica, es que eso da un argumento para hablar en circunstancias desfavorables de la gestión del gobierno nicaragüense sobre las relaciones exteriores de Nicaragua sobre un tema muy sensible en la sociedad nicaragüense, que son sus derechos territoriales”.
Los argumentos de Nicaragua contra Colombia
El representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello, demandó el pasado 27 de septiembre una indemnización por parte de Colombia por los «daños causados» a través de «las violaciones de sus obligaciones legales internacionales».
«Colombia debe indemnizar a Nicaragua por todos los daños causados por las violaciones de sus obligaciones legales internacionales, incluidos, entre otros, los daños causados por la explotación de los recursos vivos de la zona económica exclusiva de Nicaragua por parte de embarcaciones pesqueras ilegalmente ‘autorizadas’ por Colombia para operar en esa zona», aseguró Argüello.
La defensa de Nicaragua, encabezada por Argüello, abrió la segunda ronda de audiencias orales en el caso de Nicaragua contra Colombia, llamado «Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe». El agente de Nicaragua acusó al país sudamericano de otorgar permisos a embarcaciones pesqueras para operar en la zona económica exclusiva de Nicaragua, delimitada en la Sentencia de la CIJ el 19 de noviembre de 2012.
Argüello también alegó, ante los 15 magistrados del tribunal de justicia internacional, que Colombia ocasionó pérdidas y daños a Nicaragua a través de su negativa de no permitir la pesca de embarcaciones nicaragüenses o de otras de otros países autorizados por Nicaragua, en la zona en disputa, por lo que insistió en que el país sudamericano debe pagar.
Seis meses de análisis del fallo
En octubre de 2021 finalizaron las audiencias orales y públicas sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia, realizadas en la sede de la CIJ.
El litigio de los dos países latinoamericanos se debe a una nueva demanda que interpuso Nicaragua en noviembre de 2013, en la que solicitó a la CIJ que declare que Colombia violó el derecho internacional por «usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses, mantener su presencia en las zonas marítimas que fueron adjudicadas a Nicaragua en el fallo de 2012 y expedir el Decreto de 2013 que creó la denominada Zona Contigua Integral».
En 2012, la CIJ resolvió una disputa abierta desde 2001 y estableció nuevos límites marítimos entre los dos países. La máxima autoridad judicial del derecho internacional, otorgó miles de kilómetros cuadrados del territorio marítimo colombiano a Nicaragua y dejó islas colombianas enclavadas en la jurisdicción nicaragüense.
En las últimas audiencias, tanto la defensa de Nicaragua como de Colombia solicitaron ante el tribunal internacional una indemnización: Nicaragua exigió ante La Haya que Colombia debe «indemnizar» por «todos los daños causados por sus violaciones de sus obligaciones legales internacionales y por los daños causados», y por su parte, Colombia solicitó que Nicaragua «debe indemnizarlo por todos los daños causados, incluido el lucro cesante, como consecuencia de la violación por Nicaragua de sus obligaciones internacionales. Dar a Colombia las debidas garantías de no repetición».
Tensión diplomática entre Nicaragua y Colombia
Cabe mencionar, que actualmente existe una tensión de las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de Nicaragua y Colombia, ya que Daniel Ortega ha acusado en reiteradas ocasiones al país sudamericano de ser un «narcoestado».
«Ahí (en Estados Unidos) están los más grandes consumidores (de droga) y en lo que es la producción, Colombia, Colombia es un narcoestado», dijo Ortega el pasado 21 de febrero, durante el acto de conmemoración del 88 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino.
Por lo que, el miércoles 23 de febrero, la cancillería de Colombia reaccionó a las acusaciones vertidas por Ortega e informó que su embajador en este país, Alfredo Rangel Suárez, presentó una nota de protesta ante la cancillería de Nicaragua en muestra de «rechazo contundente a esta nueva ofensa al honor a nuestra nación». En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua (Minrex), que dirige el canciller orteguista Denis Moncada, procedió a retirarle las credenciales al embajador colombiano.
La tensión diplomática entre ambos países incrementó aún más, luego de que Colombia rechazara a finales de marzo la postulación de Nicaragua para asumir la vicepresidencia del 37 período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, por ese motivo el régimen de Nicaragua calificó nuevamente al país suramericano de «narcoestado».