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CONTENIDO EXCLUSIVO.A cuatro años del estallido social en Nicaragua que generó masivas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que debido a la represión estatal provocaron la muerte de más de 300 personas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigará las violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por el régimen orteguista desde abril 2018.
El jueves 31 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la creación de un mecanismo de investigación sobre la crisis en Nicaragua. La medida implica la creación de un grupo con tres expertos independientes y un presupuesto de tres millones de dólares para fiscalizar los abusos cometidos en el país en los últimos cuatro años.
¿Qué efecto o resultado dará a Nicaragua este mecanismo de investigación? ¿Contribuirá en solucionar la crisis del país? ¿Qué resultados han dado estos mecanismos de investigación en otros países?
Caso de Venezuela
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para establecer una Misión de Investigación Independiente sobre posibles violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos en Venezuela, desde 2014, bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Pese a que la investigación se dirigió y realizó desde afuera, pero con apoyo de organismos internos en el país, porque el gobierno de Maduro no permitió el ingreso, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, concluyó en un informe publicado el 16 de septiembre de 2020 que «las autoridades venezolanas y grupos armados partidarios del gobierno cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad».
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La ONU señaló a Maduro y sus ministros de Interior, Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino, así como las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos afines de estar involucrados en los crímenes cometidos desde el 2014, lo que supone que tarde o temprano el mandatario y sus cómplices deberán ser enjuiciados por esos delitos.
Maduro, tras romper relaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2017, las negociaciones de la oposición para alcanzar justicia pasaron a manos del organismo de la ONU, que también le ha dado seguimiento al caso de Venezuela. Venezuela es firmante del Estatuto de Roma, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) actualmente tiene abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en territorio venezolano.
Rendición de cuentas
Un experto en derecho internacional, bajo condición de anonimato por temor a represalias, explicó que los resultados de los mecanismos de investigación que aprueba o crea la ONU, «dependen de las facilidades que les otorguen todas las partes para que puedan trabajar holgada e independientemente». «La necesidad de rendición de cuentas en temas de derechos humanos, como reivindicación de los objetivos de desarrollo del milenio, ha sido reconocida por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos desde 2008», destacó.
El experto señaló que » además del mecanismo constituido para Venezuela, otro mecanismo emblemático es el designado para Palestina en 2018, propiamente los Territorios Ocupados desde 1967 y la Gran Marcha del Retorno. El informe entregado en marzo de 2019 corroboró información presentada previamente, pero además aportó pruebas que luego sirvieron de base para un contundente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en enero de 2020 en que exigió medidas de Estado a Israel para dirimir responsabilidades».
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Sobre el caso de Venezuela, el experto en derecho internacional agregó que «está todavía en fase de investigación por parte de la Fiscalía de la CPI. Una vez concluida se verá si presentan cargos y entonces sí se pasará a la fase procesal del juicio».
Mientras que el experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, opinó que «hasta donde sé en el caso de Maduro había una investigación para llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional, y hace unos cuantos días hubo un acuerdo, no conozco el contenido del acuerdo el gobierno de Venezuela y la CPI».
CPI acordó con Maduro abrir una oficina en Caracas
De acuerdo con varios medios internacionales, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, informó que llegó a un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, para abrir una oficina en Caracas.
El memorando de entendimiento firmado entre el gobierno de Maduro y su oficina establece el marco de actuación de esa instancia en Venezuela, y deja en claro que “los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes”, pero que aún no ha identificado a ningún sospechoso, ni a ningún objetivo y que la investigación que iniciaría la CPI “tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”, publicó CNN en Español.
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Por su parte, Maduro se refirió a la apertura de la oficina de la CPI como producto de un consenso que permitirá establecer asistencia técnica, y en este sentido destacó “la buena experiencia” que ya se ha tenido en el país con la oficina de asistencia técnica de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
“Venezuela va a contar ahora con esta oficina que nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo en tiempo real más eficiente y un nivel de asistencia técnica que permita que el memorándum de entendimiento firmado en noviembre siga su curso, siga su desarrollo, como es, fiscal Karim Khan, nuestro interés”, agregó Maduro.
Hay distintos mecanismos y diferentes resultados
Murillo explicó que, los resultados de los informes presentados por los mecanismos siempre es diferente, ya que hay mecanismos de diversa naturaleza.
«Por ejemplo en casos como Venezuela e Irán no generan ningún efecto, no hay cambios, incluso en Birmania hay informes con evidencias muy firmes y el gobierno no cambia. No hay nada que obligue a un gobierno a aceptar un informe de estos».
A la vez aclaró que «por supuesto que hay países, por ejemplo los informes sobre derechos humanos en el caso de Chile, de la población Mapuche, el gobierno lo recibe e indica que va hacer ajustes para evitar que se violen los derechos y hace ahí algún discurso, pero en general es un mecanismo para demostrar que el gobierno viola los derechos humanos de forma sistemática, pero eso no conduce a un cambio en la actitud del gobierno, sobre todo cuando se trata de gobiernos autoritarios y dictatoriales, en ese sentido hay que tener en cuenta que son más informes diplomáticos y que luego la Asamblea General (de la (ONU) puede adoptar como parte de una resolución y votar mayoritariamente, pero no necesariamente conduce a un cambio».
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Por su parte, el politólogo y analista del Diálogo Inter-Americano en Washington, Manuel Orozco, señaló que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene dentro de sus funciones el desplazar grupos de expertos, grupos de trabajo y enviados especiales. Las actividades a desarrollar y el éxito de la misma depende de varias cosas, la densidad del problema (dificultad en resolver, si es algo de corto o largo plazo), los recursos a mano, y la cooperación de Estados en facilitar el trabajo (incluyendo el Estado en donde la misión se establece).
«Los resultados son exitosos dependiendo de esto y de la calidad del trabajo realizado por sus miembros. De ahí que hay experiencias importantes. En particular, el Consejo de DD.HH. ha logrado mantener la raya de los principios y normas internacionales de derechos humanos y a la vez, mediante sus investigaciones ha señalado la magnitud de impunidad violatoria. La situación en Corea del Norte, Siria o Sri Lanka son ejemplos de cómo el Consejo logró llamar la atención de la comunidad internacional y aumentar la presión», argumentó el politólogo.
Sobre la futura investigación en Nicaragua
Al igual que ocurrió en Venezuela, el experto en derecho internacional, dijo que «se cree que el grupo de expertos a ser nombrados para Nicaragua no contarán con invitación por parte del régimen para ingresar e investigar sobre el terreno».
No obstante destacó que «los presuntos abusos han sido ampliamente documentados, no sólo por ONG nacionales e internacionales, sino también por el MESENI, la CIDH y el GIEI de la OEA. Cabe recordar que en su informe de diciembre de 2018, este último apreció conducta que podría ser constitutiva de delitos de lesa humanidad, y recomendó al secretario general de la OEA remitir el informe al Consejo de Seguridad de la ONU solicitando a su vez, que lo enviara a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a fin de abrir expediente de investigación. De esa forma se puede invocar competencia de la CPI, dado que Nicaragua no ha suscrito el Estatuto de Roma», manifestó el experto.
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Orozco coincidió que en el caso de Nicaragua este grupo de expertos estará formando un equipo de trabajo a sabiendas de las circunstancias adversas de un gobierno que muy probablemente no les permitirá entrar.
Sin embargo, «sus objetivos principales podrán tener un impacto sobre la comunidad internacional en aumentar la presión sobre el régimen y su conducta de impunidad que impera en el país. Esto lo hará señalando las faltas y transgresiones en las que nicaragua está incurriendo en relación con los acuerdos internacionales de derechos humanos del cual Nicaragua es parte firmante», dijo Orozco.
Asimismo el politólogo mencionó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene 15 años de existir, y no es una entidad encargada de resolver los problemas de derechos humanos. Explica que su rol es de mostrar cuáles son las faltas, recomendar y resolver cómo la comunidad de naciones puede intervenir en resolver.
«Hay que tener presente que los estados miembros de Naciones Unidas como de la OEA son sujetos del derecho internacional toda vez que acogieron ser parte de los organismos y sus estándares. Nicaragua es parte de las dos organizaciones, de igual forma, aunque está legalmente obligada a cumplir con los tratados, la comunidad internacional no tiene la fuerza física para hacer que un Estado cumpla. Es por ello, que en las dictaduras el incumplimiento es común, y usan razonamiento como el que hace Nicaragua «injerencismo». La realidad es que un país como Nicaragua sabe muy bien que el estándar que ellos tienen para gobernar, no es el democrático», agregó Orozco .
Por su lado, Murillo aclaró que los procesos en instancias de derechos humanos y la CPI son muy lentos y eso no significa que aunque lo sentencien, serán detenidos. «En África hay muchos líderes políticos sentenciados por la CPI, y mientras no lo puedan detener no hay forma de resolver el asunto, y si está dentro de su país un presidente no puede ser detenido excepto que lo derrocarán o que las fuerzas armadas o policiales lo detuviera, pero eso ya sería un asunto interno y no derivado de una sentencia de la CPI o de un informe de DD.HH.».
