De cara al cuarto aniversario de la crisis sociopolítica, que provocó protestas a nivel nacional el próximo 18 de abril, la vicepresidenta designada y vocera del régimen, Rosario Murillo, advirtió que no permitirán realizar ninguna acción de protesta. «Cualquier asomo de perversión aquí no pasa», sentenció este lunes 4 de abril, durante su acostumbrada intervención del mediodía.
A la vez, Murillo señaló a los líderes opositores encarcelados en la redada ejecutada entre mayo y noviembre de 2021, quienes han sido recientemente condenados a altas sentencias y a los obispos de la iglesia Católica de ser los responsables de promover «actos de terrorismo» en 2018.
«Lo vivimos, incrédulos cuando veíamos al terrorismo desatado que acusamos, que hemos acusado, que hemos venido acusando, terroristas, los acusamos y cuando decimos lo acusamos estamos señalando a los que sembraron el odio, a los que sembraron terror, incendio, destrucción, tortura. Recordemos nada más los videos que ellos mismos subieron a las páginas como torturaban a ciudadanos inocentes», arremetió Murillo.
Se lanza contra la Iglesia
Una vez más, Murillo atacó a los obispos y los acusó de promover crímenes de lesa humanidad. «Como hubo voces de quienes se llamaban pastores que mandaban a echar a los escusados – así decían – a los policías, a los policías que estaban quemando vivos. Cómo vamos a olvidar eso, cómo vamos a perdonar eso, ni perdón ni olvido para los masacradores de la paz, de la concordia, de la vida tranquila y del pueblo. Ni perdón ni olvido, esa es la verdad», señaló.
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«Yo acuso, decimos, nosotros acusamos, vos acusas, todos acusamos a los terroristas cómplices del terrorismo yankee, cómplices locales y protagonistas, terroristas ellos mismos por ese odio que han cargado en el alma y cómo envenena el odio, y cómo envenena el corazón amargado, amargura, cómo envenena la envidia, como envenena la ambición y como pervierten corazones, y cómo increíblemente quienes se suponen deben contribuir al bien común, doctrinas sociales, al bien común, a la paz, a la tranquilidad, levantaron sus pies, sus manos y sus voces para promover crímenes de lesa humanidad contra nuestro país», insistió Murillo.
Continuó diciendo «debería de darles vergüenza a los que todavía se atreven a vociferar – claro cobardemente – a vociferar ocultados, agazapados, unos cuantos son, pero sobre todo a los que vociferan en nombre de Jesucristo, a esos, a esos es a los que más acusamos, con la fortaleza de espíritus de almas cristianas acusamos a los que violentan el evangelio cristiano, violentaron el evangelio cristiano y azuzaron crímenes de lesa humanidad».
«Custodiarán la paz»
Asimismo, Murillo expresó que la Policía, brazo opresor del régimen, que aplastó todo tipo de expresión crítica en Nicaragua desde 2018, desarrollará planes de movilidad en esta temporada en la que también se celebra Semana Santa.
«La Policía desarrolla todos sus planes para la tranquilidad, para que toda la ciudadanía se sienta seguridad contenta , celebrando la vida tranquila y con derecho, el derecho a la movilidad. Quién va a poder olvidar ese tranque del secuestro nacional, del terrorismo, el servilismo del imperio, quién va a olvidar o a perdonar, ni perdón ni olvido, nunca más», dijo Murillo.
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Reiteró que «por eso decimos, nosotros acusamos a todos los que contribuyeron a esa explosión infernal, malévola, maligna que nunca más se dará, porque si hay algo que cuidamos con celo, es la paz y es un derecho y un deber cuidar la paz, en el mundo entero tan lleno de conflictos y contradicciones tan desafiantes en términos de procurar la paz, en nuestra Nicaragua tenemos el deber y el derecho de custodiar la paz y de ir adelante, siempre más allá».
El próximo 18 de abril se cumplirán cuatro años del inicio de la crisis sociopolítica del país. Estas comenzaron con las protestas ciudadanas por las reformas al seguro social impuestas por el régimen. El reclamo desembocó en una serie de manifestaciones contra Ortega y Murillo, que dieron la orden de contrarrestarlas con la fuerza policial y paramilitar, lo que costó la muerte más de 300 personas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El estallido cívico fue catalogado por el régimen como «un intento de golpe de estado», una excusa que le ha servido para sostener la represión en el país, manteniendo a unos 170 opositores en la cárcel, eliminando las organizaciones de la sociedad civil y obligando a miles de nicaragüense a irse al exilio.
