A la par de la represión y la violencia que aplastó todo tipo de expresión crítica en Nicaragua desde 2018, el régimen de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, han ido tejiendo un marco legal que se ajuste a sus acciones violatorias a los derechos humanos.
La socióloga e investigadora Elvira Cuadra señaló que los dos últimos años han sido claves para llevar las acciones represivas a un nivel de formalización, con la pretensión de «normalizar ese Estado de represión y de vigilancia sobre la gente».
«En este último tiempo, sobre finales de 2020 al día de hoy, ellos (Ortega y Murillo) han estado trabajando en función de institucionalizar el estado policial, porque lo primero que han hecho ha sido construir un marco jurídico que legaliza todas esas acciones de represión», valoró la socióloga.
Cuadra, experta en seguridad pública, identificó 14 fases de la represión orteguista, que comenzaron a aplicarse a partir de 2018, para apaciguar las protestas civiles contra el gobierno de Ortega, que surgieron de manera espontánea en abril de ese año. El próximo 18 de abril se cumplen cuatro años de ese estallido social, aplastado por Ortega a punta de ataques armados de la Policía en coordinación con simpatizantes sandinistas, lo que significó más de 300 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La llamada «operación limpieza», que consistió en quitar los tranques que la gente levantó para manifestarse en cada barrio y localidad; la promoción de la violencia política contra las voces críticas; la persecución, amenaza, hostigamiento y represión policial fueron los primeros métodos para violentar el derecho a la protesta y evitar que la gente siguiera saliendo a las calles.
Luego sucedió la construcción de un marco legal que validara todas las violaciones ejecutadas por el régimen, bajo un discurso oficial de que «nada violente el orden público, que nadie promueva campañas de desestabilización en el país, incite el odio o violente la soberanía y la paz de la patria».
Con esa bandera fue aprobada la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055), como lo confirmó Cuadra.
Estas leyes y otras reformas fueron aprobadas por el régimen de Ortega en los últimos dos años, para establecer limitaciones al derecho de organización, libre expresión y los derechos políticos.
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Precisamente la Ley 1055 y la Ley de Ciberdelitos han sido los instrumentos usados para condenar a los más de 40 opositores encarcelados en pleno año electoral 2021, entre ellos siete aspirantes presidenciales, estudiantes universitarios, líderes campesinos, exdiplomáticos, empresarios, dueños de medios de comunicación, periodistas, entre otros.
La mayoría fueron acusados de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», delito establecido en la Ley 1055, y «difundir noticias falsas» bajo los establecimientos de la Ley de Ciberdelitos.
Una de las últimas leyes aprobadas este año en el parlamento fue la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que prohíbe a las organizaciones no gubernamentales (ONG) participar en política; establece más limitaciones y controles, y contiene amplias discrecionalidades para cancelar a una organización.
«Esas y otras más leyes conforman un marco jurídico con el que pretenden limitar y perseguir los derechos de la gente. Como dije tienen esa política de represión, en esa lógica es que se han realizado las cancelaciones de personería jurídica de ONG, de universidades y esa es un poco la lógica que han llevado hasta ahora», manifestó Cuadra.
«De un Estado policial a la legalización de un Estado totalitario»
Otro crítico, exfuncionario público, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, coincidió con Cuadra en que el país transitó en estos cuatro años «de un Estado policial de hecho se transita hacia la legalización de un Estado policial totalitario, de corte fascista».
«Se legaliza la ilegalidad de las farsas de juicios, de la persecución y la confiscación arbitrarias, a través de un sistema legal y judicial esperpéntico. La dictadura no tiene futuro, pero se mantiene viviendo día a día, gracias al financiamiento de los organismos internacionales y a la falta de instrumentos de presión efectivos», manifestó la fuente.
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Pero el crítico también señaló que tras cuatro años de crisis, no ha habido ninguna medida nacional e internacional de aplacar la deriva autoritaria de Ortega.
«Si algo ha quedado claro en estos cuatro años es que la lógica del grupo de poder que rodea a los Ortega Murillo es muy diferente a la de los observadores y analistas y a la de las cancillerías. Las sanciones, como instrumento básico de presión a la dictadura, han tenido poca efectividad. La diplomacia no ha podido ir más allá de la condena y el reclamo», expresó el exfuncionario.
Pero aunque pareciera que Ortega Murillo tuvieran todo bajo control, Cuadra valoró que los acontecimientos de abril de 2018 dejaron al régimen en un hoyo del que no ha podido salir.
«Abril de 2018 tiene diferentes significados. Uno de los más importantes es que puso al descubierto la crisis institucional y de democracia que Nicaragua tenía desde abril de 2018 y que no era visible, porque había sido manejada o encubierta con los recursos formales de la democracia de parte del régimen de los Ortega-Murillo», valoró la socióloga.
Cuadra también señaló que «el país antes de 2018 lo que tenía era una serie de situaciones de conflicto, que aunque eran muy importantes, estaban focalizadas en las áreas rurales y estaban relacionadas con situaciones de conflicto muy específico, por ejemplo, las protestas en contra de la minería, el despojo de las tierras de las comunidades indígenas, que se mantiene hasta el día de hoy, el tema de las protestas campesinas para derogación de la Ley 840 para derogación canalera, temas así».
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La también socióloga y defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, quien vive en el exilio por la persecución y amenazas del régimen tras los eventos de 2018, consideró que aunque el régimen siga resistiendo, las protestas pusieron en evidencia que una gran mayoría no lo apoya.
«A nosotros nos queda la gran satisfacción de que el pueblo de Nicaragua le enseñó a esta dictadura en abril de 2018 que no hay poder que sea para siempre», aseveró Castillo.
El régimen Ortega-Murillo lleva 15 años en el gobierno y logró retener el poder por cinco años más tras las cuestionadas votaciones de noviembre pasado. Sin embargo, gran parte de la comunidad internacional considera ilegítimo este nuevo período de gobierno orteguista.
