Los 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) le cumplieron, una vez más, a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, al aprobar este 10 de noviembre la reforma parcial a la Constitución para instaurar la cadena perpetua por “crímenes de odio”.
Con la aprobación de hoy se cumple uno de los dos pasos que legalmente deben darse para que la reforma sea válida, la que la misma Constitución establece que sus reformas deben ser aprobadas en dos legislaturas. Eso significa que se hace dos veces, una se cumplió este martes, y la segunda ocasión sería en el 2021.
De esta forma la dictadura concreta las tres leyes de represión dirigidas a criminalizar las acciones de la ciudadanía y sectores opositores, que se organizan en contra del sistema totalitario de Ortega y Murillo.
La cadena perpetua por “crímenes de odio” se suma a la Ley de regulación de los agentes extranjeros o “Ley Putin”, que criminaliza el financiamiento que reciben asociaciones, empresas, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación de agencias y gobiernos extranjeros.
Y la tercera ley represiva es la conocida como “Ley Mordaza” o de “Ciberdelitos”, que penalizada hasta con diez años de cárcel las publicaciones de los ciudadanos y medios de comunicación, que a juicio de la dictadura, sean “noticias falsas” cuando estas sean en contra del régimen que las considerará una amenaza “para la estabilidad social y económica” del país.
La cadena perpetua se incorporó en el artículo 37 de la Constitución, para ser aplicada como “una excepcionalidad” cuando se cometan, a criterio del régimen, “delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación repugnancia en la comunidad nacional».
La sesión fue nuevamente utilizada por los orteguistas para atacar a la población que se levantó en contra de la dictadura en abril del 2018, acusándoles de que cometieron crímenes atroces, manteniendo así otra versión de los sucesos. Fue el régimen a través de la Policía Orteguistas, grupos de choque y paramilitares quienes provocaron una masacre que dejó más de 300 asesinatos, miles de heridos, secuestros, violaciones, ejecuciones extrajudiciales, el exilio de más de cien mil nicaragüenses entre más delitos considerados de lesa humanidad, los que fueron documentados por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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El texto de la reforma parcial a la Constitución incorporó el lenguaje del discurso de odio de la vicepresidenta designada y esposa del dictador, Rosario Murillo, quien lo mantiene contra la ciudadanía desde el levantamiento con las protestas sociales en abril del 2018.
Los diputados que votaron en contra de instaurar la cadena perpetua en el sistema penal fueron los 14 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), más el indígena Yatama y Alejandro Mejía Ferreti, presidente del partido Alianza Liberal Independiente (ALN). Mientras los tres miembros de la bancada ALN y PLI, que asistieron a la sesión se abstuvieron en la votación.
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Discursos populistas
En el debate, los legisladores del FSLN alegaron en que el endurecimiento de la pena por crímenes atroces era una supuesta demanda de la población, que se habría expresado en las tres millones de firmas que se presentaron apoyando la propuesta de reforma. La dictadura fue la que ordenó a la Juventud Sandinista y al resto de la estructura partidaria que forzaran a los trabajadores públicos a firmar el apoyo, además de hacerlo con grupos de base del partido.
Edwin Castro, jefe de la bancada FSLN, dijo que “es la sociedad la que está siendo atacada” cuando se cometen crímenes atroces. “Quiero recordarles que son los que nos pagan (la población), y por tanto tenemos obligación con ellos, son los que votaron por cada uno de nosotros que estamos aquí”, dijo el legislador en su intervención.
Para Castro es un “juego politiquero” de quienes se cuestionan que con la medida el régimen lo que busca es usar la Constitución para criminalizar las protestas sociales.
La presidenta de la Comisión Especial que validó la reforma, la orteguista María Auxiliadora Martínez, fue otra que usó las supuestas tres millones de firmas ciudadanas como estandarte partidario, y expresó su molestia con los medios de comunicación independientes por poner en duda de que en poco tiempo el FSLN hubiese obtenido esa cantidad de firmas.
“Aunque digan algunos medios de la derecha que es imposible recoger tres millones de firmas, al menos los diputados de la bancada sandinista fuimos testigos de cómo la gente se volcó a firmar, y hasta nos pedían implementar la pena de muerte”, expresó Martínez.
Demandan se audite validez de las firmas
El jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, demandó que se auditen las firmas que la dictadura presentó en este tema. “Dicen que tienen tres millones de firmas, me gustaría que un notario público las certifique, porque trajeron unas cuantas cajas aquí, y no se sabe si fueron a recoger papeles en la antigua Chureca (botadero de basura)”, cuestionó Rodríguez.
Organismos defensores de derechos humanos han denunciado que el Estado de Nicaragua viola los acuerdos internacionales que ha suscrito, al imponer la prisión perpetua porque hay un retroceso en cuanto al modelo del sistema penitenciario, al pasar de ser “humanitario” para promover la reinserción del condenado a la sociedad, pasa a ser un modelo de total represión porque los condenados por “crímenes de odio” morirán en prisión.
Pero Martínez, Castro y los otros orteguistas insistieron en una versión contraria, basados en que la pena de prisión perpetua podrá ser revisada “una vez que el condenado haya pasado por el proceso de reeducación”.
Cuando completen la aprobación en segunda legislatura de la reforma constitucional, el FSLN procederá a modificar el Código Penal para establecer también la “excepcionalidad” de la cadena perpetua por “crímenes atroces”. Martínez dijo que solo esa ley de ámbito penal tiene contemplada reformar, lo que dejaría en contradicción al resto de normas como la Ley 779 o Integral contra la violencia a las mujeres.