La brutalidad de la Policía como brazo represor del régimen de Daniel Ortega quedó una vez más en evidencia durante la jornada de acoso, persecución y detenciones que se vivió este fin de semana, en donde destacó la agresión de antimotines contra miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que es parte de la escalada represiva que la dictadura ha venido utilizando desde abril de 2018 y que ha evolucionado a través de 11 fases.
La socióloga y experta en seguridad, Elvira Cuadra, lleva un seguimiento de las modalidades que ha implementado el régimen orteguista para callar y perseguir a los nicaragüenses, en cinco de las 11 fases que se desarrollaron en 2018, 2019 y en lo que va de 2020, ha identificado al menos tres fases represivas.
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Para la experta en seguridad, a pesar de que la violencia política ya existía en Nicaragua, esta no se había generalizado. «Desde que iniciaron las acciones de represión del gobierno de Ortega contra las protestas y movilizaciones sociales que estallaron en abril de 2018, los niveles de inseguridad y violencia han escalado de manera acelerada e inimaginable», señala Cuadra.
En todas estas fases se han mantenido varias formas de represión como el asedio, la persecución, el uso de grupos parapoliciales, silenciar a la prensa independiente e impedir cualquier forma de protesta de la oposición con el uso de despliegues policiales.
Las últimas cinco fases de la represión
La fase 11 de la represión estatal, que se encuentra en curso, está caracterizada, según la experta en seguridad, por imponer multas de tránsito contra líderes políticos y periodistas que cubren actividades de la oposición así como la persecución, el hostigamiento y la vigilancia dentro de los locales donde grupos opositores realizan reuniones. Esta última etapa está encaminada a «frenar ese esfuerzo de organización territorial que se está haciendo» por parte de la oposición, indicó Cuadra.
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La décima etapa represiva del orteguismo estuvo dirigida a tratar de limitar la acción de los líderes sociales y los excarcelados políticos que realizan actividades en diferentes comunidades del país.
Esta fase estuvo caracterizada por los múltiples ataques que han realizado simpatizantes del régimen orteguista a los templos religiosos, principalmente los templos católicos en diferentes partes del país, siendo el de mayor relevancia el efectuado en la Catedral de Managua, el 31 de julio, donde fue quemada la imagen de la Sangre de Cristo.
La novena fase de la represión inició en 2020, tras la excarcelación de un grupo de presos políticos, entre estos la “Banda de los Aguadores”. En esta etapa, destaca Cuadra, se observó una disminución de los despliegues policiales, pero hubo un incremento en la vigilancia, asedio y amenazas de civiles a bordo de motocicletas.
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Según Cuadra, en noviembre de 2019 inició la octava fase de represión, que estuvo vinculada con la renuncia y salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia y una reactivación de las protestas cívicas en Nicaragua. Esta etapa se extendió hasta diciembre del mismo año.
«Las acciones represivas elevaron los niveles de violencia sobre todo en los centros urbanos cuando las madres y familiares de prisioneros políticos decidieron realizar huelgas de hambre reclamando su libertad; de manera que el gobierno reactivó a sus grupos paramilitares en todo el país», señala Cuadra.
Entre julio y noviembre de 2019 transcurrió la séptima etapa de la represión, cuya característica fue impedir que la ciudadanía realizara marchas o cualquier forma de protesta, al igual que la participación de la mayoría de los presos políticos que fueron excarcelados.
Las otras seis fases de la represión
La primera fase de la represión, según la investigación de Cuadra, transcurrió durante las primeras semanas de abril de 2018. «Durante esa fase el objetivo era impedir las protestas y el tipo de tratamiento que les dio el gobierno fue similar al empleado en movilizaciones y protestas realizadas en años anteriores a esa fecha», señala la experta en seguridad.
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En esa periodo las marchas y protestas crecieron en todo el país, lo que obligó al régimen a «redefinir su estrategia y reorganizar sus fuerzas» debido a que la Policía se vio rápidamente rebasada en sus capacidades. En ese lapso se realizaron dos grandes marchas, una el 23 de abril, convocada por la empresa privada, y la otra ocurrió el 28 de abril convocada por la Iglesia Católica.
En la segunda fase de represión, considerada la más corta de las 11 en cuestión, las fuerzas policiales y los grupos de choque adeptos a la dictadura «fueron ampliamente rebasados por el nivel de movilización social».
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«En consecuencia, el gobierno decidió utilizar a los grupos paramilitares que comenzaron a salir a las calles públicamente a mediados del mes de mayo de 2018», señala Cuadra.
En esta fase, según Cuadra, la violencia escaló hasta los más altos niveles con el uso de armamento letal, como armas de guerra, que fueron «facilitadas por el mismo gobierno». Esta fase culminó con el ataque despiadado del orteguismo a la denominada «La Madre de todas las Marchas», realizada el 30 de mayo y otras marchas en varias zonas del país. Ese día fueron asesinadas 19 personas y otras 200 resultaron heridas a balazos.
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Según el seguimiento de Cuadra, la denominada «Operación limpieza» por parte del régimen para desmontar los tranques que se instalaron en gran parte del territorio nacional y desalojar las universidades tomadas por estudiantes, marcaron el inicio de la tercera fase de la represión.
«La operación limpieza incluyó ataques armados a varias marchas y se extendió entre los meses de julio y septiembre de 2018», señala Cuadra.
En la cuarta fase represiva, el objetivo del régimen fue «descabezar el liderazgo del movimiento cívico». Según Cuadra, «sus acciones más importantes estuvieron dirigidas al secuestro, apresamiento y encarcelación masivo de los
líderes más reconocidos del movimiento». Durante ese período fueron detenidas, encarceladas y enjuiciadas un poco más de 600 personas.
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El siguiente objetivo de la dictadura fue silenciar la prensa independiente y el cierre de ONG a través de la cancelación de sus personerías jurídicas, que significó la quinta fase de represión.
«Esto significó mayor persecución a periodistas obligándolos a exiliarse. El cierre, allanamiento y confiscación
arbitraria de medios de comunicación como Confidencial y 100% Noticias, así como el encarcelamiento de Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes fueron sometidos a maltrato y torturas mientras estuvieron prisioneros», indica la investigación de Cuadra.
La sexta fase represiva se dio entre febrero y junio de 2019. En esta etapa, según Cuadra, se caracterizó por un giro en las formas de violencia estatal considerando que ese período estuvo marcado por la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición, y la excarcelación de varios grupos de presos políticos.
«La represión se caracterizó por el asedio, la vigilancia, el acoso e intimidación, de la mano de secuestros selectivos
contra líderes sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y prisioneros políticos excarcelados, realizados principalmente por la policía», señaló la especialista.
