El presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que actualmente es el diplomático argentino Federico Villegas Beltrán, será el encargado de elegir al grupo de expertos que investigarán por el período de un año «las presuntas» violaciones a los derechos humanos que ha cometido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país desde abril del 2018.
El pasado jueves 30 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que decidió establecer una comisión de investigación que será integrada por tres expertos independientes, los cuales deberán «recoger, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables», de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Asimismo deberán «hacer que dicha información sea accesible y utilizable en apoyo de los esfuerzos de rendición de cuentas en curso y futuros».
La resolución «solicita que el mandato se haga efectivo inmediatamente y pide al secretario general que proporcione al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua todo el apoyo administrativo, técnico y logístico, y los recursos necesarios para que pueda cumplir su mandato».
Cabe mencionar que, pese a la postura ambigua que ha manifestado el gobierno de Argentina, que lidera Alberto Fernández, respecto a la crisis de Nicaragua, mostró una postura crítica contra el régimen de Daniel Ortega.
De acuerdo con el diario digital argentino Infobae, en 2020, tras ser nombrado embajador en Ginebra, Villegas Beltrán fue uno de los miembros del Consejo que emitió un voto crítico hacia Nicaragua, «exigiendo a la dictadura de Daniel Ortega, que ha negado el ingreso de representantes de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que rinda cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos y que garantice elecciones libres, transparentes y creíbles, con la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales independientes».
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El 22 de junio de 2021, en el marco del 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en el que se trató la actualización del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Villegas Beltrán manifestó en nombre de Argentina su “preocupación” por la “situación de los derechos humanos en Nicaragua”, en particular por “las detenciones de figuras políticas de la oposición”, medida que solicitó “sea reconsiderada por las autoridades nicaragüenses”, agregó Infobae.
Los expertos deben ser independientes e imparciales
Tamara Taraciuk, directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas, explicó que para poder nombrar a los expertos que integrarán el grupo se toma en cuenta principalmente que sean «independientes e imparciales».
«No deben estar sujetos a influencias o presiones y actuar con los estándares más altos de integridad, incluyendo imparcialidad, equidad y honestidad, y deben realizar un análisis profesional y objetivo de los hechos bajo investigación», señaló Taraciuk.
Por su parte, Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señaló que para seleccionar a los expertos debe haber un equilibrio de género, un equilibrio regional, pero sobre todo «gente experta en las diferentes situaciones que se van a investigar, porque no solamente van a ser investigaciones de carácter jurídico, sino de carácter político y social, todo lo que conforma el contexto que sirve de base y es el lugar condicionante para las violaciones de derechos humanos que se van a investigar».
Núñez estima que esta semana podría conocerse la composición del grupo de expertos.
El mandato del grupo
La resolución denominada “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” fue copatrocinada por 46 países miembros de la ONU, incluyendo Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Brasil, Luxemburgo, Colombia, Costa Rica, Suiza, Alemania y Francia, entre otros.
El grupo de expertos tendrá un mandato de un año y deberá presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos en su 52º período de sesiones, en marzo del 2023.
El Consejo de Derechos Humanos tiene no menos de tres períodos ordinarios de sesiones por año, que se llevan a cabo en marzo (cuatro semanas), junio (3 semanas) y septiembre (tres semanas).
El 49 período se sesiones se desarrolló del 28 de febrero al 1 de abril de 2022, el número 50 y el 51 se desarrollarían en junio y septiembre, respectivamente, por lo que el período de sesiones número 52 estaría realizándose entonces en marzo de 2023.
Taraciuk señaló que según la resolución aprobada que crea el grupo de expertos, en su mandato incluye realizar “investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones, y sus causas estructurales profundas”.
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«Esto incluye establecer los hechos, así como reunir, consolidar, preservar y analizar información y evidencias. Debe también identificar a los responsables y realizar recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos, incluyendo asesorar sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, asegurando un enfoque centrado en las víctimas», agregó Taraciuk.
El último mandato que tendría el grupo es: «Comprometerse con todas las partes interesadas, incluido el Gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y la sociedad civil, con miras a intercambiar información, según proceda, y prestar apoyo a los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos en Nicaragua».
¿Permitirá Ortega el ingreso del grupo a Nicaragua?
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU será la segunda instancia internacional en investigar los abusos cometidos desde 2018, bajo el régimen de Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en mayo de ese año a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), concluyendo en diciembre de 2018 que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, 24 horas antes que el GIEI presentara su informe sobre la investigación acerca de los asesinatos ocurridos en el período del 18 de abril al 30 de mayo de ese año, el régimen los expulsó del país, desde entonces no ha permitido el ingreso de otro organismos internacional.
A criterio de Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, «es un esfuerzo importante el de seguir reportando la situación y reportando sobre las violaciones que se están dando en Nicaragua», pero considera que «el alcance va a ser limitado porque yo veo muy difícil, casi imposible, que precisamente después de la experiencia del GIEI, incluso la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que el Gobierno (de Ortega) acceda al dejarlos entrar en el país».
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Para Núñez, el régimen «debería de dejarlo entrar, pero ya sabemos que eso no va a suceder», pero «lo importante de este mecanismo es que va más allá de las posibilidades que tiene las instancias de la ONU cuando se trata de impulsar sus propias resoluciones, sus propias recomendaciones y este perfectamente, aunque no le dejen entrar puede realizar sus investigaciones y trabajo desde fuera de Nicaragua, ellos tendrán en primer lugar que definir una estrategia de trabajo, calendarizar sus actividades y después de eso preparar el informe que deben entregar», dijo la directora del Cenidh.
«Entonces aunque el Gobierno no colabore, que lo ideal sería que colaborara, eso no va a impedir que el grupo de expertos realice sus labores», reiteró Núñez.
ONU aprobó también un grupo en 2019 para Venezuela
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también aprobó una resolución para establecer una comisión de investigación independiente sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela, a solicitud del Grupo de Lima.
La resolución para Venezuela fue patrocinada por Colombia, Perú, Brasil y Argentina, y aprobada con 19 votos a favor, siete en contra y 21 abstenciones. La comisión «investigará las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde 2014» ocurridos en Venezuela y presentará sus resultados al Consejo, igualmente dentro de un año.
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Al respecto, Taraciuk destacó que «el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela ha sido extraordinario». «Han publicado dos informes contundentes: el primero documenta evidencia de crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela, incluyendo la identificación de responsabilidad de altas autoridades en abusos, y el segundo estableció que la justicia venezolana no solo no había investigado las violaciones de derechos humanos, sino que había sido cómplice de los abusos. Ambos han sido determinantes para establecer la magnitud de los abusos y la imposibilidad que tienen las víctimas de acceder a la justicia en Venezuela», manifestó la directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas.
Los retos para los grupos de expertos
Sobre la función de los grupos de expertos en derechos humanos que investigan las violaciones de derechos humanos en los países en crisis, el experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, explicó en términos generales que «son procedimientos estandarizados en donde se pide qué es lo que investigan, se obtiene información de las distintas fuentes, pero siempre un gran reto para estos grupos de expertos es que el país receptor les permita realizar la investigación, les permita hablar sobre todo con sectores opositores y puedan visitar los lugares para conocer de las denuncias».
«Normalmente los gobiernos tienden a no facilitar el trabajo y al final es un reporte construido a partir de distintas entrevistas, pero es un paso significativo el que lo hayan aprobado (en Nicaragua) y eso permitiría documentar muchas de las denuncias que se han dado, también va a depender un poco del tipo de expertos, si son no solo reconocidos como especialistas en derechos humanos, sino que sean con algún prestigio en el ámbito internacional porque eso facilita mucho la recolección de información», agregó Murillo.
¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?
El Consejo está integrado por 47 Estados miembros, que son elegidos por la mayoría de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de votación directa y secreta. La Asamblea General tiene en cuenta la contribución de los Estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, indica el sitio web del organismo.
La membresía del Consejo se basa en una distribución geográfica equitativa. Los escaños se distribuyen de la siguiente manera: Estados de África: 13 asientos; Estados de Asia y el Pacífico: 13 asientos; América Latina y el Caribe: 8 asientos; Estados de Europa occidental y otros Estados: 7 puestos, y Estados de Europa oriental: 6 asientos.
