El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó con 20 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua que “investigará de manera exhaustiva e independiente”, por un período de un año, “las presuntas” violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en este país desde abril de 2018, incluyendo las posibles dimensiones de género de dichas violaciones y abusos, y sus causas estructurales de fondo.
Para el proyecto hay un presupuesto de más de tres millones de dólares.
La delegación de Nicaragua rechazó una vez más lo actuado por las Naciones Unidas, “No aceptamos ninguna resolución, actualización o reporte, sobre los derechos humanos en Nicaragua porque estos carecen de objetividad y están revestidos de un sesgo político claramente definidos”, indicó la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales Urbina.
La delegación de Cuba tomó la palabras para rechazar la declaración sobre Nicaragua y anunció su voto en contra. También la delegación de China se opuso a la declaración diciendo que rechaza el “uso de los derechos humanos para la injerencia” y de igual manera lo hizo la delegación de Venezuela señalando que “tiene el claro objetivo de rechazar un estado soberano”.
La delegación de Rusia también rechazó la iniciativa recordando que el “custodio de la soberanía nacional son los nicaragüenses”, por lo que anunció su voto en contra del proyecto de resolución.
El mecanismo
El mecanismo contemplado en el documento de la resolución, que fue debatido este jueves, en el cuadragésimo noveno período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para crear un mecanismo de rendición de cuentas para Nicaragua.
Ese grupo de expertos, además, establecerá los hechos y las circunstancias que rodean las presuntas violaciones y abusos, “recoger, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables, y hacer que dicha información sea accesible y utilizable en apoyo de los esfuerzos de rendición de cuentas en curso y futuros”, indica el borrador de la resolución, al que tuvo acceso LA PRENSA.
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Asimismo, los expertos deberán formular recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en este país, proporcionar orientación sobre el “derecho a la justicia” y la rendición de cuentas, según sea el caso, garantizando un enfoque “centrado en las víctimas, incluso abordando el impacto de las formas múltiples e interseccionales de discriminación”.
El último mandato que tendría este grupo es: “Comprometerse con todas las partes interesadas, incluido el Gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y la sociedad civil, con miras a intercambiar información, según proceda, y prestar apoyo a los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos en Nicaragua”.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua deberá presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones número 52, durante un diálogo interactivo.
Alarma por el “retroceso democrático”
El borrador de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresa la preocupación por el “continuo desprecio” del Estado de Nicaragua, en manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, su negativa a cooperar con los mecanismos internacionales y regionales, y su decisión de interrumpir su compromiso con los mecanismos internacionales.
Asimismo, plantea su preocupación por la tendencia a los desplazamientos forzados y el uso de disposiciones legales para restringir las libertades fundamentales. Condena las detenciones arbitrarias en el país y recuerda las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela.
Otras preocupaciones expresadas son la muerte de Hugo Torres, el informe sobre los juicios a personas detenidas arbitrariamente, las violaciones a la libertad de expresión y el cierre de operaciones de organizaciones de la sociedad civil, universidades y medios de comunicación.
Peticiones al gobierno
En el documento a debatir, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace un llamado al gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente el uso de arrestos y detenciones arbitrarias, así como las amenazas y otras formas de intimidación o medidas alternativas de detención, como medio para reprimir la disidencia.
Asimismo, que liberen inmediata e incondicionalmente a todos aquellos que han sido detenidos arbitraria o injustamente, así como a los que han sido procesados en virtud de leyes penales ambiguas o que restringen arbitrariamente los derechos civiles y políticos de la población nicaragüense; que anulen sus sentencias y renuncien a los cargos que se les imputan, para que respeten las garantías de un juicio justo, y que las condiciones de detención cumplan con las obligaciones aplicables en materia de derechos humanos y sean coherentes con normas como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela).
“Pide al Gobierno de Nicaragua que impida, se abstenga y condene públicamente, investigue y castigue cualquier acto de intimidación, acoso o represalia contra dirigentes políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos y cualquier persona crítica con el Gobierno, incluso contra quienes cooperan o tratan de cooperar con los organismos internacionales y regionales, incluidas las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en el ámbito de los derechos humanos, y con los mecanismos regionales”, indica el borrador.
Según el documento, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas seguirá ocupándose activamente del asunto de Nicaragua y considerará todas las medidas de que dispone para reforzar la promoción y protección de los derechos humanos en este país y la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado.
