Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó que Nicaragua no tome en cuenta recomendaciones realizadas desde 2018, y se mostró preocupada por la falta de rendición de cuentas de violaciones a derechos humanos, la situación de los privados de libertad e instó al Gobierno a derogar las leyes aprobadas en 2018 que restringen el espacio cívico y democrático.
Bachelet presentó el informe sobre Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas, conteniendo información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Lamentó que hasta el momento el Gobierno no implementara las recomendaciones hechas desde 2018, además reconoció esfuerzos para alcanzar algunos objetivos de desarrollo sostenible en campos como la igualdad de género, gasto en salud y en educación, y se mostró preocupada por la falta de rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos.
“Me preocupa que sigan sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018. La rendición de cuentas es el núcleo del Estado de Derecho”, remarcó Bachelet.
Afirmó que 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones de 2021 caracterizadas por las restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. Además, lamentó la muerte de Hugo Torres y advirtió que la salud de varios detenidos se ha deteriorado.
Entre otras arbitrariedades al debido proceso destacó el restringido contacto con los abogados y el hecho que los detenidos no tienen contacto con sus hijos menores de edad. Asimismo remarcó que se han realizado los juicios sin garantizar el debido proceso.
“Se siguen registrado detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados”, afirmó y comentó que en 2021 su oficina registró el hostigamiento de al menos 20 mujeres y 6 hombres, y 4 defensores de derechos humanos fueron detenidos arbitrariamente.
“Además se han registrado 40 casos de intimidación, amenaza, criminalización y campaña de desprestigio contra trabajadores de los medios de comunicación”, indicó la alta comisionada.
Preocupa cancelación de personerías jurídicas
Indicó que le preocupa la cancelación de personerías jurídicas de instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En los primeros 2 meses del 2022, 12 universidades y 26 organizaciones no gubernamentales han sido canceladas sin posibilidad de que pudieran ejercer el derecho a la defensa y en 2021, otras 54 organizaciones sin fines de lucro fueron canceladas de la misma manera.
“Instó al Gobierno a derogar leyes que restringen el espacio cívico y democrático”, como la Ley de ciberdelitos, Ley de regulación de agentes extranjeros y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz.
Asimismo, llamó al Gobierno a “armonizar” la legislación penal y electoral con las normas internacionales de derechos humanos.
En otros aspectos del informe indicó que continúa la violencia e impunidad de ataques a comunidades indígenas. En 2021 reportan 11 indígenas asesinados, una mujer y una niña violadas y 7 personas heridas, incluidos dos niños. Además llamó al respeto a los derechos de las mujeres nicaragüenses; han reportado 38 femicidios en la primera mitad de 2021 y recordó que Nicaragua es el país con mayor número de embarazos en adolescentes.
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Afirmó que 2021 es el año con mayor solicitudes de asilo y que al menos 144 mil nicaragüenses salieron del país y finalizó su presentación instando al Gobierno a realizar un diálogo nacional con equidad.
Wendy Morales, procuradora de Nicaragua, intervino luego de la presentación del informe. En un salón cargado de plantas y con un cuadro de la Batalla de San Jacinto indicó que hay una “valoración desigual”, al hablar de países que son potencias mundiales y los que están en vías de desarrollo como Nicaragua.
“Observamos y desaprobamos las fuentes usadas como base para el análisis de esta oficina de las Naciones Unidas respecto a las llamadas actualizaciones, informes preliminares y rutas investigativas, que lejos de centrarse en recopilar información veraz sobre la realidad de los derechos humanos de las sociedad, comunidad o pueblo, recogen únicamente las voces de algunos sectores con intereses políticos, económicos e ideológicos, definidos bajo el diseño de la política interventora de las grandes potencias imperialistas”, indicó Morales.
Acusó a la ONU de realizar estos informes “con la finalidad de inmiscuirse en nuestros asuntos” y remarcó que “no pueden existir derechos humanos sin la democratización de la riqueza y esa democratización se logra implementando políticas públicas dirigidas a proteger la vida, la salud y el bienestar de los nicaragüenses, tal como lo ha venido haciendo nuestro gobierno”
De acuerdo con Morales, Nicaragua no ha sido una amenaza para ningún país y dijo: “Somos un país decente y decoroso en la comunidad internacional”.
“No somos una dictadura”
Luego de la participación de Nicaragua, intervinieron la delegación de la Unión Europea y Canadá, mostrando su preocupación por lo que ocurre con los derechos humanos de los nicaragüenses. La delegación de Alemania indicó que “Nicaragua se está convirtiendo en una dictadura”, provocando la reacción de la representación de Nicaragua que pidió el uso del lenguaje adecuado.
“Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, Nicaragua se está convirtiendo en una dictadura, quienes están en el poder adoptan medidas para abolir la separación de poderes, para forzar un estado de impunidad, acabar con los partidos de la oposición, con universidades independientes. Alemania le pide al Gobierno vuelva a la senda de la democracia y reanude el diálogo y cooperación”, indicó el delegado de Alemania, lo que causó la reacción de la delegada de Nicaragua. “No somos una dictadura”, contestó.