La vicepresidenta designada Rosario Murillo continuó este miércoles 6 de abril, por tercer día consecutivo, sus descalificativos contra las protestas que estallaron en abril de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, las cuales fueron reprimidas por las fuerzas policiales y grupos de simpatizantes afines al régimen, provocando la muerte de más de 300 personas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su intervención diaria del mediodía que se transmite en los medios oficialistas, Murillo calificó las manifestaciones opositoras de «crimen organizado» y «teatros que confundieron incluso a personas fuera del país». «Cuántos escenarios fueron coreografiados, construidos aquí en ese nefasto abril, que todos aborrecemos y que nunca volverá».
«Cuántos escenarios, los vimos, los veíamos, cuántas personas, incluso y sobre todo fuera del país se confundieron cuando veían teatro, teatro puro, por eso sabemos que hay coreografías, escenografías construidas para pretender movilizar conciencias hacia un lado y hacia otro, lo hemos padecido, lo hemos vivido, que digan algunos esos destructores de la paz, querían que el mundo creyera que la insurrección se repetía en Nicaragua. Lo que había era crimen, crimen organizado, eso es lo que había con montajes coreográficos que simulaban la epopeya de la insurrección, quién les creyó, nadie, porque la mentira tiene patitas cortas y sabemos como decíamos ayer, nos conocemos, sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia adónde vamos», dijo Murillo.
“El Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”, indica el documento, que fue presentado en diciembre de 2018 en Washington, Estados Unidos, luego de que el régimen de Ortega expulsara a los miembros del GIEI, que se establecieron en el país a través de un acuerdo firmado por el gobierno nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en mayo de ese año.
Mantiene ataque contra la Iglesia
Por otro lado, Murillo expresó que «el mundo no puede y sobre todo los organismos, todo lo que conforma esa comunidad humana no puede darse el lujo de privilegiar a unos y condenar a otros. El mundo entero necesita de todos los pueblos, por eso decimos no exclusión, no discriminación y necesita consenso, acuerdos, no condenas, consensos, acuerdos, coincidencias, para ir adelante».
A la vez dijo que «aquí cada día conocemos más y más de este mundo donde la comunicación se traslada de manera instantánea y, bueno, la dificultad está en qué comunicación se traslada, cuánta verdad verdadera hay en la comunicación, cuánta manipulación también. Cuántas caras de la comunicación, bueno, nosotros hemos conocido la manipulación a través de la información y la comunicación».
La vicepresidenta y vocera del régimen continuó este miércoles también sus ataques contra el clero de la Iglesia católica. «Todos los trucos de la comunicación cesaron, todos los trucos que incluían la presentación del vandalismo como heroísmo, todos los trucos de la comunicación incluían falsos profetas bendiciendo la maldad, la perversión, por eso decimos, gozando y jurando con el nombre de Dios totalmente en vano, bueno, pecados capitales», arremetió.
«Estamos en un mundo donde desgraciadamente se usa, se manipula, se abusa de una comunicación tendenciosa y de fabricaciones comunicacionales del sistema capitalista y del deterioro de todos los valores», agregó Murillo.
ONU investigará abusos cometidos desde abril de 2018
El pasado jueves 30 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que decidió establecer una comisión de investigación que será integrada por tres expertos independientes, los cuales deberán «recoger, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables», de las violaciones a los derechos humanos que ha cometido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua desde abril del 2018. Asimismo deberán «hacer que dicha información sea accesible y utilizable en apoyo de los esfuerzos de rendición de cuentas en curso y futuros».
La resolución «solicita que el mandato se haga efectivo inmediatamente y pide al secretario general que proporcione al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua todo el apoyo administrativo, técnico y logístico, y los recursos necesarios para que pueda cumplir su mandato».
El grupo de expertos tendrá un mandato de un año y deberá presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos en su 52º período de sesiones, en marzo del 2023.
El último mandato que tendría el grupo es: «Comprometerse con todas las partes interesadas, incluido el Gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones internacionales de derechos humanos, los organismos pertinentes de las Naciones Unidas y la sociedad civil, con miras a intercambiar información, según proceda, y prestar apoyo a los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos en Nicaragua».
