Luis Almagro ha puesto sobre la mesa una exigencia que merece atención inmediata: impulsar una acusación penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y las cúpulas de su régimen por graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Su intervención en el Foro 2000, en Praga, coloca la responsabilidad penal individual en el centro de la discusión internacional. El ex secretario general de la OEA consideró “absolutamente imprescindible” promover esas acciones y cuestionó que aún no exista una acusación de esa naturaleza en Estados Unidos ni en otros países democráticos.
El momento no es casual.
En esta escalada contra el régimen, Estados Unidos retiró esta semana a su encargado de negocios en Managua, Elías Baumann. La situación recuerda el preludio de 1979: meses antes de la salida de Anastasio Somoza, Washington cortó relaciones con Managua y se produjo un efecto dominó con México, Costa Rica y Venezuela. Esa película ha empezado a rodarse de nuevo mientras el poder se aferra a su búnker en El Carmen.
Almagro fue más allá: llamó a actuar en otros países, sin esperar exclusivamente a Washington, que de hecho ya tomó la delantera al retirar a su representante.
Su planteamiento es preciso: los informes internacionales del Grupo de Expertos de la ONU, de la CIDH y de la propia OEA deben servir de fundamento para acciones judiciales contra los responsables de la represión.
Esta exigencia coincide con el clamor de víctimas y familiares que viven el desamparo mientras esperan justicia. Nicaragua necesita recuperar libertades, pero también esclarecer crímenes y establecer responsabilidades. Las denuncias no pueden quedar archivadas entre declaraciones diplomáticas y expresiones de solidaridad.
Ya existe un antecedente. El 30 de diciembre de 2024, el juez federal argentino Ariel Lijo dispuso la citación a indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Ortega, Murillo y otros integrantes de su entorno, en una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal. Ese proceso demuestra que la justicia puede avanzar fuera de Nicaragua.
El llamado de Almagro apunta a ampliar esa vía. Una acusación penal no equivale a una condena, pero sí representa un paso hacia la rendición de cuentas que el sistema judicial subordinado al régimen no garantiza. Los informes y testimonios deben ser examinados por autoridades competentes para determinar responsabilidades individuales.
Conozco el compromiso de Almagro con esta causa. En sus dos períodos al frente de la OEA siempre abrió espacio a las comitivas del exilio nicaragüense, venezolano, cubano y colombiano que viajamos de Miami a Washington. Ese gesto con el exilio merece reconocimiento.
Precisamente por la gravedad de este horizonte judicial, Ortega debería comprender que prolongar la represión agrava una crisis insostenible. Lo sensato sería abrir las puertas al diálogo político reclamado por diversos sectores, con acompañamiento internacional, para permitir una transición electoral con garantías.
No será fácil. En 1990 aceptó elecciones competitivas convencido de que las ganaría y las perdió. Hoy, abrirse a una contienda auténtica implicaría asumir otra derrota. Sin embargo, una salida democrática resultaría menos traumática para su entorno y para el país que la prolongación de la crisis.
La reciente reunión de cancilleres de la OEA ofrece un cauce diplomático. También el Vaticano ha expresado preocupación y ha reclamado diálogo. Ese esfuerzo debe conducir a resultados verificables. Facilitar ese camino no borra las denuncias ni sustituye a los tribunales, pero permitiría encauzar una transición y reducir el riesgo de un estallido social que agrave la frágil estabilidad nacional.
El mensaje de Almagro es claro: reclama acciones penales por los abusos, pero desde esa exigencia replantea un puente político para que cese la represión y se abra una transición auténtica. Justicia para las víctimas y libertad para el pueblo son deberes que deben avanzar juntos.
El autor es escritor nicaragüense exiliado en Estados Unidos. Columnista internacional y vocero en el exterior del Partido Liberal Independiente (PLI).
