Tres días después que se conoció la denuncia de jubilados estadounidenses a los que les confiscaron nueve casas de verano, ubicadas en playa Gavilán, de Tola, Rivas, la dictadura Ortega Murillo sigue sin referirse al tema. Mientras tanto, empresarios y abogados descartan que la confiscación, que generó al menos 15 millones de dólares en pérdidas, esté relacionada a la Ley de Territorio Fronterizo. Pero no descartan que sustente el abuso en la suspensión del contrato de arriendo de los terrenos donde están las viviendas.
Otra anomalía en el caso es que, según los denunciantes, tras la consumación del despojo le entregaron las nueve viviendas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que de inmediato se las ofreció en alquiler a cambio de una renta mensual de 2,000 dólares por cada casa. Sin embargo, esta donación no se ha oficializado.
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Además, la confiscación de las viviendas coincidió con el cambio de autoridades en la comunidad indígena Salinas de Nahualapa, ubicada en Tola, donde están construidas las casas confiscadas, ya que en junio falleció uno de los fundadores y teyte mayor del Consejo de Ancianos de esa comunidad. Esto provocó un cambio de autoridades que podría ser utilizado para justificar el robo de las viviendas.
No han oficializado la donación al INSS
Los jubilados estadounidenses hicieron pública la confiscación de sus casas a través de un reporte semanal de Confidencial.digital, y la denuncia de que las casas robadas se las entregaron al INSS, no le extrañó a nadie, ya que desde 2024 se volvió práctica recurrente, que según el régimen busca mantener a flote las finanzas de la institución, que están en crisis desde 2013.
Según recuento que lleva LA PRENSA, entre 2024 y el 14 de octubre de 2026, el Estado le entregó al INSS al menos 247 propiedades. La mayoría confiscadas a ONG clausuradas, organizaciones religiosas, empresarios, exreos políticos desterrados y otros opositores.
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Estas donaciones se realizan a través de decretos presidenciales que se oficializan con su publicación en el diario oficial La Gaceta. Sin embargo, entre el 20 de junio y el 14 de octubre de este año, solamente le transfirieron al INSS dos propiedades ubicadas en Rivas. Por tanto, las nuevas casas confiscadas en agosto todavía no le pertenecen oficialmente al INSS.
En junio le donaron al INSS nueve propiedades de Rivas
La última vez que el INSS recibió un lote de nueve propiedades fue el 17 de junio, cuando a través del Acuerdo Presidencial número 88-2026 que publicaron en la edición del 19 de junio de La Gaceta, los Ortega Murillo le ordenaron a la Procuraduría General de Justicia traspasar a nombre del INSS nueve propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble de Rivas, entre ellas una finca.
El único dato de las propiedades que incluyen los acuerdos presidenciales que oficializan las donaciones no le sirve a los afectados para confirmar si se trata de sus bienes. En este caso, las nueve propiedades las identificaron con los Números Absolutos de Propiedad (NAP): BI-2L3HSKFQ, BI2L3HSKEN, BI-2L3HSK9Q, BI-2L3HSJZR, BI-2L3HSFWY, BI-2L3HSFXI, BI-2L2ZWIIR, BI-2L2BZSVH y la finca con el NAP 1309-ADE.
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No obstante, los jubilados estadounidenses solo denunciaron la confiscación de casas; ellos no mencionaron finca. Además, de ser estas las propiedades de los estadounidenses, las habrían titulado a favor del Estado y luego donado al INSS muchos meses antes de concretar la confiscación en agosto. Por lo que, a criterio de algunos abogados consultados y que piden no mencionar sus nombres, lo más probable es que la donación todavía no se ha concretado.
Casas confiscadas no están en zona afectada por ley fronteriza
Además, descartan la posibilidad de que la dictadura Ortega Murillo pueda justificar la confiscación con la aplicación de la Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo —que nacionalizó más de 18,000 kilómetros cuadrados del territorio nicaragüense—, ya que la playa Gavilán, donde están construidas las casas, está ubicada más al norte, cerca de la frontera de Rivas con Carazo, por tanto, no entra dentro del territorio afectado por la Ley 1258.
Según la denuncia presentada por los jubilados estadounidenses a Confidencial.digital, hace quince años construyeron sus casas en terrenos del Estado, amparados en la Ley 690, Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras, y le pagaban a la Alcaldía de Tola los impuestos correspondientes y un canon anual de 1,000 dólares por el arriendo de la tierra.
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«Teníamos más de quince años viviendo en paz, pagando anualmente a la Alcaldía de Tola el Impuesto de Bienes Inmuebles y nuestro contrato de arriendo, que era renovable”, le dijo uno de los afectados a Confidencial.digital.
Silencio oficial sobre la confiscación de las casas
Sin embargo, no se descarta que esos terrenos sean comunales, ya que, según el tablero de titulación de la propiedad que lleva la Procuraduría General de Justicia, esa comunidad indígena está en proceso de medición para titulación.
Por tanto, si las propiedades quedaron dentro de la comunidad indígena Salinas de Nahualapa, la dictadura podría usar como excusa el cambio de autoridades para forzar un cambio en las condiciones de arrendamiento de los terrenos.
Mientras crecen las teorías sobre la justificación que usará la dictadura Ortega Murillo para concretar el robo de estas nueve casas a inversionistas extranjeros, ni la Procuraduría ni ningún otro funcionario gubernamental ni municipal se pronuncian sobre lo ocurrido.
