Una vez más Estados Unidos advirtió a los inversionistas el peligro que implica hacer negocios en Nicaragua. A la amenaza que implica la ausencia de un Estado de derecho y la predictibilidad que requiere la estabilidad y continuidad de las inversiones, se suma el peligro de las confiscaciones. Además, señaló que el nuevo marco legal, vigente desde febrero de 2025, está diseñado para controlar y vigilar la inversión extranjera; y que las conexiones con altos funcionarios aunque son cruciales, no son estables, ya que existe el riesgo de que el funcionario pierda el apoyo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Además, asegura que el régimen de Murillo y Ortega mantiene un control directo sobre diversos sectores de la economía para enriquecer a sus allegado, y para facilitar ese enriquecimiento aplican las leyes con negligencia y lentitud, con el objetivo de favorecer a un competidor sobre otro. Además, el cierra masivo de organizaciones empresariales obliga las empresas a interactuar directamente con el régimen para tratar de resolver sus problemas, esto además de elevar sus costos debilita su capacidad negociadora.
El informe anual de Declaraciones sobre el clima de inversión para Nicaragua 2026, que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el régimen Ortega Murillo continúa deteniendo injustamente a personas por razones políticas, cerrando Organizaciones No Gubernamentales (ONG), obligando a nicaragüenses a exiliarse, apropiándose injustamente de propiedades privadas e ignorando y desmantelando el Estado de derecho.
«Estas acciones generan un clima de inversión plagado de riesgos políticos y reputacionales. Casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua, y este país depende cada vez más de la financiación china, poco transparente, para construir infraestructuras, dando preferencia a las empresas chinas en las licitaciones», dice el informe.
El documento detalla que Nicaragua no utiliza políticas transparentes para establecer reglas de juego claras, porque aunque existen sistemas legales, regulatorios y contables, su implementación es opaca. Tampoco fomenta la competencia de forma no discriminatoria; y el régimen de Murillo y Ortega mantiene un control directo sobre diversos sectores de la economía para enriquecer a sus allegados.
«Los inversionistas se quejan con frecuencia de que las autoridades reguladoras son arbitrarias, negligentes o lentas en la aplicación de las leyes vigentes, a veces con la aparente intención de favorecer a un competidor sobre otro», señala el informe.
Además, menciona que el régimen Murillo-Ortega, conserva la máxima autoridad normativa y consolidó ese control al otorgar y centralizar poderes sin precedentes en la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Decisión que altera el funcionamiento de otras instituciones, facultadas para imponer multas directamente, ya que en algunos casos ahora la PGJ también puede hacer cumplir las normas. «Estas acciones se perciben ampliamente como controladas por el ejecutivo y carecen de objetividad y transparencia». dice el informe.
Añade que antes de 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica que aún afecta al país, las principales organizaciones empresariales gestionaban muchos procesos regulatorios informales, y suplían las deficiencias normativas derivadas de las instituciones y procedimientos gubernamentales inadecuados.
En alusión al modelo de dialogo-consenso que por casi una década imperó entre el régimen y el gran capital, liderado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el informe dice que a través de reuniones con funcionarios gubernamentales influyentes, estas organizaciones resolvían problemas empresariales comunes. Pero este modelo colapsó cuando las organizaciones empresariales trataron de evitar los riesgos que para su reputación que suponía realizar acuerdos puntuales con el régimen autoritario de Murillo-Ortega.
«En marzo de 2023, el régimen revocó el registro legal y expropió los activos de 19 de las principales cámaras de empresariales de Nicaragua. En agosto de 2024, Murillo-Ortega asestó otro golpe al sector privado con el cierre de 151 cámaras de gremiales, incluida la Cámara de Comercio Nicaragüense-Estadounidense (AMCHAM)», detalla.
Como consecuencia de este cierre masivo de organizaciones empresariales, según el informe, actualmente existen pocas opciones para resolver problemas empresariales con el gobierno. Esto obliga a las empresas a interactuar directamente con el gobierno, lo que aumenta los costos y debilita su posición negociadora.
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