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Siendo un total desconocido en el ámbito económico, en abril de 2011 el capitán en retiro de la Policía, Martín Gustavo Rivas Ruiz, asumió las riendas de la Dirección General de Ingresos (DGI). Solo se sabía que era ficha del entonces poderoso Francisco «Chico» López, ficha clave en el manejo de la cooperación venezolana. Ahora, tras 15 años y cuatro meses, se retiró siendo tan desconocido como llegó. Pero deja a la DGI convertida en un instrumento más de la represión gubernamental, que en los últimos años a través de acoso y persecución a las empresas garantizó niveles récord en recaudación de impuestos.
Se sabe tan poco de Martín Rivas que en internet la poca información que existe de él es sobre su participación en actividades proselitistas del partido oficial, rindiendo tributo a figuras del sandinismo o asistiendo a la celebración del aniversario de la Revolución.
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Ocasionalmente también asistió a la ceremonia de graduación de las maestrías en Derecho Tributario y otras especialidades, que en los últimos años promovió la DGI en alianza con algunas universidades. Pese a que dirigió por más de 15 años la recaudación de impuestos, en internet solo existe una media docena de fotografías de él.
El desconocido Rivas relevado por otro desconocido
«Esa forma de actuar en el anonimato y con un perfil muy discreto es muy propia de algunas personas con formación militar. Pero también refleja que Rivas fue un peón bien disciplinado que ejerció al pie de la letra las órdenes de sus jefes. Incluso, es posible que durante todos estos años solo haya sido una figura de mando y control en la Dirección General de Ingresos y que el trabajo técnico en realidad lo haya realizado algún especialista en materia fiscal», asegura un dirigente empresarial que por temor a represalias solicita anonimato.
Walter Peters Cuadra relevó a Rivas en la DGI y es tan desconocido como él. En su caso, se sabe que tiene más de dos décadas de ejercer como funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde su último cargo fue en el área de estadísticas fiscales.
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Su carta de presentación lo describe —igual que a la mayoría de nuevos funcionarios de Hacienda— como «peón fiel» del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, quien tras la caída en desgracia de asesores económicos históricos del sandinismo, entre ellos Bayardo Arce, Álvaro Baltodano y Chico López, se convirtió en el hombre de confianza de la dictadura Ortega Murillo, a quien le han delegado el manejo total de la economía de Nicaragua.
La DGI «le saca la sangre a los contribuyentes»
«No hay diferencia si el director se llama Martín, Walter o Juan… Son ‘soldados’, sin pensamiento propio, que reciben órdenes y utilizan las armas a su disposición para cumplir la misión que les encomiendan. Lo que hacen es escoger el objetivo, determinan cuánto le van a sacar y proceden a meter un reparo y se acabó», expresa un dirigente empresarial que por temor a represalias pide no mencionar su nombre.
El dirigente empresarial agrega que el único cometido que tienen los funcionarios que están a cargo de la DGI es aumentar la recaudación de impuestos a cualquier precio. «El costo se traduce entonces en una política que tiene un único objetivo que es sacarle el dinero a los contribuyentes, ya sean personas naturales o jurídicas. En esto la diferencia radica en que le sacan la sangre al contribuyente de acuerdo al tamaño, pero todos tienen que dar más, especialmente ante la caída de los recursos externos», asegura.
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En 2010, año previo a la llegada de Rivas a la DGI, según informes de liquidación del Presupuesto General de la República, la recaudación fiscal fue el equivalente a 1,290 millones de dólares. En ese periodo de supuesto crecimiento pleno y de buenas relaciones entre el Gobierno y el sector privado, la recaudación crecía moderadamente, hasta ubicarse en 2017, año previo al inicio de la crisis sociopolítica, en 2,284 millones de dólares.
Recaudación fiscal creció 254 % bajo la dirección de Rivas
Pero a partir de la crisis de 2018, el incremento fue vertiginoso y sirvió para compensar el retiro de los donantes y gran parte de los financiadores externos. El año pasado la recaudación fue de 4,570 millones de dólares; casi la mitad de esos recursos los aportó el Impuesto sobre la Renta (IR) que pagan las empresas y los trabajadores, y cubrieron casi la totalidad del gasto contemplado en el Presupuesto.
Esto implica que en los 15 años de gestión de Rivas, pese a los efectos de la crisis sociopolítica que se agudizó posteriormente con la pandemia, y provocó la caída del Producto Interno Bruto (PIB), durante tres años consecutivos, la recaudación creció en 254 por ciento.
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Aunque entre 2011 y 2018 algunas empresas de manera individual o a través de las cámaras empresariales denunciaron cobros excesivos, multas y reparos fiscales sin fundamento, el mecanismo de diálogo-consenso que existía entre Daniel Ortega y el sector empresarial, a través del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), llevaba los casos a la mesa de diálogo y de alguna manera resolvían los conflictos.
Ahora, en la mayoría de los casos las empresas ni siquiera agotan la vía administrativa porque saben que la subordinación de los tribunales con la dictadura Ortega Murillo garantiza los fallos a favor del Estado.
Empresas confiscadas por supuestas deudas de impuestos
Pero a partir de 2018, cuando tras el estallido de la crisis sociopolítica el modelo de diálogo-consenso se rompió, la DGI se convirtió en uno de los brazos más efectivos para acosar y perseguir a los antiguos aliados del sector privado. «Las autoridades tributarias han confiscado propiedades tras presuntas facturas de impuestos arbitrarias y han encarcelado a personas sin el debido proceso hasta que se negociaron y pagaron los impuestos», señaló el informe sobre clima de inversión 2024 que emite anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Al año siguiente, el informe de clima de inversión 2025 fue más específico. Aseguró que «el régimen de Ortega Murillo utiliza las leyes tributarias y su aplicación para intimidar a la oposición y aumentar los ingresos del Gobierno». Y detalló que las empresas denunciaron el incremento de auditorías fiscales, multas arbitrarias, leyes tributarias revisadas y obligaciones tributarias infladas.
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El temor de los empresarios a que los encarcelen o les confisquen sus empresas es tan grande que ni siquiera se atreven a denunciar los abusos de la DGI. Aparte de las arbitrariedades que menciona el informe sobre clima de inversión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los pocos casos que se conocen son los de empresas que han tenido casos en algún tribunal.
Embargos millonarios por supuestas deudas de impuestos
Así ocurrió con Mercon Coffee Group, que, tras acogerse a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, tuvo que incluir en su caso ante los tribunales de ese país que el Estado de Nicaragua le estaba cobrando 32 millones de dólares en supuestos impuestos atrasados que la empresa negó. Deuda que utilizó para confiscar las filiales del grupo en Nicaragua: Cisa Exportadora y Mercapital.
También por un proceso judicial se conoció el caso de la Compañía Recicladora de Nicaragua, S.A. (CRN), filial de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN). Esta empresa enfrentó un juicio de embargo por una supuesta deuda de impuestos atrasados y multas por 79.15 millones de dólares (el monto más alto de la historia empresarial del país).
Otros casos que se han conocido son de empresas que, por emitir deuda o cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nicaragua o del exterior, están obligadas a incluir en sus informes de resultados que presentan a la bolsa las disputas fiscales que enfrentan.
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Así se supo que a la Corporación Agrícola (Agricorp) le cobraron más de 10 millones de dólares en supuestos impuestos atrasados, cobro que obligó a la empresa a hacer cambios en su modelo de negocios para evitar la quiebra. Este terrorismo fiscal también afectó a las mineras transnacionales que operan en el país. A la canadiense Equinox Gold le cobraron 37.9 millones de dólares en supuestos impuestos atrasados, mientras que a la colombiana Mineros-Hemco la obligaron a pagar 49.3 millones de dólares en supuestos saldos del Impuesto sobre la Renta (IR).
Elevaron recaudación con apoyo técnico extranjero
Para el dirigente empresarial, este esquema es un sistema pandillero en donde el contribuyente no tiene ningún tipo de defensa jurídica y el único camino es pagar o perder el negocio. «En un país sin institucionalidad, vos estás en manos de la mafia en el poder que utiliza estas instituciones para extorsionar; los directores son meros pandilleros que cumplen la orden y reciben su recompensa. Porque de igual manera, si no lo hacen pagan el precio».
Un analista financiero, que también pide omitir su nombre, explica que en los últimos años diversos organismos internacionales apoyaron muy eficazmente a la DGI para que aplicara diversas mejoras tecnológicas que le permitieran establecer sistemas cruzados de verificación, con lo que garantizaron que el ritmo de la recaudación se mantenga en alza continua y de esa forma aumentaron la carga tributaria, probablemente a costa del empleo formal, porque al final es un costo que asumen las empresas y estas tienen que ver cómo se defienden y compensan estos cobros abusivos con la reducción de sus gastos operativos, mediante la reducción de empleos.
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«Pero, por otro lado, se sabe que la DGI está instrumentalizada políticamente y esto posiblemente impacta los niveles de inversión. Actualmente, la inversión como proporción del PIB permanece como en 20 por ciento, cuando antes era del 30 por ciento. Eso compromete el crecimiento futuro de la economía del país. Así que es una gestión efectiva, por un lado, pero desafortunada en donde también importa», dice el analista.
La DGI permisiva con bandas que traficaban propiedades
Además, admite que los responsables de esta política no son los funcionarios que están a cargo de las instituciones, sino sus jefes que están por encima del que cumple órdenes. «Por tanto, con el nuevo director de la DGI será más de lo mismo, a menos que algo nuevo altere el rumbo del país», afirma el analista financiero.
Finalmente, el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, coincide en que Rivas fue un «obediente servidor de la dictadura» y es el responsable del «acoso fiscal, chantaje fiscal y de todos esos procesos abusivos en contra del sector privado bajo el mandato de la DGI».
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«También hay algo que no estaba bajo su mandato, pero que lo han reportado y es la permisividad a bandas corruptas; algunas de ellas operaban en residenciales conocidos de Managua donde traficaban (propiedades) con estas influencias. Entonces, me imagino que (Rivas) fue bastante eficiente en la recaudación de fondos para la dictadura Ortega Murillo», finaliza Chamorro.
