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Por qué Ortega intenta disfrazar de embargo la confiscación de facto de Cisa Exportadora

Analistas consideran que Daniel Ortega disfrazó de embargo la confiscación de Cisa Exportadora para quedarse con el negocio. Esta es la explicación legal

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El marco jurídico nicaragüense contempla el embargo y remate de bienes como última medida para recuperar deudas tributarias, pero los especialistas califican el embargo de los activos de Cisa Exportadora como un disfraz de la confiscación de un negocio del que Daniel Ortega quiere apropiarse. Además, consideran que estableció en 30 millones de dólares la deuda tributaria, que la empresa niega, para superar los compromisos que la empresa tiene con los bancos locales y así les arrebatan la posibilidad de recuperar las garantías.

También advierten que al promover este proceso se ignora la jurisdicción de la corte federal de Estados Unidos que está llevando el proceso de quiebra de la empres y eso generará conflictos legales.

El martes 9 de enero el abogado estadounidense Paul Keenan, quien lleva el proceso de quiebra de Mercon Coffee Group en una corte federal de Nueva York, confirmó que las autoridades tributarias de Nicaragua embargaron los activos de Cisa Exportadora. Alegan que la empresa debe 30 millones de dólares en impuestos, situación que el grupo niega y está tratando de aclarar. Según el abogado Keenan, mantienen un diálogo con las autoridades tributarias para aclarar esa situación.

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Por quiebra, la deuda fiscal no es prioridad

Un especialista, que pidió anonimato por temor a represalias, explica que es «perfectamente» legal embargar una empresa por una deuda fiscal. Sin embargo, advierte que de existir esa deuda, el régimen debió respetar las garantías existentes, entre ellas, la prelación hipotecaria.

El Código Tributario establece que las deudas fiscales tienen prelación (prioridad) sobre las demás obligaciones del contribuyente, excepto en algunas circunstancias, entre ellas la declaración de quiebra, que es el caso de Cisa Exportadora, ya que el pasado 7 de diciembre su casa matriz, Mercon Coffee Group se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos.

Por tanto lo que procedía, si es que en realidad existiese una deuda, es que las autoridades tributarias entregaran el detalla de los impuestos adeudados para incluirlos en el proceso legal de quiebra a fin de garantizar su pago.

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Lo de Cisa es confiscación disfrazada

Además, según el especialistas se debió respetar la prelación hipotecaria. El concepto de prelación se refiere a la prioridad que tiene una persona o asunto con respecto a otros y en este caso, la prioridad la tienen los bancos nicaragüenses que cuentan con garantías hipotecarias sobre las deudas. Cisa reconoce una deuda de 26 millones de dólares a Lafise Bancentro; 2 millones a BAC Nicaragua; 2 millones al Banco de Finanzas (BDF); y cerca de 8 millones al estatal Banco de Fomento a la Producción o Produzcamos.

«Pero con Daniel (Ortega) eso no se respeta y el Estado deja a los bancos sin nada», sostiene el especialista.

Por su parte el economista y exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro agrega que a todas luces el embargo es ilegal, ya que la lista de acreedores que Mercon Coffee Group presentó en la corte federal para solicitar el proceso de quiebra no incluye al fisco nicaragüense.

«De tal manera que promoverse un embargo preventivo lo lógico es que fuera a favor de los acreedores, que en este caso son los bancos, especialmente los de mayor exposición y los bancos nicaragüenses que tenían intereses y mucha plata metida en ese negocio. Obviamente, las probabilidades de que traspasaran Cisa, vía embargo, a estos bancos era bastante nula. Era prácticamente obvio que la dictadura se iba a hacer con esta propiedad y básicamente lo que están haciendo es efectivamente una confiscación disfrazada«, asegura Chamorro.

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Procedimiento para el embargo

Chamorro también considera que inventaron una deuda con un monto excesivamente alto para superar la deuda de los bancos locales. Con eso colocaron al Estado nicaragüense como los primeros acreedores de la empresa para quedarse con el ciento por ciento de sus activos.

Si no existiese la declaración de quiebra y la deuda tributaria de 30 millones de dólares que cobra el fisco fuese real, el Código Tributario establece un mecanismo de embargo por falta de pago. Contempla que primero manden una nota de cobro y le notifiquen que si no paga en quince días hábiles, se iniciaría un procedimiento ejecutivo en la vía judicial.

Una vez transcurrido ese plazo si el deudor no cancela, se inicia el procedimiento ejecutivo. Luego se solicita a un juez decretar y ejecutar el embargo sobre bienes, derechos o acciones del demandado, con el fin de recuperar el crédito fiscal, multas y sanciones. El juez notificará al deudor y la fuerza pública, prestará el auxilio requerido por las autoridades tributarias, para el cumplimiento de resoluciones o tareas propias emanadas de las leyes tributarias y demás.

Embargo de Cisa se puede frenar

«Cuando el embargo recae sobre bienes de personas jurídicas, el juez ejecutor a instancia de la parte actora, nombrará un interventor quien tendrá facultades generales de administración, hasta la recuperación del crédito del fisco… Las entradas de la empresa, deducidos los gastos necesarios para su funcionamiento normal, se retendrán para el pago de la obligación Tributaria que se demanda», explica el Código Tributario.

Además, establece que la ejecución del embargo se suspenderá en cualquier momento, antes que se rematen los bienes, con el pago de la deuda o la demostración de que la deuda cobrada ya había sido pagada.

Teniendo en cuenta que la empresa asegura que la deuda tributaria de 30 millones de dólares que generó el embargo no existe, el especialista considera que la intención de Daniel Ortega es quedarse con el negocio. Cree que ni siquiera rematarán los bienes para cobrar la deuda y permitir que con el sobrante de activos los bancos puedan recuperar sus garantías. Sino que luego de cobrarse la supuesta deuda fiscal, propiciarán que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y las Alcaldías, aparezcan cobrando otras deudas para justificar que se quedarán con todo.

Generará conflicto con corte de EE. UU.

Según Chamorro, aunque nadie crea la existencia de esa deuda el problema es que no hay forma de comprobar que la inventaron, ya que en Nicaragua no hay Estado de derecho. «Ellos pueden inventar y seguramente inventan cualquier tipo de reparo y cualquier tipo de deuda y de faltante en pago de impuestos de esta empresa para precisamente echarle mano a la misma», asegura.

Esto a criterio de varios especialistas generará un conflicto de jurisdicción, ya que están ignorando la competencia de la corte federal de Estados Unidos, que está resolviendo el proceso de quiebra de Mercon en favor de todos los acreedores y la posibilidad de que la empresa siga trabajando normalmente. «El régimen va a por todo lo que está en Nicaragua», señala uno de los especialistas.

Por su parte otro analista financiero, que también solicitó anonimato, advierte que quizás la estrategia es esa, quedarse con todos los activos para seguir con el negocio. Pero advierte que conseguir el control de la cadena de valor del café no es fácil y les tomará mucho tiempo; y coincide en que los problemas se agravarán con los conflictos que surjan por irrespetar la jurisdicción de la corte estadounidense que está llevando el proceso de quiebra de Mercon.

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