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Una nueva embestida del régimen Ortega Murillo contra el sector privado, tiene en jaque a empresas que operan bajo el régimen de zona franca. Un cobro de 79.15 millones de dólares, por supuestos impuestos atrasados y multas —el más alto de la historia empresarial del país—, provocó el embargo de bienes y cuentas nacionales e internacionales de la Compañía Recicladora de Nicaragua, S.A. (CRN), filial de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN). Sin embargo no es el único caso, incluso empresas, varias de ellas del sector textil y otras que ya no están en el país enfrentan situaciones similares.
Fuentes ligadas a las empresas de zona franca advierten que esta voracidad recaudatoria destruirá miles de plazas en el sector de zona franca, una de las principales fuente de empleo formal del país. Mientras que dirigentes del sector privado aseguran que estas decisiones aniquilarán la inversión extranjera, y esto a su vez impedirá el crecimiento económico y la generación de empleo.
«En la historia tributaria de Nicaragua esa es la multa y el reclamo más grande que se haya interpuesto a una empresa, es un reparo confiscatorio», advierte un especialista en temas tributarios que solicita anonimato. Y añade que «el problema central es la revisión que le están haciendo a todas las empresas que operan bajo el régimen de zona franca», a las que les están imponiendo multas exageradas, porque les están cobrando todos los impuestos que les exoneraron en los últimos años.
Acoso fiscal provoca riesgo crediticio
El analista reveló que, en el marco de la persecución que existe contra las empresas que están siendo perseguidas fiscalmente, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) ordenó a las entidades financieras a «provisionar los créditos que tienen esas empresas con los bancos. Al ser ajustes millonarios ya no tienen capacidad de pago, por tanto ante la banca estas empresas aumentan el riesgo crediticio y los bancos tienen que provisionar o estimar estas cuentas como cuentas incobrables pues la continuidad de las operaciones está en duda».
Es decir, los bancos deben prepararse para que las empresas que están siendo perseguidas como la recicladora, filial de la Compañía Cervecera de Nicaragua, entren a un proceso de cese de operaciones, lo que aumenta el riesgo de no pago de sus adeudos, por lo que estos deben provisionar esos saldos incobrables para no afectar sus indicadores financieros.
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«Es decir estos casos tienen tres efectos, el riesgo de imagen de la empresa, el riesgo crediticio y el riesgo de continuidad de sus operaciones (de las empresas)», advirtió.
Confiscación de dimensiones no vistas
Para el economista y exreo político desterrado Juan Sebastián Chamorro, la multa de 79.15 millones de dólares que le impusieron a la CRN, puede marcar un patrón muy preocupante. «Esto debe tener a los grandes empresarios sumamente asustados, porque ya hay un reparo o una multa de 79 millones de dólares, eso afecta a cualquier empresa, esto es una confiscación de una magnitud que efectivamente no se había visto», sostiene.
Por su parte un dirigente empresarial del sector de zona franca, confirma que la dictadura Ortega Murillo está aplicando cobros y multas excesivas. Estas superan incluso el valor de la maquinaria que las empresas compraron en el exterior y que recibieron la exoneración del impuesto por su importación.
Según la Ley 917, Ley de Zonas Francas de Exportación y su reglamento, las empresas que operan bajo el régimen preferencial de zona franca tienen derecho a que se les exonere del pago de los impuestos por la importación de maquinarias, equipos, repuestos, vehículos y demás implementos de transporte, y otros que requieran. Por lo que estas multas y el cobro de las exoneraciones que recibieron anteriormente, están generando inconformidad, pero también temor entre los empresarios.
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Multas a otras empresas de zona franca
«Están haciendo cobros excesivos. New Holland Apparel S.A. que es de capital estadounidense cerró operaciones en Nicaragua hace tres años y le están cobrando 8 millones de dólares. A John Garment S.A. con sede en Honkong, le están cobrando 5 millones de dólares; y a Roo Hsing Co. Nicaragua S.A. de capital taiwanés, que cerró hace un año también le están cobrando 5 millones de dólares», detalla una fuente ligada a zona franca que pide no ser identificada por temor a represalias.
La misma fuente añade que además de estos cobros y multas exorbitantes que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), le está cobrando a las empresas que en su momento les autorizó las exoneraciones que la ley le otorga a las empresas que operan bajo el régimen de zona franca, la Dirección General de Ingresos (DGI), le ha realizado auditorías al menos a nueve empresas del sector textil.
«Como nueve empresas del sector textil que antes tenían todo en orden con la DGI ahora enfrentan auditorías y les han impuesto multas de entre 600,000 y 10 millones de dólares, por temas de tecnicismos menores como por ejemplo alguna factura que hace falta o por maquinaria que se dio de baja, o por no haberse reportado ante la DGI. Son multas impagables que incluso superan el valor de las maquinarias de las empresas», asegura la fuente.
Empresarios tienen miedo
Añade que esa voracidad recaudatoria mandará al desempleo a miles de nicaragüenses, y que la destrucción de estas plazas también impactará en las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que al perder afiliados reducirá sus ingresos; lo mismo ocurrirá con el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec).
Teme que esto provoque una crisis sin precedentes, ya que los empresarios del sector tienen miedo. A eso se suman los efectos del arancel del 18 por ciento que la administración Trump le cobra desde el 1 de agosto a los productos nicaragüenses que entran al mercado estadounidense.
Y para complicar más el panorama, se agregarán las sanciones que impondrá la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), ya que la investigación que realizaba sustentada en la sección 301 de la Ley de Comercio, determinó que las violaciones de derechos humanos y otros abusos de la dictadura de Daniel Ortega obstaculizan el comercio estadounidense.
Por tanto, contempla imponer un arancel del 100 por ciento a todas las exportaciones que realice Nicaragua en el marco del DR-Cafta y suspender los beneficios que le otorga este tratado comercial a las exportaciones nicaragüenses, incluidas las del sector textil.
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Empresas no se pueden defender
Un dirigente empresarial que solicita anonimato asegura que hoy por hoy, Nicaragua es uno de los peores países del mundo para operar una empresa. «Las personas naturales y las jurídicas tienen el país por cárcel sin ningún tipo de protección y están sometidas al yugo de los dos dictadores. Primero fue de hecho a través de las decisiones arbitrarias y luego lo hicieron por “derecho” desde la reforma constitucional que es la antítesis del derecho y es lo que ahora impera en el país», asegura.
Además, señala que actualmente no existe nada que proteja a las empresas y ante esta indefensión sólo les quedan dos caminos: cerrar o sujetarse a las decisiones absolutistas de los monarcas y esperar su caída como sucedió con la dizque llamada revolución de los 80.
«A la hora de ser expulsados o confiscados no hay diferencia si una empresa es nacional o extranjera, como no ha habido si un religioso es nacional o extranjero o si una universidad era nacional o extranjera.
Igual no importa si la empresa está bajo el régimen tradicional o de zona franca. No hay empresa ni empresario a salvo en Nicaragua», lamenta.
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Están aniquilando la inversión
El dirigente empresarial considera que lo único que garantiza la sobrevivencia de las empresas es que la dictadura Ortega Murillo funciona en un nivel de mediocridad, que sus seguidores en general no tienen la más mínima capacidad para manejar empresas. Es por ello que las mantienen bajo amenaza y hacen lo que quieren y cuando quieren con ellas.
«Obviamente las únicas empresas que se aprovechan son las empresas de la familia Ortega Murillo y las de empresarios chinos que han venido para desplazar al comerciante pequeño y mediano, y que tienen algún tipo de acuerdo con los miembros del círculo de poder», afirma el dirigente empresarial.
Por su parte un analista financiero considera que si no hay apego al Estado de derecho, la incertidumbre aniquila la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. «El régimen de zona franca se ha quedado sin liderazgo fuerte que lo defienda, y parece que prima la recaudación sin medir las consecuencias. Pero a la vez falta claridad y credibilidad sobre lo que está pasando», señala.
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Confiscación no es contra la Cervecería
Mientras tanto, Chamorro aclara que el embargo no es en contra de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), sino contra una empresa donde tenía participación. «Digo tenía porque no creo que con este cobro siga existiendo… Pero al afectar a la recicladora, donde ellos tenían intereses podrían caerle también a la Cervecería, en virtud de ser dueña de esta otra empresa», señala.
El economista explica que la persecución fiscal que realizan contra ciertas empresas consiste en la negativa de entregar solvencias fiscales y luego «le caen» a los socios principales. Por tanto, no se descarta que la deuda que ahora le cobran a la CRN, luego la trasladen, en la proporción que consideren, a la CCN.
El Juzgado Segundo Distrito Civil de Managua, a cargo de la jueza Mercedes Inés Leiva Castellón, ordenó la ejecución forzosa y embargo de bienes, cuentas nacionales e internacionales y activos registrados a nombre de la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN).
Los socios internacionales
La resolución, emitida el 29 de septiembre de 2025 ordena el pago de 2,899 millones de córdobas, equivalentes a 79.15 millones de dólares, por “impuestos dejados de percibir y multa administrativa por contravención tributaria”.
La Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN) nació en 2017 y hasta antes del problema que enfrenta y que podría provocar su cierre, recuperaba y reciclaba el 100 por ciento de los envases de lata, plástico PET y HDPE de los productos que comercializa.
La fundaron empresarios nicaragüenses y regionales en alianza con la empresa Inversiones Cerveceras Centroamericanas, S.A. (Inceca); relación que la vincula con la Grupo Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN) que también es subsidiaria de Inceca, y hace pocos días cambió de dueño.
En una operación que aún se está concretando, Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) le vendió a Heineken parte de sus negocios. Cuando esta operación se concrete Heineken será dueño del 49.85 por ciento de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), que también tiene socios centroamericanos, entre los que destacan inversionistas de Guatemala y Costa Rica; y con una participación minoritaria un socio nicaragüense.
Hasta ahora la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN), no se pronuncia sobre el embargo que le impusieron, ni sobre los recursos que en su momento introdujo y perdió, para evitar el cobro que provocó el embargo. Pero a criterio de los economistas, un cobro tan alto, que incluso puede superar el valor de la empresa, provocará su cierre y la destrucción de los cientos de empleos que ofrecía, abonando así a la crisis del mercado laboral de Nicaragua.
