Desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, la dictadura Ortega Murillo ha confiscado miles de propiedades a ONG clausuradas, organizaciones religiosas, presos políticos desterrados y otros opositores. Ahora la práctica se extendió a ciudadanos extranjeros. Confidencial denunció la confiscación de nueve casas de lujo a jubilados estadounidenses que llegaron a Nicaragua hace más de dos décadas. Las propiedades, ubicadas en las playas de Tola, se las donaron al INSS, que posteriormente le ofreció a los dueños alquilárselas por una renta mensual de 2,000 dólares.
«Nos quitan nuestras casas y luego nos las quieren alquilar, es una burla… Lo que a nosotros más nos duele es que nos arrebataron el sueño de vivir en paz. Nosotros nos enamoramos de Nicaragua y decidimos invertir para quedarnos», le dijo a Confidencial uno de los propietarios de las casas confiscadas en playa Gavilán, en Tola, Rivas, que se ha convertido en una de las zonas de playa más exclusivas del país.
Los afectados no se identificaron con el medio digital, aunque se divulgaron fotos de las propiedades robadas, las que en su conjunto estarían valoradas en unos 15 millones de dólares. Según el medio digital, los dueños no residían en Nicaragua sino que usaban las viviendas para veranear.
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A partir de las protestas sociales, los Ortega Murillo retomaron la práctica de las confiscaciones que caracterizó el primer gobierno de Daniel Ortega en los años 80. Usándola como una medida más de represión, desde 2018 hasta la fecha, el régimen ha confiscado miles de propiedades a ONG clausuradas, organizaciones religiosas, exreos políticos desterrados, medios de comunicación, universidades y a otros opositores.
Confiscan propiedades y luego las donan al INSS
Para tratar de frenar la crisis financiera que enfrenta desde 2013 el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una parte de estas propiedades se las entregan en calidad de donación. Según conteo de LA PRENSA entre 2024 y junio de 2026 le donaron al INSS al menos 228 propiedades y desde ese mes hasta la fecha otras 19. Se desconoce si la entidad las está vendiendo o solamente las alquila. Pero pese a que, además de estas donaciones, el Estado les hace transferencias millonarias cada año, la entidad sigue al borde del abismo financiero.
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A través de su programa dominical transmitido por su canal de YouTube, Confidencial presentó la denuncia de los nueve jubilados estadounidenses que en agosto de este año fueron despojados de sus propiedades por la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Al parecer, este no es un caso aislado, porque, según un vocero del Departamento de Estado que contestó las consultas del medio de comunicación, la Embajada de Estados Unidos en Managua conoce numerosos casos de confiscación de propiedades a estadounidenses.
Según los denunciantes, las casas ubicadas en playa Gavilán, en Tola, Rivas, cuestan entre 500,000 y 800,000 dólares, y a eso hay que sumar el valor de los muebles, enseres, sistemas de generación de energía solar, e incluso ropa, artículos personales y otros bienes que estaban dentro de las propiedades confiscadas, por lo que los afectados calculan la pérdida en varias decenas de millones de dólares.
Confiscación la concretaron funcionarios del INSS
El desalojo fue ejecutado a finales de agosto por funcionarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y ocurrió en ausencia de los propietarios. Solo estaban los vigilantes, ya que los propietarios no vivían de forma permanente en Nicaragua, sino que usaban esas casas para pasar la temporada de invierno y para que familiares y amigos vinieran a Nicaragua a disfrutar de sus playas.
Los funcionarios del INSS les ordenaron a los vigilantes que desalojaran las propiedades, porque estas ahora le pertenecían a la institución y a partir de ese momento permanecen bajo vigilancia oficial. La única comunicación que han recibido del INSS fue para ofrecerles las propiedades en alquiler a cambio de una renta mensual de 2,000 dólares.
Estos nueve jubilados llegaron a Nicaragua a inicios de la década del 2000 y la construcción de las viviendas concluyó diez años después. En los últimos 15 años, ellos pagaron sus respectivos impuestos de bienes muebles e inmuebles. Además, cumpliendo lo establecido en la Ley 690, Ley para el Desarrollo de las Costas de Nicaragua, también le pagaban a la Alcaldía de Tola un canon anual de 1,000 dólares, correspondiente al uso del terreno donde construyeron sus casas, ya que este es propiedad del Estado, y renovaban anualmente el contrato de arriendo del terreno.
Según los confiscados, presentaron su caso ante la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, pero les dijeron que esa sede diplomática no se mete en este tipo de disputas por derecho de propiedad y les aconsejaron usar los tribunales locales.
Departamento de Estado lamenta abusos
Confidencial consultó con dependencia de Estados Unidos qué corresponde en este tipo de abusos contra ciudadanos de su país y un vocero del Departamento de Estado lamentó que el Gobierno de Nicaragua irrespete reiteradamente los derechos de la propiedad.
Además, recordó que el Departamento de Estado ha advertido a los ciudadanos el peligro que corren al viajar a Nicaragua, donde, sin previo aviso ni justificación legal, les pueden incautar bienes, incluyendo terrenos, viviendas, dinero en efectivo y activos financieros. Y confirmó que la Embajada de su país en Managua conoce numerosos casos de confiscación de propiedades de estadounidenses.
Además de las advertencias que le hace el Departamento de Estado a sus ciudadanos, a través de las alertas de viaje, los informes anuales sobre clima de inversión también son claros en advertir el peligro de confiscación que enfrentan los inversionistas estadounidenses en Nicaragua, así lo reiteró en sus Declaraciones sobre el clima de inversión para Nicaragua 2026, que publicó la semana pasada. Estos casos solamente confirman que el peligro es real.
Mientras tanto, los nueve jubilados estadounidenses que perdieron sus casas y con ellas el sueño de un retiro tranquilo, pero también parte del patrimonio acumulado durante su vida laboral, no pierden la esperanza de recuperar las viviendas en las que soñaron pasar la etapa de retiro.
