La Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dirigido por Daniel Ortega, anunció este viernes que la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, valorarán si las principales normas de carácter penal necesitan ajustes.
La nota de prensa del Legislativo, en la que se hace ese anuncio, detalla que esas dos comisiones «sostuvieron este 11 de febrero una sesión de trabajo, donde acordaron analizar las principales normas de carácter penal para identificar si el marco jurídico en esta materia requiere ajustes para continuar fortaleciéndolo».
El anuncio ocurre en momentos en que se están llevando a cabo juicios políticos contra opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los presos políticos están siendo sentenciados a penas que oscilan entre los 8 y 13 años de cárcel; ocho de ellos ya fueron condenados.
La nota agrega que «las normas que serán analizadas son aquellas que se aplican a personas que cometen crímenes de odio, que incitan a organismos y gobiernos extranjeros a sanciones e invasiones militares al país, así como los que utilizan financiamiento extranjero para menoscabar la soberanía nacional».
Un abogado penalista, que prefiere el anonimato por temor a represalias, dijo que del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se puede esperar cualquier tipo de cosa. En ese sentido, dijo que los diputados, leales a Ortega, posiblemente seguirán aumentando los castigos legales contra los opositores.
“A mí me parece que no van a atenuar las disposiciones normativas, sino que las van a defender. Van a seguir aumentando el totalitarismo punitivo y, además, la manifestación mucho más alta del derecho penal del enemigo, que se ha mencionado. Van a aumentar las sanciones. Seguramente van a aumentar las penas corporales y van a imponer otro tipo de sanciones ¿destierro, inhibición absoluta para ejercer cargos públicos, cadena perpetua, perdida de la nacionalidad? Del régimen se puede esperar cualquier tipo de cosa”, analizó.
El profesional del derecho recordó que las normas que está usando el régimen para castigar a sus opositores fueron creadas recientemente, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley 1040, y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, Ley 1055, y el delito de Menoscabo a la integridad Nacional, del artículo 410 del Código Penal. En ese sentido, supone que los legisladores orteguistas podrían crear otros tipos penales, o sea delitos.
Régimen declara culpable a 20 opositores
Entre 2020 y 2021, el régimen orteguista, a través de la Asamblea Nacional, aprobó leyes y reformas para limitar la participación de los opositores en las pasadas votaciones presidenciales y para criminalizar la libertad de expresión, en el caso de la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza».
La Ley de Ciberdelitos criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la «seguridad del Estado», con penas que oscilan entre uno y hasta 10 años de cárcel.
Otra es la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), mejor conocida como «Ley Putin» por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladímir Putin. Según los críticos, la Ley Putin tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y las acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación, lo que es considerado una violación al artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a la presunción de inocencia.
También se creó la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, con el objetivo de acusar a los opositores de «traición a la patria» por criticar y denunciar al régimen de Ortega.
Hasta este jueves 10 de febrero, el Poder Judicial, controlado por Ortega, había declarado culpables a 20 opositores por delitos como «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense», y «propagación de noticias falsas».
Los procesos legales en contra de más de 40 personas han sido totalmente irregulares, según juristas y defensores de derechos humanos. En estas semanas, específicamente en los juicios, las irregularidades e ilegalidades han sido peor. Uno de los organismos que más ha cuestionado esos juicios es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el cual los cataloga como una farsa.
La Asamblea nicaragüense está compuesta por 75 diputados del gobernante FSLN, de un total de 91, lo que les da amplia ventaja para aprobar todas las leyes y reformas que ellos mismos proponen.
