La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes la «manipulación» del derecho penal por parte de las autoridades judiciales de Nicaragua, la falta de garantías al debido proceso en los juicios contra los presos políticos, así como «tocamientos indebidos» a abogadas y familiares de los detenidos, y urgió al Estado poner en libertad a estas personas.
«Desde la CIDH condenamos las graves afectaciones al debido proceso y al derecho de la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua. El pasado 31 de enero se ordenó la reanudación de los juicios orales a más de 30 presos políticos que permanecen en las instalaciones del Chipote», denunció Esmeralda Arosemena, comisionada y relatora de la CIDH para Nicaragua.
De acuerdo con la relatora de la CIDH, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) recibió información sobre las «graves afectaciones» al derecho penal y la falta de garantías judiciales ejecutadas durante los juicios montados contra los reos de conciencia.
«En algunos juicios se les ha negado el ingreso de los familiares, y a las personas acusadas se les presenta sin previo aviso a dichas audiencias. Las representaciones legales han denunciado hostigamiento y acoso policial, despojándolos de pertenencias necesarias para las audiencias», recogió el organismo.
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También denunció que durante estas audiencias se han efectuado revisiones desproporcionadas donde han habido tocamientos indebidos a abogadas y familiares. «La Comisión condena estos hechos porque constituyen violencia sexual y afectan la dignidad de las personas», recalcó.
«Falta de independencia judicial»
El organismo defensor concluyó que la manipulación del derecho penal y la criminalización de las personas opositoras al régimen de Ortega «responde primordialmente a la falta de independencia judicial y a la separación de los poderes en un contexto de delimitación del Estado de Derecho».
La relatora de la CIDH se solidarizó con las personas que están siendo enjuiciadas injustamente y sus familiares que son testigos de estos procesos viciados.
«Urgimos al Estado liberar inmediatamente a todas las personas presas políticas y a los detenidos en el contexto de la crisis de 2018», finalizó.
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Hasta el 10 de febrero, el Sistema Judicial controlado por Daniel Ortega había declarado culpables al menos a 18 opositores por delitos como «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, y propagación de noticias falsas».
Del total de personas declaradas culpables, ocho de ellas ya tienen impuesta una condena que oscila entre los 8 y 13 años de cárcel.
